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Todo sobre la polémica derogación del aborto en EEUU

Os dejamos con las noticias y artículos de opinión más relevantes que han aparecido durante el fin de semana sobre los documentos filtrados al tribunal supremo de EEUU relacionados con la derogación del aborto.

Los tribunales vs. los derechos de las mujeres · por Dayana Méndez, desde El Diario

Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la posible anulación por parte de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade, que desde 1973 reconoció el derecho de las mujeres a abortar sin restricciones durante su primer trimestre, es algo muy preocupante para los derechos de las mujeres, no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Sería una decisión sumamente regresiva y lesiva que se llevaría por delante todos los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia. 

Es innegable la influencia global que esto podría tener en otros lugares, en grupos y gobiernos antiderechos que se verían inspirados y fortalecidos para proceder de forma similar. Lo que está en juego no es solo un precedente judicial, se trata en la práctica de la salud y la vida de millones de mujeres; generalmente mujeres migrantes, empobrecidas y racializadas. 

Me resulta inevitable pensar cómo esto contrasta con los avances que se vienen dando en América Latina y paradójicamente también desde tribunales judiciales como ha sucedido en México y Colombia, en donde se han reconocido en decisiones judiciales el derecho al aborto y la despenalización mismo; en este último país, hasta la semana 24, convirtiéndose en una de las legislaciones más progresistas sobre el tema en el mundo. El derecho y las instituciones jurídicas pueden configurar instrumentos de opresión o de salvaguarda para los derechos humanos y el derecho internacional está dado totalmente para que los Estados avancen hacia la eliminación de cualquier tipo de barreras para el reconocimiento y el acceso al derecho al aborto. Algo que se reafirma en el concepto de autoridades en materia de salud como lo es la OMS quien recientemente emitió “Directrices sobre la atención para el aborto” en la que expresamente recomendó a los estados la despenalización del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impide u obstaculice el acceso al mismo.

Lo que está sucediendo en Estados Unidos no es más que una muestra de lo que los grupos antiderechos (que se hacen llamar provida) son capaces de conseguir -también en las instituciones judiciales- si no defendemos y blindamos los derechos humanos. Y así como en este tema, en muchísimos otros, con su discurso de odio y discriminación contra las mayorías sociales: mujeres, migrantes, personas LGTBI, personas con discapacidad, etc. Bastó que una Corte después de casi 50 años garantizando el derecho al aborto, se hiciese mayoría conservadora -impulsada por un gobierno abiertamente antiderechos como el de Trump- para poner en riesgo la vida de millones de mujeres. 

Así que aquí estamos de nuevo, hablando y defendiendo algo que creíamos estaba asegurado hace casi medio siglo, porque cuando se trata de restringir derechos e imponer medidas regresivas, lo que primero se ataca siempre son los cuerpos de las mujeres, su autonomía y su poder para decidir y esta es una decisión política para nada fortuita. En España la amenaza no desaparece del todo, recordemos que desde el año 2010 el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de aborto (vigente) y que ante el silencio del Constitucional a día de hoy sobre el mencionado recurso, han decidido denunciarlo ante el TEDH por el “retraso injustificado en dictar sentencia”. La denuncia fue presentada no solamente por diputados del Partido Popular, sino también de Vox.

Urge que el derecho y las instituciones judiciales estén a la altura de los movimientos sociales y del respeto por los derechos humanos. Que se entienda de una vez que las perspectivas morales individuales o religiosas no tienen por qué interponerse en el reconocimiento de derechos, y que la salud y vida de las mujeres no pueden ser un eterno objetivo de decisiones discriminatorias y violentas. Qué agotador y frustrante resulta que para las mujeres no haya nunca seguridad jurídica, que exista una incertidumbre permanente que nos obligue a estar todo el tiempo defendiendo los derechos reconocidos, a la vez que intentamos avanzar en la búsqueda de la igualdad.

No es el aborto: son los derechos civiles y una guerra por el poder · por Diego E Barros desde El Salto

De los tres poderes –Ejecutivo, la espada; Legislativo; la cartera; y Judicial, los jueces–, el encargado de administrar justicia nació como el hijo tonto de la joven democracia estadounidense. Alexander Hamilton ya lo advirtió a primera hora: “el [poder] judicial carece de influencia sobre la espada o la cartera. No tiene capacidad de acción sobre la fuerza o sobre la riqueza de la sociedad, por lo que no puede actuar decididamente sobre ningún asunto de importancia”. Es decir: no puede imponer sus decisiones. Corría el año de 1789.

