Esta ley es la cristalización de un avance de la Iglesia Católica en la política educativa provincial, que se viene produciendo desde 1991 y se confirmó en el 2001 con la reforma constitucional de De la Sota”, disparó Adela Coria, legisladora provincial por el Frente Progresista y reconocida pedagoga.
Con nutridas y ruidosas marchas por el centro de la capital provincial, los estudiantes secundarios dijeron basta y pusieron sobre la mesa un debate que venía dándose hace tiempo en el Consejo de Políticas Educativas de Córdoba, respecto del papel de la Iglesia en la educación pública.
Una gran cantidad de colegios plantearon la defensa irrestricta del laicismo en una provincia donde la Iglesia hace sentir su peso en cada debate público. Los jóvenes acusan al gobierno de dejarlos fuera de las discusiones sobre la reforma educativa que busca adaptar la normativa local a la Ley de Educación Nacional sancionada en el 2006.
El ministro de Educación provincial, Walter Grahovak, debió salir a caminar las escuelas para negociar con los estudiantes el levantamiento de las tomas, acordando reformas edilicias, ampliando presupuestos y garantizando la ampliación de las charlas sobre posibles cambios en el régimen educativo.
Sucede que el anteproyecto de ley expresa que la educación religiosa será “materia opcional”, aunque no aclara que su instrumentación debe ser extracurricular. “Tal como está el anteproyecto, cualquier padre se puede presentar ante un juez y reclamar que el Estado incorpore la enseñanza religiosa en horario normal de clases. La palabra opcional es ambigua y deja una puerta abierta al ingreso de la religión a las aulas”, explicó Coria.
Temerosos del poder de lobby que la curia muestra en los pasillos del Ministerio de Educación, los estudiantes reclaman que la reforma sea debatida en profundidad en las escuelas. Sin embargo, el gobernador Juan Schiaretti afirmó esta semana que el proyecto ingresará a la Legislatura el 30 de este mes. Schiaretti ya mostró buenas migas con el arzobispado local cuando el 28 de diciembre (Día de los Inocentes) del año pasado le condonó una importante deuda previsional a los colegios católicos con la Caja de Jubilaciones, que se encuentra hace años en una crisis de financiamiento. Para atomizar la caída de divisas, el gobierno provincial efectuó recortes en los derechos de los jubilados.
Por su parte, el gremio UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba) avala la reforma de Schiaretti, aunque su secretario general, Oscar Rubial, dijo a Veintitrés que “nos apoyamos en la tradición laica. Quizás haya que aclarar en el texto para que no haya dudas que cualquier cuestión religiosa sea extracurricular”.
Más dura con la decisión apoyada por Schiaretti fue la representante de la Universidad Nacional de Córdoba en el Consejo, Alicia Carranza, quien afirmó que “siempre nos opusimos a que siquiera la enseñanza religiosa apareciera en la reforma, pero nos corrieron con que ya figura contemplada en la Constitución provincial. Por eso reclamamos que fuera taxativa la prohibición de dictar religión en horario normal. Los chicos nos han dado la razón”.
Al cierre de esta edición, una masiva marcha estudiantil insistía en posponer el envío del proyecto oficial a la Legislatura, mientras Guillermo Buitrago, presidente de la Junta de Educación Católica, se sorprendía ayer en el diario La Voz del Interior de que la educación religiosa opcional “esté generando conflicto”. Olvida Buitrago que en Córdoba nació la reforma universitaria de 1918, movimiento estudiantil que expulsó a la curia de las universidades nacionales y generó una revolución educativa en Latinoamérica.
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