A las acusaciones contra religiosos en África se suman señalamientos en América Latina
Mario Fernández, Fernando Torija y Fermín Abella son señalados por varios exalumnos de los colegios Calasanz de Medellín y de Bogotá
A la información divulgada en las últimas semanas sobre dos escolapios españoles denunciados por abuso sexual de menores en Senegal se suma una serie de señalamientos elevados en Colombia contra tres sacerdotes de la misma orden religiosa y nacionalidad.
Se trata de Mario Fernández, Fernando Torija y Fermín Abella, denunciados por varios exalumnos de los colegios Calasanz de Medellín y de Bogotá que aseguran haber sido víctimas de violencia sexual a manos de estos religiosos décadas atrás.
Según información oficial de los padres escolapios, Mario Fernández Fernández llegó a Colombia en 1953. Vivió en Cúcuta, Bogotá y Medellín, antes de regresar a España, donde murió el 25 de julio de 1989. En el Colegio Calasanz de Medellín trabajó entre 1963 y 1968, y, nuevamente, a partir de 1970 hasta su regreso a Europa.
Óscar José Rubio Murillo, un exalumno del Colegio Calasanz de Medellín nacido en 1968, sostiene que fue violado en repetidas ocasiones por el sacerdote a inicios de la década de 1980. Según su relato, las agresiones sexuales tuvieron lugar en diferentes sitios dentro del colegio, entre los que se cuentan la oficina y la residencia del religioso, cuando este se desempeñaba como prefecto en la sección de bachillerato.
Fernando Torija López de Antona llegó a Colombia en 1965. Según los escolapios, la mayor parte del tiempo vivió en Medellín, donde dirigió el Movimiento Juvenil Cristiano Almatá y organizó ejercicios espirituales para jóvenes. Además de trabajar en el colegio de la ciudad, también se desempeñó como asistente viceprovincial, cargo de notoriedad a nivel nacional. El sacerdote murió en 2023 en Medellín, a los 89 años.
Dos exalumnos del Colegio Calasanz de Medellín consultados en el marco de esta investigación periodística aseguran haber sido víctimas de tocamientos abusivos por parte del religioso a mediados de la década de 1980. Uno sitúa el ataque en el municipio de San Roque (Antioquia), durante unas misiones religiosas en favor de familias campesinas; el otro, en la oficina del sacerdote, dentro del Colegio Calasanz de Medellín.
Según los escolapios, Fermín Abella Gurrea llegó a Colombia en 1966. Fue rector del Colegio Minuto de Dios y del Colegio Calasanz de Bogotá. En este se desempeñó, también, como profesor de historia, inglés, religión y sociología. Acompañó grupos de scouts y promovió otras actividades extracurriculares a nivel religioso y deportivo. Además de ejercer varios cargos directivos entre sus correligionarios, fundó los Hogares Calasanz para niños de la calle, en la ciudad de Pereira, donde en 2013 fue elevada una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.
Según Juan Carlos Sevillano, entonces superior en Colombia de los escolapios, un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se ofreció a engavetar la denuncia a cambio de dinero. La orden religiosa se negó al soborno, pero nunca alertó a las autoridades sobre el ofrecimiento. El caso, finalmente, llegó a conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, pero fue desestimado. El sacerdote murió a los 84 años, en España, en 2014.
Esta investigación tuvo acceso al testimonio de un exalumno del Colegio Calasanz de Bogotá, graduado en 1999, quien asegura haber sido objeto de tocamientos abusivos por parte de Abella durante sus últimos tres años de bachillerato. El hombre sitúa los hechos de violencia en la entonces residencia del sacerdote dentro del colegio, inmueble donde en la actualidad funciona la curia provincial de los escolapios de Colombia, Ecuador y Perú.
Mea culpa en Cataluña, silencio en Roma
Cuando en 2023 fueron noticia las acusaciones contra el misionero Manel Sales por abuso sexual de menores en Senegal, Jordi Vila, en nombre de los escolapios de Cataluña, asumió la responsabilidad institucional con relación a dichos crímenes y pidió perdón.
Ya en 2005 los señalamientos contra Sales habían salido a luz gracias a un grupo de catalanes vinculados a África, quienes pusieron el caso en conocimiento de los superiores del religioso. Pero estos se limitaron, en ese momento, a trasladarlo a España, donde el escolapio siguió ejerciendo como sacerdote, sin que las denuncias fueran notificadas a las autoridades civiles.