La vista del número uno de la First St NE de Washington D.C. es imponente: primero la escalinata flanqueada por dos estatuas: a la izquierda una mujer, Contemplation of Justice; a la derecha, una figura masculina, The Guardian or the Authority of Law, también llamado The Executor of Law, ambas obras de James Earle Fraser. Después, las dieciséis columnas corintias que sostienen el frontón; y finalmente impresas sobre el arquitrabe, cinco palabras: Equal Justice Under the Law. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS en sus siglas en inglés) ocupa este impresionante edificio desde 1935, 146 años después de que fuera establecido como máxima autoridad judicial de la nación mediante la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en 1789. 

Hasta 1935, la historia de SCOTUS es singular y accidentada: desde constituirse en una especie de consejo de sabios nómada, atendiendo casos de ciudad en ciudad en los primeros años de la nueva nación, hasta la oscuridad de los sótanos del Capitolio, pasando por breves periodos en Nueva York o Filadelfia. Su originario papel secundario y sus más de doscientos años de historia son la lucha continuada por consolidar su poder sobre la tierra; esto es: constituirse en the law of the land, el último órgano de decisión, no solo capaz de decir qué es constitucional sino de imponerse sobre sus hermanos. 

Primer acto: SCOTUS 1-mujeres 0. La sede de SCOTUS, también llamada El palacio de mármol, se levanta sobre el solar que ocupaba el Old Brick Capitol, histórico cuartel hasta 1929 del National Woman’s Party –la compró el Gobierno federal a insistencia del expresidente William Howard Taft, en ese momento primer magistrado del Alto Tribunal–, el partido que abogó incansablemente por el sufragio femenino en EE.UU. hasta su consecución en 1920 (Enmienda 19 de la Constitución) y que, desde entonces, se entregó a las luchas por los derechos civiles desde su feminismo militante. Fue una compra, sí. Pero digamos que aquellas primeras feministas fueron invitadas a abandonar su casa. Las ironías de la historia.

Segundo acto: SCOTUS 0-mujeres 1. 1973, Roe v. Wade. La archiconocida sentencia por la que el máximo órgano judicial estadounidense declaraba inconstitucional cualquier restricción al acceso de la mujer a la posibilidad de abortar en condiciones sanitarias adecuadas y de forma legal. La argumentación sobre la que se basaba Roe contra Wade poco tenía que ver con la moral y mucho menos con la biología (ambos pilares que sostienen las posiciones de los autodenominados pro-vida): se trataba única y exclusivamente de salvaguardar el “derecho a la intimidad” de cada persona en relación a una de las cláusulas de la 14º Enmienda de la Constitución. Es decir: el gobierno (ninguno) no es quien para decidir qué puede hacer cada uno con su cuerpo. Ese uno era una mujer, Norma McCorvey, la camarera de Texas que se escondía bajo el pseudónimo de Jane Roe, quien tras quedarse embarazada de su tercer hijo en 1969 quiso abortar. El problema era que en Texas, donde residía, el aborto era ilegal salvo riesgo para la vida de la madre. No era la primera vez, pero sí una de las más importantes en las que SCOTUS volvía a poner de manifiesto la fuente de su poder: la confirmación del concepto de judicial review del que emana su supremacía judicial. En resumen: la decisión sobre un caso específico se aplica y afecta a todos los demás casos semejantes en cualquier lugar del país. Una vez más, SCOTUS marcaba la única distancia posible entre el suelo y el techo de la casa común estadounidense. 

La derecha y la ultraderecha estadounidense había entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde el Palacio de Mármol

En realidad, Roe contra Wade fue el canto del cisne de una época que en 1969 estaba a punto de cerrarse con la llegada de Nixon a la presidencia: la gran expansión de los Derechos Civiles iniciada una década antes y que había sido consecuencia de la madre de todas las batallas en EE.UU.: el enfrentamiento entre la Casa Blanca (con o sin el Capitolio) y SCOTUS, es decir, la espada contra la toga. Una batalla ganada por los liberales, cuyo punto culminante habían sido las grandes sentencias en favor de los Derechos Civiles auspiciadas bajo un Tribunal (la llamada Warren Court Era) que había empezado a perfilarse bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt. En la mente del Partido Republicano solo era cuestión de tiempo, de paciencia. Y de colocar en la Casa Blanca al hombre adecuado. La derecha y la ultraderecha estadounidense habían entendido por fin que la política de un país no se cambia tanto en el Capitolio como desde la sala noble del Palacio de Mármol.

