“La obligación impuesta a las bibliotecas ubicadas en este estado establece una ofensa al Estado laico, ya que requiere el mantenimiento en sus colecciones del libro sagrado, en detrimento de la igualdad de las religiones y la impersonalidad religiosa que guía las acciones de los órganos administrativos”, dijo el juez, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, ponente del caso.
El Órgano Especial del Tribunal de Justicia del Estado de Río de Janeiro, decidió la semana pasada que la ley estatal que obliga a las escuelas públicas y privadas a tener un ejemplar de la Biblia en sus bibliotecas es inconstitucional.
El Tribunal aceptó la acción directa de inconstitucionalidad presentada por el fiscal del Estado que pidió cancelar la ley promulgada el 1 de julio de 2011.
“La obligación impuesta a las bibliotecas ubicadas en este estado establece una ofensa al Estado laico, ya que requiere el mantenimiento en sus colecciones del libro sagrado, en detrimento de la igualdad de las religiones y la impersonalidad religiosa que guía las acciones de los órganos administrativos”, dijo el juez, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, ponente del caso.
La mayoría de los magistrados votaron con el ponente que determinó que la ley es una “ofensa al Estado laico”. Hubo 18 votos a favor de la fiscalía y dos a favor de la ley propuesta por el estado representante, Edson Albertassi.
En la opinión del autor del proyecto ya aprobado, no se trata de favorecer a una religión sino de proporcionar el libro más vendido en el mundo y que debe estar en las bibliotecas.
“No se trata de privilegiar el manual de una religión. Estamos discutiendo la importancia del libro más vendido del mundo que debe estar en la colección de las bibliotecas para la investigación”, dijo.
Albertassi, también comentó que estaría en favor de otros proyectos que incluyen los libros sagrados de otras religiones en las escuelas. “La propuesta aprobada en Alerj habla de la Biblia, pero si otros miembros presentaran un proyecto sobre el Corán, yo votaría a favor”.
Sin embargo, el proyecto de ley debe ser presentado por el gobernador y no por un diputado y porque es un estado laico, la ley socava el principio de neutralidad entre las religiones.
