La alta tasa de temporalidad del personal que ejerce en la docencia privada, especialmente en los sectores más feminizados, incrementa la precariedad del sector educativo y repercute en las arcas públicas. Durante el periodo de pandemia, también las administraciones autonómicas han realizado malas prácticas con el personal más desprotegido, denuncia la Federación de Enseñanza de CC OO.
Una de cada cuatro personas que trabaja en la enseñanza privada pierde su empleo en verano, según un informe de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO). De las 203.432 personas de las cuales se prescindió laboralmente en el sector educativo durante los meses de junio, julio y agosto, el 75,5% correspondían al sector privado. Se trata de una práctica de ahorro habitual en este tipo de centros, pero este año incluso se ha incrementado en 2,5 puntos porcentuales el número de personas que trabajaban en la privada y dejaron de hacerlo durante el verano con respecto al año anterior —26,76% frente al 24,23%—.
“En sectores como la enseñanza concertada, la enseñanza privada sin concierto o las universidades privadas, son habituales los despidos de docentes que han trabajado como sustitutos durante el curso coincidiendo con el periodo vacacional, sin que se haya incorporado el titular”, resume la FECCOO en su comunicado, donde también señala que “abundan las contrataciones ligadas exclusivamente a la duración del curso”. Vega —nombre ficticio— es maestra de escuela infantil, un sector especialmente afectado por las interrupciones de contratos, y asegura que no conoce a ninguna compañera que trabaje en la privada y siga cobrando del centro en los meses de verano: todas, dicen, se van al paro y las vuelven a coger en septiembre.
Una de cada cuatro personas que trabaja en la enseñanza privada pierde su empleo en verano, según un informe de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO)
De hecho, su entrada en aquel centro ya fue reveladora: cuenta que entró en sustitución de una chica a la que, tras quedarse embarazada, le dijeron que no iba a seguir. “Ella se ofreció a hacer la tutoría con las familias conmigo, para en cuanto tuviera al niño poder seguir, pero desde la escuela se negaron a tener una persona que no fuera a estar todo el año y la tiraron en la calle, por eso entré yo”, narra. Su experiencia durante dos años en ese centro corrobora los datos del sindicato: “Si quieren que hagas la escuela de verano a lo mejor no te tiran hasta agosto a la calle, pero ningún compañero se queda todos los meses de verano. Y tú sabes, y las familias saben, que volverás en septiembre, pero lo hacen para ahorrar y para evitar hacer fija a la gente”, expone la maestra.
El centro gana, el resto pierde
Para Pedro Ocaña, secretario de Privada y Servicios Socioeducativos de FECCOO, confluyen diversos factores que explican esta situación. El primero, “las decisiones que toman los centros de enseñanza al contratar a su personal con un contrato fijo discontinuo”, es decir, prescindir de la persona cuando acaba el curso escolar y reincorporarla cuando se inicia —generalmente a mediados de septiembre—. “Esto implica un ahorro para el centro tanto en cotización de la seguridad social como el pago de nómina, y también una carga sobre las arcas públicas, ya que esas personas pasan a cobrar el desempleo”. Dicho de otro modo: la primera causa es la estrategia de ahorrarse tres meses. “Esto ocurre sobre todo en los centros de enseñanza privada que no tienen unidades concertadas, porque donde sí lo hay el personal docente muy mayoritariamente está en pago delegado, o sea, paga la Administración”, matiza Ocaña.
“Esto implica un ahorro para el centro tanto en cotización de la seguridad social como el pago de nómina, y también una carga sobre las arcas públicas, ya que esas personas pasan a cobrar el desempleo”
A ello hay que añadir, continúa, otro tipo de colectivos, como las personas que pertenecen al ocio educativo —por ejemplo, monitores de comedores escolares—. “Es algo que se da año tras año, y consideramos que habría que formalizar contratos indefinidos a tiempo parcial, y no contratos fijos discontinuos como hay mayoritariamente, para estas personas, que cesan su servicio pero a las que se vuelve a llamar”. Tal y como señala el informe de FECCOO, elaborado a partir de los datos de afiliación en la Seguridad Social (SS), en el mes de agosto las personas con contrato fijo discontinuo afiliadas a la Seguridad Social solo representaban un 9% de las que había contratadas en mayo.