Por eso no es casualidad que este tercer acto empiece precisamente por Roe contra Wade. La filtración del borrador publicado en la noche del pasado lunes por el diario Politicoy firmada por el juez Samuel Alito (conservador) reflejaba una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la Corte a favor de la revocación del derecho a la interrupción del embarazo. Hacía meses que había sospechas de que esto ocurriría, no es ningún secreto que el propio tribunal vive tiempos convulsos con acusaciones de corrupción sobre algunos de sus miembros y enemistades personales entre otros. Incluso la pandemia y su politización ha sido motivo de discordia entre el grupo patricios togados: algunos de los jueces más jóvenes y conservadores se han mostrado reticentes a ponerse mascarillas en las reuniones con sus compañeros más veteranos.

La única sorpresa aquí ha sido que la bomba explotara vía filtración, acto sin precedentes en la historia de la institución y que ha desatado una caza de brujas con los ojos puestos en los magistrados liberales y, especialmente, su staff. El martes, el presidente de la Corte Suprema, el conservador –fue nombrado por George W. Bush, y últimamente se posiciona con sus compañeros más progresistas, lo que indica hacia dónde se ha movido el tribunal en los últimos cuatro años– John Roberts confirmó el contenido del documento de 98 páginas conocido el lunes, aunque señaló que se trataba de un “primer borrador”. Hay que indicar que la filtración en sí no es delito, pero si se descubre a su autor supondría el final de su carrera, amén de otro tipo de actos disciplinarios. 

El texto no deja lugar a dudas: según el voto privado emitido el pasado febrero, la mayoría conservadora cree necesario derogar el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992): “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito, para el que “su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”. Decenas de personas se han concentrado a las puertas del edificio del Alto Tribunal desde la publicación del borrador para protestar. Según un estudio reciente del Pew Research Center, seis de cada diez estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todas o casi todas las circunstancias, mientras que un 54% se manifiesta contrario a la derogación de Roe contra Wade.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, argumenta Alito en una posición que secundan los magistrados Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, estos tres últimos nombrados durante la presidencia de Donald Trump. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. La mayoría conservadora, seis contra tres, hace poco probable un cambio en la argumentación de la misma.

Una aclaración: si finalmente Roe contra Wade es revocada, eso no significa que el aborto se vuelva ilegal en EE.UU.. Solo que el poder de decisión tornará a los Estados y, por tanto, los más conservadores ya no tendrán obstáculo federal para prohibirlo en su territorio. La distancia entre las dos Américas, una liberal y otra conservadora, se agrandará todavía más.

El GOP y Trump, historia de un amor de conveniencia

Para entender un poco el origen de lo que está ocurriendo hay que irse al último año de legislatura de Obama. A un año de las elecciones, Obama pretendió llenar la vacante dejada por el fallecimiento del juez Anthony Scalia con el moderado Merrick Garland (hoy Fiscal General de Joe Biden). El entonces líder del GOP en el Senado, Mitch McConnell se negó incluso a reunirse con Garland y bloqueó cualquier intento de nominación durante 293 días. El tiempo justo para que Donald Trump se hiciera con la presidencia de EE.UU..

Con Trump en la Casa Blanca, fue el ultraconservador Neil Gorsuch quien ocuparía la vacante de Scalia en el Alto Tribunal. No sería el único. En solo cuatro años, Trump colocaría dos jueces conservadores más: Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Los tres en la cincuentena, para una posición que, recordemos, es vitalicia salvo renuncia voluntaria –es el caso de Stephen Breyer cuyo asiento será ocupado por la jueza Ketanji Brown Jackson (51 años) en algún momento de este verano y confirmada por el Senado a propuesta del presidente Biden el pasado 7 de abril. 

Aquel fue el verdadero legado de Trump, un presidente que para hacerse con el poder en el GOP se alió con el ala más conservadora del movimiento republicano estadounidense, la misma que llevaba décadas esperando la oportunidad para asaltar SCOTUS. Un quid pro quo necesario para iniciar la estrategia de demolición de lo conseguido desde la década de los Derechos Civiles. En definitiva, una partida de póker en la que en Estados Unidos siempre se apuesta en una doble vertiente. Por un lado, a medida que crece el poder de SCOTUS decrece el de la Casa Blanca, y viceversa. Por el otro, a medida que decrece el poder del Gobierno federal, crece el de los Estados; también y viceversa. 

