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Tribulaciones económicas con sabor a religión

En tiempos de crisis, la presión social y la protesta ciudadana italianas han forzado al Gobierno tecnócrata del católico Mario Monti a poner en marcha un proyecto de ley que obligará al Vaticano a pagar el ICI (principal impuesto que afecta a las propiedades en Italia), similar al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) español, por su inmenso patrimonio de centros utilizados con fines comerciales como hoteles, residencias, escuelas, hospitales privados y otros. En España, y pese a reiteradas peticiones de organizaciones sociales, laicas y cristianas, y propuestas de partidos políticos como Izquierda Unida, la iglesia católica se mantiene exenta de pagar dicho impuesto. Las duras medidas del Gobierno Rajoy para abordar la crisis se están limitando a hacer pagar a los contribuyentes, recortando sueldos a funcionarios y pensiones y el gasto en servicios públicos como la Sanidad y la Educación.

El informe ¡La Iglesia Católica Oficial No Está en Crisis! de la organización Europa Laica, publicado en 2011, señala que la iglesia “es propietaria, a través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, fundaciones, universidades, etc.), de un enorme patrimonio consistente en bienes mobiliarios, inmobiliarios (más de 100.000 propiedades y unas120.000 hectáreas en tierras agrícolas), suntuarios (enorme patrimonio en joyas, trajes, etc.), obras de arte…”. Amén de su participación en el sector financiero, ser poseedora de empresas mediáticas y editoriales, y de acciones en diversos grupos financieros.

“La exención del pago de impuestos por los bienes inmuebles es una manifestación grave y preocupante heredada del nacionalcatolicismo del régimen franquista, sin que esto haya sido cortado por parte de los sucesivos gobiernos de la democracia”, afirma el teólogo, profesor dela Universidad CarlosIII de Madrid, Juan José Tamayo. Este no pago por parte de la iglesia representa 1.000 millones de euros anuales que no entran en las arcas públicas.

El mismo informe de Europa Laica cifra en 10.000 millones de euros (incluidos los 1.000 millones de la exención del IBI) la aportación anual del Estado español, a través del IRPF de todos los contribuyentes, a la iglesia oficial destinados principalmente a la financiación de la enseñanza religiosa, profesorado de escuelas públicas y privadas, capellanes castrenses, cárceles, hospitales, cuarteles… sueldos de obispos y sacerdotes… subvenciones a asociaciones religiosas, Jornada Mundial dela Juventud(visita del Papa en 2011) estimada en 60 millones de euros… “En España”, afirma Juan José Tamayo, “el poder religioso está siendo considerado al mismo nivel que el resto de los poderes y esto es contrario a la democracia”.

Paraíso terrenal
Juan José Tamayo: “En España, el poder religioso está siendo considerado al mismo nivel que el resto de los poderes y esto es contrario a la democracia”

En un cálculo somero, los impuestos totales que debería pagar la iglesia anualmente ascienden a 3.000 millones de euros. El Estado no sólo no recauda esta cantidad sino que incluye a la iglesia católica en los Presupuestos Generales. “La iglesia católica vive en un paraíso fiscal”, afirma en una entrevista el periodista experto en Religión, Juan G. Bedoya. “El 72 por ciento de los españoles se declara católico y sólo el 35 por ciento pone la cruz a favor de la iglesia. Los obispos se habían comprometido a autofinanciarse porque pensaban que el 80 por ciento de católicos en España iba a contribuir al sostenimiento de la iglesia y sólo lo hizo el 30 por ciento. Por lo tanto, han incumplido el compromiso de autofinanciarse, de acuerdo con la proverbial tacañería del católico para con su iglesia. Hay muchos países donde los fieles sostienen a sus iglesias. En España, la iglesia está sostenida con los presupuestos del Estado”.

Y en medio de todo este desconcierto contributivo, alcaldes morosos como el hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón que dejó una deuda de 7.000 millones de euros en el Ayuntamiento de Madrid, se disfrazan de laicos para reclamar la parte del IBI que les correspondería si la iglesia pagara sus impuestos.

Concordato
Europa Laica cifra en 10.000 millones de euros la aportación anual del Estado español, a través del IRPF de todos los contribuyentes, a la iglesia católica

Pero el capítulo de las relaciones Iglesia/Estado no se cierra con la lista de los impuestos impagados. Desde 1979 el Estado español mantiene acuerdos conla Santa Sedetambién sobre la enseñanza de la religión. “La renovación del Concordato de 1953 se elaboró antes quela Constitución”, afirma el profesor Tamayo, “no solamente es preconstitucional sino abiertamente anticonstitucional. Transgrede la neutralidad del Estado. Discrimina a otras religiones frente al principio de laicidad. Todos los partidos, excepto Izquierda Unida, miran con el rabillo del ojo a favor de la iglesia católica con fines electoralistas. Inútil, porque los votos que ganan por un lado, los pierden por otro”. Por poner un ejemplo de discriminación, la iglesia protestante recibe cinco millones de euros anuales destinados exclusivamente a obras de caridad, no al culto.

La Constitución, aprobada el 6 de diciembre de 1978, declara a España como aconfesional. Los acuerdos conla SantaSedefueron firmados por el Gobierno de UCD el 3 de enero de 1979. Las asociaciones laicas han denunciado en varias ocasiones que los dos grandes partidos sigan manteniendo estos acuerdos.

Sólo el 35 por ciento pone la cruz a favor de la iglesia al hacer declaración de la renta. ©Jean Picornel

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