La regulación supone el regreso a ley “mordaza” de la era Reagan
Donald Trump ha enviado sus naves contra el aborto. El departamento de Salud ha propuesto este viernes una normativa que supone el corte de fondos federales a cualquier clínica que los practique o comparta instalaciones con entidades que lo hagan. La Casa Blanca afirmó esta tarde que la proposición, que se desarrollará durante meses, no incluirá la llamada «norma mordaza» que Ronald Reagan estableció 30 años atrás, por la que tampoco se podía aconsejar a las mujeres que deseaban abortar, pese a lo que habían avanzado varios medios estadounidenses. La medida se añade a otras políticas sociales regresivas aprobadas en la era Trump.
El presidente de EE UU, casado en tres ocasiones, perseguido por el escándalo de la actriz de cine porno Stormy Daniels y con un amplio historial de acusaciones de acoso, no encaja a primera vista con el perfil de gobernante deseado por la derecha religiosa estadounidense. Sus políticas, sin embargo, sí le sirven para ganarse el favor de ese votante clave en muchos territorios. La última medida busca cerrar el paso al aborto al cortar el grifo de la ayuda pública federal a cualquier centro sanitario o programa que los realice, o los promueva de forma directa, derivando pacientes a otro lugar que los lleve a cabo.
Este veto supondrá un retorno a la política establecida por Reagan en 1988, según la cual las actividades y el personal relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo debían quedar completamente segregados de otros servicios relacionados con la planificación familiar, lo que supone que tampoco pueden compartir instalaciones con una entidad dedicada a ello. ESta mañana no estaba claro aún si esta esta prohibición —a riesgo de perder los fondos federales— incluye también la asesoría al respecto, aunque sea la mera indicación de a dónde acudir para informarse. Mientras la agencia Associated Press apunta que las simples consultas sí forman parte de la nueva prohibición, otras fuentes señalaron a The New York Times que el borrador sobre la mesa las excluye.
La legislación actual ya impide que los fondos federales puedan usarse para realizar abortos, pero la norma de Reagan implica que un centro que se dedique a ello ya no puede recibir dinero, independientemente de la finalidad. Aquella norma mordaza nunca entró en vigor por completo y en 1994, el presidente Bill Clinton la eliminó.Trump está contentando a los sectores provida. En su cuarto día como presidente , ya firmó un decreto por el cual recuperaba la aplicación de una ley que prohíbe a ONG y proveedores sanitarios en el extranjero usar fondos de la Administración para asesorar sobre el aborto. Esta política data de 1985.
Lo que ahora está en marcha se aplica a cualquier centro estadounidense y la batalla legal es más que previsible, ya que los defensores del derecho al aborto advierten de que la prohibición de siquiera hablar del asunto supone una intromisión en la relación entre médico y paciente. Los activistas provida opinan que las ayudas a centros de planificación familiar que hacen abortos, entre otros servicios, suponen un subsidio indirecto a esta práctica.