Y aquí estamos otra vez: “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador de Alito, en una clara referencia a los gobiernos estatales. En la práctica, la derogación de Roe contra Wade supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Insisto, el GOP lleva décadas fraguando esto, y la derrota de Trump hace dos años simplemente potenció el cambio de paradigma en los estados controlados por los republicanos donde sus gobernadores han preparado leyes restrictivas que entrarán en vigor inmediatamente.

Dos países y una puerta hacia el abismo

Hay un país azul demócrata a punto de convertirse en santuario de los derechos de las mujeres y preparándose para acoger una ola de turismo reproductivo. Hay otro rojo republicano, en el que más de una veintena de estados aguardan la confirmación de lo filtrado esta semana. Estados como Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes incluso de que la mayoría de las mujeres sepan de su embarazo. O Texas, siempre a la vanguardia de la reacción y no solo en el ámbito sanitario, cuya nueva legislación, promulgada en septiembre y conocida como la “Ley del latido”, propone la persecución de los ciudadanos particulares que ayuden a una persona a poner fin a un embarazo no deseado. Se trataría de una puerta hacia un abismo: según sea interpretada la norma, un taxista que lleve a una mujer a una clínica abortiva, aunque sea en otro Estado, podría ser perseguido judicialmente con penas de hasta 10 años de prisión. Tras Texas y Oklahoma, Florida, Ohio y otros Estados del sur anuncian su intención de convertirse en “santuarios de la vida”. 

Bajo el término ‘originalistas’ se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada hace más de dos siglos

Este abismo no tendría por qué circunscribirse a las cuestiones reproductivas. Por ejemplo: en Lawrence contra Texas (2003), SCOTUS usó el mismo argumento de Roe contra Wade (derecho a la privacidad) para determinar que era inconstitucional castigar a las personas por cometer sodomía. Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y utilizó el derecho a la privacidad y la cláusula de igual protección para hacerlo. Esto podría abrir la puerta para que un Estado trate de desafiar las leyes de matrimonio entre personas del mismo sexo y las distintas legislaciones en relación a la comunidad LGTBQ, que ya están en el punto de mira de los legisladores republicanos. De nuevo Texas, donde se ha llegado a plantear la posibilidad de poner a cargo de las autoridades a los niños trans si estos son apoyados por sus padres en su proceso de transición. Pero hay más: Griswold contra Connecticut (1965), que protege la capacidad de los matrimonios para comprar anticonceptivos sin restricciones gubernamentales. No se trata solo del aborto. O Meyer contra Nebraska (1923), que permite que las familias decidan si quieren que sus hijos aprendan un idioma que no sea inglés. Esto podría abrir la puerta para que Estados antinmigración intenten prohibir el aprendizaje de otros idiomas que no sean el inglés en las escuelas públicas. Incluso, la obligación estatal de ofrecer un sistema público de enseñanza (Plyler contra Doe, 1982), como ha anunciado que va a estudiar el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. La educación pública nunca ha dejado de estar en el punto de mira republicano. 

También Skinner contra Oklahoma (1942), el fallo que declaró inconstitucional la esterilización forzosa de personas (se hizo con miles de mujeres afroamericanas). Hay quien ha señalado estos días que la caída de Roe contra Wade podría abrir la puerta para que algunos Estados determinaran la esterilización de delincuentes, personas discapacitadas o minorías de todo tipo. Sin duda, también el derecho al voto en un momento en el que en muchos Estados republicanos están aprobándose legislaciones encaminadas a restringir o dificultar el sufragio y que tienen a minorías raciales como principal objetivo.

En el origen de todo está la condición del juez Alito como ‘originalista’ constitucional. Con ese término se conoce a los magistrados que defienden que la Constitución debe interpretarse tal y como fue pensada por sus creadores hace más de dos siglos. Originalistas son también los jueces Thomas, Barrett, Gorsuch e, incluso, Kavanaugh también son originalistas. Los tres nominados por Trump.

Biden contra la Corte Suprema 

Muchos dicen que los senadores son los patricios del imperio americano. No es del todo cierto. Son los miembros de la Corte Suprema, depositarios de un poder casi omnipotente y sin aparente fecha de caducidad. Una situación sin paralelismo en ninguna otra democracia occidental.