Además de rector de una parroquia y secretario provincial, en aquellos años Sales llegó a ser miembro del consejo presbiteral del arzobispado de Barcelona.
Solo después de que se supiera de una nueva denuncia, esta vez proveniente de una ciudadana francesa, se hizo efectiva en 2019 la expulsión del sacerdocio contra el pederasta, quien reconoció haber abusado sexualmente al menos de diecisiete menores, entre 1980 y 2005.
En el último año, la Comisión de Defensa de Menores Abusados Sexualmente en la Iglesia en Senegal, conformada en su mayoría por personas vinculadas a las denuncias elevadas a partir de 2005, ha conseguido que sea esclarecido un nuevo caso: el de Josep Maria Canet.
Este segundo misionero catalán coincidió con Manel Sales entre 1992 y 2005, y también es señalado como responsable de abusos sexuales contra menores, particularmente, en el colegio Joseph Faye. Tras su traslado a España en 2005, según reseñó El País, Canet se desempeñó como “miembro del equipo de gobierno, asesor económico y ecónomo de la orden”.
En un reciente comunicado, Jordi Vila, jefe de los escolapios de la región de Cataluña, reiteró que reconocía una responsabilidad institucional frente a lo referido en relatos hallados verosímiles por parte de un equipo independiente de profesionales. Vila subrayó su disponibilidad para darles trámite a nuevas posibles denuncias y reparar a las víctimas. Igualmente, pidió disculpas “a las personas que en algún momento del pasado se acercaron a la institución y no estuvieron atendidas correctamente por los responsables escolapios del momento en Senegal y en Cataluña”.
La actitud de Vila frente a los casos de Sales y de Canet, denunciados en Senegal, contrasta con la reacción del superior general de la orden con sede en Roma, Pedro Aguado, frente a los casos de escolapios españoles denunciados en Colombia.
Antes de la publicación de esta nota, dos reuniones virtuales fueron adelantadas con Aguado para exponerle los pormenores de la presente investigación y solicitarle formalmente acceso a información sobre los religiosos mencionados en las denuncias aquí referidas. Dichas reuniones virtuales fueron llevadas a cabo el 12 de abril y el 27 de junio de este año.
En la última reunión se le pidió colaboración para esclarecer la trayectoria de dichos sacerdotes y definir si en los archivos de España, Italia u otros países existen testimonios sobre la posible comisión de delitos por parte de Fernández, Torija y Abella antes de su envío a Colombia.
Igualmente, se le puso de manifiesto la discrepancia entre las versiones de algunas fuentes que aseguran que en los archivos escolapios del país habría referencias a denuncias sobre varios sacerdotes y la posición oficial de la orden a nivel nacional. Esta sostiene que en más de setenta años de historia de los escolapios en Colombia solo se ha conocido una denuncia, la de 2013 que involucró a Fermín Abella y fue desestimada por la Fiscalía regional de Pereira.
Al cierre de esta nota, y mediando dos nuevos mensajes de correo electrónico enviados el 20 de agosto y el 14 de noviembre para reiterar las peticiones elevadas, no había respuesta alguna de parte de Aguado.
Una investigación en curso
No solo en Italia, también en Colombia los escolapios han pretendido negar respuestas a esta investigación, en contraste con la actitud asumida por el superior religioso de Cataluña frente a las noticias sobre abusos sexuales contra menores por parte de sacerdotes de su jurisdicción.
Los casos de Fernández, Torija y Abella hacen parte de una base de datos sobre cerca de seiscientos sacerdotes vinculados a la Iglesia católica colombiana denunciados por abuso sexual de menores en los últimos veinte años.
Dicha base de datos todavía en construcción tiene su origen en el trabajo del periodista Juan Pablo Barrientos que dio pie a dos sentencias de la Corte Constitucional que protegen el derecho fundamental de petición como herramienta del trabajo periodístico orientado a informar a la sociedad colombiana sobre el fenómeno de la pederastia clerical.
Actualmente cursa una demanda ante la Corte Constitucional, elevada por Barrientos y por el autor de esta nota, con el fin de que sea ratificada la legislación vigente sobre acceso a la información. Detrás del debate jurídico hay un asunto de interés público: hasta qué punto la historia eclesiástica oficial coincide o no con la narrativa de quienes se declaran víctimas de la institución y de sus silencios.
