El diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha dicho a Efe que a su grupo no le «parecería mal incluir a organizaciones sindicales, patronales, Casa Real, Iglesia Católica y todas aquellas que tienen acceso a fondos públicos».
El presidente de la ONG Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, ha aconsejado hoy a los diputados que lleguen a un pacto nacional contra la corrupción y que incluyan en el ámbito de aplicación de la futura ley de transparencia a los partidos políticos.
En una comparecencia en el Congreso para opinar como experto sobre el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, Lizcano ha dicho que "los ciudadanos están un poquito alterados e indignados" con los políticos y que, ante eso, los partidos "deberían adoptar de verdad una postura ejemplarizante de transparencia".
A su juicio, eso incluye un pacto de Estado contra la corrupción que "no sea un pacto estético, sino concreto", ha dicho, y ha propuesto que la primera de esas concreciones sea la "inclusión explícita" de los partidos políticos en la ley de transparencia.
El proyecto de ley de transparencia establece un amplio catálogo de principios éticos y más de una treintena de infracciones, con sus correspondientes sanciones, de aplicación a los miembros del Gobierno, secretarios de Estado y resto de altos cargos de la Administración del Estado y el sector público estatal.
Este experto ha señalado que, en todo caso, los partidos tendrían que hacer públicas sus cuentas, el detalle de sus gastos, ingresos, y fuentes de financiación, así como los bienes que integran su patrimonio, con el debido "desglose".
"Esto no resolvería el problema de desconfianza ciudadana respecto a los políticos, pero sería un punto de inflexión, un cambio de tendencia ante la creciente animadversión de los ciudadanos respecto a la clase política", ha argumentado, tras lo cual ha espetado a los presentes: "Ustedes señorías tienen realmente la llave para una mayor credibilidad ciudadana en los políticos y en quienes nos gobiernan".
Con la comparecencia de éste y otros expertos ha comenzado hoy en el Congreso la tramitación parlamentaria de la ley de transparencia, al mismo tiempo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comparecía una planta más arriba para aclarar si el extesorero del PP Luis Bárcenas se ha acogido a la reciente "amnistía fiscal".
En su intervención, Lizcano ha propuesto también que los 21.400 entes públicos que existen en España -451 estatales, 2.368 regionales y 18.600 locales- "transparenten su patrimonio", incluidas las fincas rústicas y urbanas de las que son titulares, los vehículos, etcétera.
Sólo los representantes de UPyD y PNV han aplaudido la petición de incluir a los partidos en el ámbito de aplicación de la ley de transparencia, mientras que CiU ha abogado por estudiarlo, y el PP y el PSOE no han aclarado su posición, aunque han hecho hincapié en que hace dos meses reformaron la ley de partidos para avanzar en su régimen de transparencia.
El popular Esteban González Pons y el socialista José Enrique Serrano también han coincido en que ésta "no es una ley contra la corrupción".
Por su parte, el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto ha dicho a Efe que a su grupo no le "parecería mal incluir a organizaciones sindicales, patronales, Casa Real, Iglesia Católica y todas aquellas que tienen acceso a fondos públicos".
El jurista Antonio Garrigues Walker, también miembro del comité ejecutivo de Transparencia Internacional España, ha dicho que es "lógico que todo el mundo esté incluido", pero ha abogado por "aislar" la Casa Real, ya que podría generar un "daño" que no ha especificado.
También ha comparecido el director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, que ha declinado pronunciarse sobre si la aplicación de esta ley debe extender o no a otros ámbitos u organismos.
Tampoco se ha pronunciado sobre la propuesta del PSOE de que sea la agencia que él dirige, y no una oficina adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la garante de las obligaciones de transparencia que establece la norma.
A ese respecto, Lizcano ha opinado que, dado que no hay dinero para crear una agencia independiente, lo mejor sería un oficina dentro de la institución del Defensor del Pueblo.
Rodríguez Álvarez ha defendido que la protección de datos no es un obstáculo para la transparencia, que debe recurrirse a la técnica de la "disociación" -que permite proporcionar información, previa disociación de los datos de carácter personal- y que no debe haber "automatismos", sino que hay que evaluar cada caso concreto.
Una de sus propuestas ha sido eliminar de la ley el "perturbador régimen diferenciado" que prevé, según si la información contiene datos personales del solicitante o de otra persona.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano Álvarez, durante el acto. EFE
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