El número de asientos en el Alto Tribunal permanece inalterado desde la presidencia de Ulysses S. Grant (1864-1865), y ante la herencia de Trump, no pocas voces llevan defendiendo la idea de que ha llegado el momento de ir a una nueva guerra contra la máxima institución judicial del país. En política estadounidense esto se conoce como Court Packing: que un presidente trate de incrementar –a veces reducir– el número de jueces del Supremo para lograr un tribunal con cierto equilibrio ideológico. En la práctica lo que se busca es una Corte más alineada con la Casa Blanca o el mismo Capitolio. En 1801, John Adams redujo el número de miembros de seis a cinco para evitar que su sucesor, Thomas Jefferson, pudiera nombrar a su propio magistrado. Poco después, el Congreso incrementó de cinco a siete el número de asientos. Andrew Jackson sumó dos más hasta conformar un Tribunal con nueve sillas. Más tarde, Lincoln añadiría una más; mientras que su sucesor, Andrew Johnson, volvería a reducir la alineación a siete, hasta que el mencionado Grant conformara los nueve actuales. 

La posibilidad de sumar nuevos jueces al actual SCOTUS, es algo que cuenta con la oposición frontal del GOP, muy cómodo con la situación actual, mientras que tampoco se ve claro en los círculos de poder más cercanos al presidente. No tanto por su problemática, es completamente legal y hay precedentes, sino porque supondría que la Administración Biden abriera un nuevo frente de batalla –sin cuartel y a todos los niveles, Partido Demócrata incluido–, y con la cita electoral de las elecciones de medio mandato –legislativas– el próximo noviembre. 

El enfrentamiento más sonado entre SCOTUS y la Casa Blanca data de 1933. EE.UU. vivía inmerso en la Gran Depresión y el entonces presidente, Franklin Delano Roosevelt, puso encima de la mesa su primer New Deal, la mayor expansión del Gobierno Federal de la historia de EE.UU. hasta la fecha. Su agenda populista(como fue calificada entonces, algunos dirían hoy socialista) chocó con la oposición frontal de un Tribunal muy conservador y receloso de un poder de Washington en expansión a costa del de los Estados. Todas las iniciativas contenidas en aquel primer New Deal fueron tumbadas por los togados, una tras otra. SCOTUS acababa de mudarse a su nueva y flamante sede y, en 1935, en un editorial publicado por The New Yorker se podía leer: “el nuevo edificio [de SCOTUS] dispone de unas grandes y maravillosas ventanas desde las que arrojar el New Deal”. 

Lo que nadie podría sospechar es que EE.UU. podría regresar a un tiempo en el que una mujer debía jugarse la vida en la clandestinidad si decidía no ser madre

Franklin Delano Roosevelt decidió cambiar de estrategia y reescribir las reglas del juego: amenazó con nominar un nuevo juez por cada miembro mayor de 70 años que se negara a retirarse. Esto suponía añadir seis nuevos magistrados hasta un total de quince. Todos ellos, claro, receptivos, cuando no directamente favorables, a las políticas del presidente. No fue necesario. El Alto Tribunal aflojó, y para 1937 un segundo paquete del New Deal pasó el dictamen de SCOTUS. Fruto de aquella victoria, los ciudadanos de EE.UU. contaron por vez primera con salario mínimo federal, seguridad social (nada que ver con la española) o el derecho de los trabajadores a formar sindicatos. En los siguientes dos años, la mayor parte de los jueces más conservadores optó por retirarse y Roosevelt fue sustituyéndolos. Un nuevo SCOTUS se centraría desde entonces en el ámbito de los llamados “derechos individuales”, un rincón al que nadie había hecho demasiado caso desde el punto de vista constitucional. Este sería el germen de lo que se consumaría en los años sesenta, y cuyas bases comenzaron a asentarse en 1952 con la sentencia de Brown contra Board of Education, que supuso el inicio del fin de la segregación racial en el sistema educativo y, por extensión, en todo el país. 

El problema hoy es que Biden no es Roosevelt, y sí un presidente mucho más débil, con un partido más dividido y una oposición mucho más escorada hacia la derecha. 

