La investigación escolar se ha basado en datos proporcionados por Europa Laica-Valencia Laica, pero también los obtenidos (a pesar del oscurantismo y la falta de trasparencia) de la Agencia tributaria y de la propia Conferencia Episcopal.
Gracias a la Memoria justificativa de esta última nos hemos enterado de que solo el 2% de lo obtenido a través de las casillas del IRPF lo dedica a la obra social de Cáritas (en contra de la publicidad que hace la IC sobre su colaboración con «los más necesitados»), o que la IC defiende que le ahorra al Estado muchos millones de euros porque le cobra sus «servicios pastorales» a precio de saldo, pues el «valor de mercado de sus actividades» es muy superior. Todo esto está recogido y analizado en la investigación.
El trabajo de investigación, además de ser riguroso con los datos, también tiene un objetivo de denuncia de los privilegios de la IC en la sociedad española y cuenta con la opinión de los partidos políticos sobre el futuro de esta relación Iglesia-Estado y con la opinión de expertos en laicismo como Henri Peña-Ruiz, al que las autoras entrevistaron en el marco de la X Jornada Laicista celebrada en Valencia.
Reproducimos el último capítulo de este trabajo de investigación escolar:
CONCLUSIONES
Tras la realización de nuestro trabajo, hemos podido llegar a diversas conclusiones que, a continuación, vamos a mencionar.
Por un lado, hemos podido comprobar una evidente secularización de la sociedad. La población española se distancia de los rituales y prácticas religiosas tradicionales. Esto también lo hemos podido comprobar en algunos temas cuando hay de por medio una diferencia generacional como se muestra con la encuesta dirigida al profesorado y al alumnado de nuestro centro.
Por otro lado, después de adentrarnos en el marco legal de la relación Estado-Iglesia, (Constitución, Acuerdos con la Santa sede, ley de Mecenazgo, etc) podemos decir que, únicamente existe una aconfesionalidad del Estado sobre el papel, ya que en la práctica Estado e Iglesia Católica mantienen un vínculo muy estrecho.
Es habitual la opinión según la cual el Estado español es aconfesional porque así lo dice nuestra Constitución. Pero hemos podido comprobar el titubeo de la Constitución en este tema (la Iglesia Católica es la única institución privada que se nombra en ella) y hemos podido comprobar que hay toda una batería de leyes que en la práctica eliminan toda posible ambigüedad sobre el tema, convirtiendo las relaciones del Estado español con la Iglesia Católica en unas relaciones propias de un Estado confesional.
Esta última conclusión, la podemos reafirmar aún más tras indagar en las fuentes de financiación de la IC, tarea bastante complicada debido a la escasa transparencia que rodea todo lo que tiene que ver con la financiación pública de la Iglesia. Hemos podido comprobar cómo la Iglesia Católica, pese a la actual etapa de crisis y de “recortes” en todos los sectores públicos (educación, sanidad, servicios sociales, etc.), ha seguido recibiendo la misma cantidad de dinero, año tras año. Mientras tanto, en otros ámbitos como educación o en investigación el presupuesto público destinado a ello ha disminuido, lo que también ha sucedido con el presupuesto público destinado a otras confesiones con notorio arraigo. Por tanto otra conclusión a la que llegamos es que la IC mantiene, sin duda, una situación de privilegio en su relación con el Estado español.
La situación de privilegio no solo se refleja en las cantidades con las que el Estado financia a la Iglesia. El modo de financiación exclusivo de la IC, a través del IRPF, del que no disfrutan otras confesiones religiosas o ideológicas, es otro de los aspectos de esta situación. Los contribuyentes que colaboran con la IC no pagan más impuestos con su contribución a la Iglesia Católica, sino que son las arcas públicas, los impuestos de todos, las que destinan el dinero a la IC.
La Iglesia Católica está exenta del pago de impuestos tales como el de sociedades, IBI, de donaciones, etc. porque recibe el tratamiento de asociación sin ánimo de lucro. Consideración que resulta difícil de sostener cuando hace negocio con el patrimonio del que se ha apropiado, o con el alquiler de locales para uso comercial y exentos del pago del IBI.
La consideración de institución privilegiada por el Estado cobra su máxima expresión con las Inmatriculaciones, puesto que el Estado español le concede a la Iglesia católica el estatus de ente público y la equipara a cualquier administración pública, con capacidad para registrar a su nombre aquellos inmuebles (de naturaleza urbana o rural) que no han sido registrados todavía a nombre de nadie. Con este privilegio se ha conseguido que el patrimonio de la IC aumente considerablemente, incluso con inmuebles tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
También es una opinión defendida por la IC que la función social que desempeña justifica el apoyo y financiación que recibe del Estado. Pero reconoce, al mismo tiempo, que su contribución al presupuesto de Cáritas Diocesanas solo corresponde al 2% de la Asignación tributaria recibida. Por tanto, el escaso apoyo económico de la IC a las organizaciones de ayuda no justifica las enormes cantidades de dinero que recibe del Estado.
Con todo esto, podemos obtener una conclusión general: el Estado español no actúa como un Estado laico, ni tampoco aconfesional. La IC mantiene unas relaciones de privilegio con el Estado español más propias de una España de otros tiempos. La España que ya quedó reflejada en la constitución de 1812: “La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera”.
Esta actuación del Estado nos parece poco coherente con los valores de igualdad, justicia y aconfesionalidad que deben estar a la base de un Estado que sea democrático.