De las más de 191.000 personas con contrato eventual que había afiliadas en mayo, menos de 100.000 permanecieron al terminar agosto
Por otra parte, de las más de 191.000 personas con contrato eventual a tiempo parcial en la enseñanza que había afiliadas en mayo, menos de 100.000 —99.944— permanecieron al terminar agosto. Lo que es lo mismo: solo uno de cada dos contratos eventuales a tiempo parcial se mantiene en el periodo estival. Vega añade en este punto otro aspecto negativo para las personas empleadas: “Implica tener que ir abriéndote y cerrándote el paro, así que para próximas veces ya no puedes ir acumulándolo, lo cual económicamente es desfavorable para la persona”.
Más precariedad, pero no solo
Esa situación, contextualiza Ocaña, incrementa la incertidumbre entre las personas afectadas, que ya de por sí “están en situación de precariedad porque tienen retribuciones bajas, sobre todo en el ocio educativo”. Vega, además de haber sido durante dos años maestra de infantil en un centro privado, también trabajó un año como monitora escolar en otro del mismo tipo de titularidad y lo corrobora.
La maestra está ahora en un centro público como interina. Asegura que su situación ha mejorado mucho: “La diferencia es enorme, en un centro privado tienes que hacer lo que te dice el jefe sí o sí, sin tener en cuenta tu criterio pedagógico, y cubres funciones que no son las tuyas: cuando estuve en la escuela privada lo hacía prácticamente todo, aparte de la atención a los niños de mi clase, llevaba la programación tanto a los de mi clase como a los de otras edades, la limpieza, el comedor, las siestas…”, enumera. Económicamente, subraya, tampoco tiene “nada que ver”: ella cobraba 500 euros en la escuela infantil privada en horario de 9 a 17h —con descanso de 13 a 15h—, mientras ahora “trabajo de 9 a 13h o a 14h con los niños, no hago nada que no esté dentro de mis funciones, y cobro entre 1.400 euros al 1.800 euros dependiendo del mes, con mis pagas, que antes no las tenía, y sabiendo que en verano también recibiré el importe”.
Ocaña apoya el testimonio: en los centros privados, comenta, las condiciones laborales suelen ser peores: “Un docente de la concertada en secundaria, dependiendo de la comunidad, está trabajando entre 23 y 25 horas lectivas, mientras en la pública son 18. Entendemos que este es un motivo por el que las administraciones siguen concertando en detrimento de la pública, porque en ese sentido a la administración le sale más barato”.
Un añadido: los refuerzos
Al cupo que se repite de forma cíclica cada verano en el descenso de personas afiliadas por contratos en concepto de obra y servicios —“muchos de ellos fraudulentos”, reitera Ocaña— o fijos discontinuos que desaparecen, se suman este año el personal de refuerzo que entró el curso pasado y que la inmensa mayoría de comunidades autónomas —todas excepto Castilla y León, País Valencià, Navarra y País Vasco— no va a mantener. Según expone el sindicato, “la pandemia ha sido la excusa perfecta para que administraciones y titularidades de centros educativos privados se ceben con el personal más desprotegido”: las administraciones “incumpliendo en muchas ocasiones los contratos establecidos con las entidades prestatarias de servicios y finiquitando al profesorado covid-19 contratado para reforzar las aulas durante la pandemia”, y los centros privados “abusando, en muchas ocasiones de manera fraudulenta, de la contratación temporal”.
Para Ocaña existe “un déficit estructural en el mundo de la enseñanza desde hace mucho tiempo” y, aunque las ratios mejoraron durante la pandemia, no solo debería mantenerse ese personal sino que habría de ampliarse
Para Ocaña, existe “un déficit estructural en el mundo de la enseñanza desde hace mucho tiempo” y, aunque las ratios mejoraron durante la pandemia, no solo debería mantenerse ese personal sino que habría de ampliarse: FECCOO ha calculado que haría falta 40.000 personas más para “una vuelta a las escuelas segura en lo sanitario, y para garantizar la calidad educativa y el fortalecimiento de la equidad”.
Las posibles soluciones
Vega considera que debería existir una regulación que impidiera que esta temporalidad en el colectivo siga existiendo, y en esa dirección apunta la FECCOO cuando aboga por un “gran pacto por el empleo en el sector educativo que implique a administraciones y patronales, de manera que se garantice el empleo estable y de calidad, con el consiguiente beneficio educativo para el alumnado”. Ocaña, no obstante, se muestra realista: “Resulta bastante complicado porque en este país las patronales que tenemos el sector educativo miran poco por la educación y mucho por los euros, al final son patronales y buscan un lucro económico. Desde nuestro punto de vista, una parte importante de la escuela privada y concertada está ahí para lucrarse”, resume.