No se trata del aborto, insisto. Se trata, una vez más, de derechos civiles y en último término del equilibrio de poderes entre Washington y los Estados. Un sector de la sociedad estadounidense, la ultraderecha religiosa, ha unido sus fuerzas a la élite más conservadora y libertaria a nivel económico, y ha decidido que ya basta. Que hay que poner orden en unas libertades civiles que tachan de libertinaje, contrarias incluso al modo de vida americano. El derecho al aborto es el primer asalto. 

McCorvey, la Jane Roe original, no pudo beneficiarse de su lucha: fue madre de una niña en junio de 1970 que acabaría dando en adopción. Se convirtió, sin quererlo, en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Con posterioridad cambió de idea, y se convirtió en una convencida antiabortista. Ello no impidió que su caso garantizase constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto, y el derecho de millones de mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en condiciones de legalidad y salubridad. 

“En muchas otras ocasiones, este Tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que nadie podría sospechar es que el país podría regresar en 2022 a un tiempo en el que una mujer debía cambiar de Estado o jugarse la vida y la libertad en la clandestinidad si decidía no ser madre.

Aborto y libertad para ser madre: un derecho humano, por Garbiñe Biurrun Mancisidor desde El Diario

La filtración hace unos días de un borrador de la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha causado un revuelo lógico y una indignación mayúscula. No sabemos cuál será la decisión definitiva, que parece se conocerá en el próximo mes de junio, pero, en todo caso, sigue siendo necesario mantener abierto este debate en torno al derecho al aborto.

Parece ser que, según ese borrador, a tenor de algunos medios, la Constitución de los Estados Unidos no contiene ninguna referencia expresa al aborto ni este está protegido tampoco de manera implícita por el texto constitucional. Puede que así sea, no lo sé. No conozco el Derecho de ese país, pero defiendo que hay base suficiente en el Derecho Internacional para sostener que el aborto es un derecho humano, ya que, como ahora expresaré, poder abortar libremente y con seguridad es imprescindible para la realización de otros derechos humanos de las mujeres. 

Ciertamente, no puede negarse que muchos derechos de las personas y, por tanto, de las mujeres, como el derecho a vida, a la libertad, a la seguridad, a la no discriminación, a la salud y el bienestar y a la asistencia médica, entre otros, no podrían ser garantizados ni realizados sin el reconocimiento del derecho al aborto.

No se olvide, en este sentido, que muchas mujeres que se enfrentan a una maternidad no deseada por múltiples razones y que deciden abortar se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad, por lo que precisan especialmente de la protección y seguridad por parte de los Estados.

Y, cualquiera que sea la decisión de cada Estado –y son demasiados los que prohíben y persiguen el aborto o lo restringen gravemente–, ha de ponerse de manifiesto la existencia de mecanismos internacionales que se han pronunciado a favor del reconocimiento de este derecho.

El Comité de Derechos Humanos  –CDH– y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer –CEDAW–, órganos de la ONU, han subrayado repetidamente su preocupación por la relación entre las leyes que restringen el aborto, el aborto clandestino y los graves riesgos para la vida de las mujeres, y han recomendado la revisión o enmienda de las normas que lo penalizan o limitan. Así, el CDH, en una resolución de 2005, que decidió a favor de una joven de Perú de 17 años de edad para facilitarle el acceso a un aborto legal, declaró que negar tal acceso viola los derechos humanos más básicos de las mujeres. Tal como lo han hecho también otros órganos internacionales y personas expertas de la ONU, que han señalado que la mortalidad materna provocada por abortos clandestinos vulnera los derechos humanos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación.

Y el último Informe del Fondo de Población de Naciones Unidas –UNFPA– ha resaltado que más del 60% de los embarazos no deseados terminan en aborto y que el 45% de los abortos en el mundo son inseguros y producen el 13% de todas las muertes maternas, lo que entiende pone en riesgo la capacidad del mundo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En nuestro entorno sociopolítico hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH– que se hacen eco del consenso de la mayor parte de los Estados que forman el Consejo de Europa sobre la admisión del aborto y advierte que las leyes restrictivas dificultan incluso realizar abortos legales. Y, en relación con el derecho a la vida del “nasciturus”, esto es, del feto o ser no nacido, siendo una cuestión enormemente complicada, el TEDH ha valorado el sentir de la sociedad y también opiniones expertas, y ha entendido que la protección de la vida del no nacido no es absoluta ni es de menor rango el derecho de la futura madre al respeto a su vida privada.

