Continua el acoso en las clínicas a las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo sin que se desarrollen mecanismos.
Más de un año después de la entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto, este derecho sigue sin estar garantizado en la mayoría de territorios y el Ministerio de Sanidad aún no ha elaborado el protocolo que regula los registros de objetores de conciencia, mientras que se mantiene el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas.
El pasado mes de marzo, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que llevaría «próximamente» al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el protocolo con el que se gestionarán los registros de objetores, que garantizarán un acceso equitativo para que las mujeres elijan dónde interrumpir su embarazo.
El protocolo orientará a las comunidades sobre cómo articular el registro de los profesionales objetores de conciencia, pero de momento este documento está pendiente de elaboración y fuentes del Ministerio de Sanidad señalan a EFE que todavía se encuentran trabajando en él.
Mientras, son varias las comunidades autónomas que han puesto en marcha su propio registro.
La última en hacerlo ha sido Cataluña, que el pasado 11 de junio aprobó un decreto para la creación del registro confidencial de profesionales sanitarios que se declaren objetores de conciencia en la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
A este registro, que no tendrá carácter público, podrán acceder, en el ámbito de sus competencias, los responsables de las direcciones o gerencias de los centros sanitarios autorizados para la realización de interrupciones voluntarias, a fin de gestionar correctamente estas intervenciones.
La Junta de Extremadura también ha anunciado que prepara un decreto para regular la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.
El proyecto de decreto dice que se podrán acoger a la objeción de conciencia «todos los profesionales sanitarios del ámbito público y privado que estén directamente implicados en la práctica del aborto», lo que tendrán que manifestar con antelación y por escrito.
Para ello deberán presentar una declaración de objeción de conciencia en el Servicio Extremeño de Salud con una antelación mínima de tres días naturales a la fecha en la que se prevé la interrupción.
Canarias lo hizo en marzo con el objetivo también de facilitar al Servicio Canario de la Salud la información necesaria para garantizar la adecuada gestión de esta prestación sanitaria, ya que permitirá adecuar los recursos humanos a la correcta programación de las intervenciones de interrupción voluntaria del embarazo.
Los registros de objetores, una necesidad ética y legal
En declaraciones a EFE, el presidente de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médico Colegial (OMC), José María Domínguez, mantiene que la creación de estos registros obedece no sólo a una necesidad ética, sino también legal.
«La ley señala que se creará un registro de objetores de conciencia del personal sanitario, pero todavía no se ha puesto en marcha y eso limita los derechos de los médicos a poder manifestarse como objetores de conciencia», denuncia.
Mientras tanto, y ante la ausencia de registros, Domínguez explica que los médicos objetores comunican a su inmediato superior su postura y los directivos de las áreas sanitarias, conociendo quiénes son los médicos objetores, pueden establecer el modelo organizativo apropiado.
«Mientras no exista el registro oficial, sí es posible a nivel organizativo que aquellos médicos que quieran manifestar su objeción lo comuniquen por escrito a su inmediato superior. De esta manera, se cumplen todos los derechos: el de la paciente a la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho del médico que no quiera participar por razón de objeción de conciencia».
Continúa el acoso frente a las clínicas
Las trabas al ejercicio del derecho al aborto se manifiestan también en forma de concentraciones frente a las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo que, a pesar de que hace más de dos años se aprobara una ley que penaliza estas actuaciones, siguen sufriendo el hostigamiento de grupos ultracatólicos.
El asesor jurídico de las Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), José Antonio Bosch, relata a EFE el día a día de muchos de estos centros, como algunos situados en Madrid, Córdoba o Albacete, donde la presencia de estos grupos frente a sus puertas es permanente.
«Tenemos un periodo fuerte que son las campañas de los 40 días por la vida y la campaña de Cuaresma, y luego suele venir un pequeño decaimiento conforme va avanzando la primavera y entrando el verano, para incrementarse de nuevo en otoño», explica.
Desde ACAI reclaman que se establezca un perímetro de seguridad entorno a las clínicas, pues consideran que es la única medida que puede resultar eficaz para acabar con el acoso.
Además, tal y como recuerda Bosch, así lo estable la propia norma en su exposición de motivos. El último párrafo del preámbulo dice que se considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria de embarazo, de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres y su libertad física.
De hecho -indica Bosch- esta medida ha demostrado su eficacia cuando los tribunales la han impuesto como medida cautelar ordenando que determinados grupos no se acercaran a las puertas de las clínicas. En estos casos, se ha conseguido evitar el acoso.
