La Defensora del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE ha emitido un informe en el que, entre otras cuestiones, responde a las quejas masivas que ponen de manifiesto la gran importancia que se le otorga a la religión católica en el ente
Durante el segundo trimestre de este año, el buzón de la Defensora del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE ha incluido una ingente cantidad de correo, concretamente 2.551 quejas, lo que supone un incremento del 77% en relación al trimestre anterior. La oficina regida por Elena Sánchez Caballero ha detallado a través de un informe que la razón principal de este aumento desmesurado de protestas formuladas están centradas en la emisión de contenidos religiosos en TVE. Concretamente el interés que se le ha otorgado a la religión católica.
Abanderando esta campaña de protesta se encuentra el Observatorio del Laicismo, el cual ha querido señalar a través de esta acción masiva su disconformidad contra esta práctica informativa que, según sus palabras, «atenta contra la aconfesionalidad del Estado y vulnera las normas de la Corporación».
Tal y como cabría esperar, desde el propio ente y por boca de la Defensora, han mostrado su disconformidad hacia estas quejas ya que «RTVE cumple el mandato constitucional». En su nota de respuesta, la Defensora del Espectador, el Radioyente y el Internauta de RTVE subraya que «la corporación no está vinculada a ninguna confesión religiosa, pero tiene en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española tanto en sus informativos como en sus programas. Por ello, no solo emite programas del credo católico, sino que también da espacio a las confesiones evangélica, judía y musulmana, conforme a su arraigo en el Estado español».
Por otro lado, en este mismo informe, la oficina que dirige Elena Sánchez no ha podido evitar dar la razón a las 31 quejas referidas al reportaje sobre los escraches a políticos que emitió «Informe semanal» el 27 de abril pasado. Estos espectadores coincidieron en que el reportaje fue parcial y sesgado.
Para la defensora, «el reportaje no se ajusta a la buena práctica periodística; no contextualiza la protesta ciudadana llamada escrache, realiza acusaciones contra personas a las que no da la oportunidad de defenderse y es desequilibrado en las opiniones que ofrece».
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