También la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ya en 2008, mostró su preocupación ante el hecho de que en muchos países europeos en los que se permite el aborto se impone tal número de condiciones que restringen el acceso efectivo a un aborto seguro –sanitaria y jurídicamente–, asequible, aceptable y apropiado, así como los efectos discriminatorios de tales restricciones dado que las mujeres mejor informadas y con más recursos económicos podrán obtener abortos legales y seguros con mayor facilidad que las mujeres en situación más desfavorecida.

Y también ha intervenido en este debate el Parlamento Europeo que, en una Resolución de 24 de junio de 2021, ha reiterado que el aborto debe ser una decisión voluntaria, instando a los Estados miembros a despenalizar el aborto y a garantizar el acceso universal a una práctica segura y legal y el respeto del derecho a la libertad, a la intimidad y a la mejor atención sanitaria posible. Lo que ha reiterado en enero de 2022, con el apoyo de 5 de los 7 grupos parlamentarios, incluyendo el Partido Popular Europeo, mostrándose en contra el grupo de los Conservadores y el de Identidad y Democracia. En esta última ocasión el Parlamento pone de manifiesto que ello es imprescindible desde el punto de vista de los derechos a la vida y la salud, pues se calcula que se practican alrededor de 25 millones de abortos cada año en el mundo de manera insegura, con miles de mujeres muertas, y también desde la consideración del derecho a la autodeterminación de las personas.

Sin olvidar posiciones políticas, como la del Presidente francés, Macron, que, en el marco del debate sobre esta cuestión de enero de 2022, en su intervención ante el Parlamento Europeo, ha instado a incluir el derecho al aborto como un derecho fundamental de la UE.

Y ya más cerca, aquí, en España, donde el aborto está actualmente regulado por la Ley Orgánica 2/2010, en términos ya conocidos, esperamos la decisión del Tribunal Constitucional al recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Partido Popular contra varios de sus preceptos. Una decisión que, tras once años de espera incomprensible y vergonzosa, se anuncia próxima. Es de considerar que el TC entenderá que la norma es plenamente constitucional, al menos en sus aspectos más relevantes, pues si decidiera lo contrario, esto es, si entendiera, por ejemplo, que abortar en las primeras catorce semanas de embarazo por libre decisión materna fuera contrario al derecho a la vida del ser no nacido, ¿quién explicará lo que durante todo este tiempo ha estado ocurriendo y todas las “muertes” así provocadas? He dicho que la espera está siendo incomprensible y vergonzosa, sí, y añado que también es de una gran cobardía, por no enfrentarse debidamente a la decisión, sea esta la que sea y la que corresponda.

En todo caso, hay normas y decisiones en el ámbito comunitario e internacional que habrán de ser respetadas por España en la línea antes referida. A ellas me remito.

Manual para proteger el derecho al aborto en EEUU pese al borrador del Supremo · por Rebecca Solnit desde El Diario

¿Cómo se eliminan los derechos más preciados? La mejor estrategia es poco a poco y sin movimientos bruscos. La muerte por mil y un cortes. Así es como atentaban los republicanos contra el derecho al voto hasta hace poco, cuando el resto de nosotros reaccionamos y empezamos a prestar atención al impacto que habían tenido las leyes de identificación de votantes, el cierre de colegios electorales, las restricciones al voto por correo y un montón de otras medidas.

Los derechos reproductivos llevan más de 30 años bajo asedio. Por un lado, debido al accionar terrorista de la derecha contra los centros que practicaban abortos durante toda la década de los 90 (y hasta hace tan poco como 2015 en Colorado Springs). Pero también ha habido una especie de táctica de desgaste con medidas que dificultaban el acceso al aborto como el cierre de clínicas y la reducción del número máximo de semanas de gestación.

La anulación del precedente Roe contra Wade pone en jaque toda esta táctica de sigilo y gradualismo. A juzgar por la reacción que ha provocado el borrador del Tribunal Supremo de EEUU, que lo derogaría cuando se publique oficialmente, podríamos estar ante el tipo de extralimitación que genera una respuesta negativa. Después de todo, una gran mayoría de los estadounidenses apoya la libertad de elegir.

Hay muchos tipos de medidas posibles para reaccionar ante esta probable anulación de un derecho fundamental para nuestra intimidad y para la autodeterminación sobre nuestros cuerpos (y es extremadamente paradójico que un tribunal que quiere definir políticas que rigen sobre los úteros de personas de todo el país se sienta profanado ahora que la filtración del borrador ha expuesto su funcionamiento interno).

Ya está en marcha la asistencia inmediata a las personas pobres y a las que carecen de libertad, que serán las más afectadas. Por carentes de libertad me refiero a las personas dominadas por una pareja, una familia, una iglesia o un entorno hostil. Hay gente organizándose para ofrecer viajes a clínicas abortistas a las personas que estén lejos de ellas, así como para facilitarles el acceso a píldoras abortivas y otras formas de apoyo.

Pero cuando hablo de reacción negativa estoy imaginando, y deseando, una reacción similar a la que en 2016 provocaron la elección de Trump y los atropellos que siguieron. Estoy pensando en la recuperación de la mayoría demócrata en las elecciones de 2018 a la Cámara de Representantes, y en la llegada a esa cámara baja de las integrantes de la llamada Brigada (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley…), entre otros políticos de corte progresista. Si hubiera mayoría Demócrata en las dos cámaras, el aborto podría convertirse en un derecho garantizado por ley. Vale la pena recordar que entre los países que así lo hicieron en los últimos años figuran MéxicoIrlanda y Argentina.

Unirse ante una derecha aislada

Lo que llama la atención en esta ocasión en EEUU es que tanto la agenda conservadora como la respuesta que provoca son capaces de formar coaliciones poderosas. En la década de los noventa, el activismo por los derechos humanos estaba compartimentado. Aunque los que apoyaban los derechos LGTB, los derechos reproductivos y la justicia racial podían ser los mismos votantes y políticos, cada uno de los temas tenía su propia campaña y rara vez se hablaba de los denominadores comunes.

“Primero vinieron por los derechos reproductivos (obtenidos con el precedente del caso Roe contra Wade, 1973) y no importa si no tienes útero”, escribí hace unos días cuando se dio a conocer el borrador del Tribunal Supremo. “Luego vendrán a por el derecho al matrimonio homosexual (Obergefell contra Hodges, 2015); a por el derecho de los adultos del mismo género a tener relaciones sexuales consentidas (Lawrence contra Texas, 2003); y a por el derecho al uso de anticonceptivos (Griswold contra Connecticut, 1965). La verdad es que no importa si vienen a por ti, porque vienen a por todos nosotros”.

En estos días, en ese “nosotros” entra casi todo el mundo salvo los varones blancos cristianos heterosexuales y de derechas. Están construyendo una gran masa de opositores y depende de nosotros que ese sea su error fatal.

Todo está interconectado. Los políticos de derechas no estarían gobernando Texas si el estado no hubiera suprimido tan eficazmente el derecho al voto. El estado de Texas, que ahora lidera los ataques al aborto y a los derechos de las personas trans, podría tener como gobernador al demócrata Beto O’Rourke en noviembre si la participación de los votantes no republicanos logra sobreponerse a las limitaciones impuestas al voto. Como tuiteó el propio O’Rourke, “si quieren que los estados decidan, entonces debemos nombrar a un gobernador que proteja el derecho de la mujer al aborto”.

A medida que el conjunto de la sociedad estadounidense se vuelve más progresista y menos blanca, la derecha representa a una minoría cada vez más reducida. Ellos lo saben y han hecho una apuesta desesperada: gobernar con el poder de la minoría y en beneficio de unos pocos. De ahí que suprimir el derecho al voto sea tan crucial en su programa.

Aunque en el largo plazo no pueden ganar, el daño que mientras tanto pueden provocar en muchas vidas y en el equilibrio climático del planeta es inmenso. La filtración del borrador del Tribunal Supremo debería reforzar nuestra determinación de resistir. Recordemos nuestro poder y reforcemos nuestras alianzas ganando elecciones y manteniendo la vista en el trofeo.

Mi apoyo al acceso al aborto contiene todo mi amor por mi hija · por Leslie Jameson desde El País

Pocos minutos después de escuchar la noticia de la filtración de un borrador del Tribunal Supremo sobre la probable derogación de la decisión Roe vs. Wade que ha garantizado el derecho al aborto durante casi 50 años en Estados Unidos, oí a mi hija llorar en su habitación. Se había despertado de un mal sueño. Además, necesitaba hacer pis. La cogí de la mano mientras ella avanzaba a trompicones por el pasillo hacia el baño diciendo: “Llévame en brazos, mamá. Llévame en brazos”. Y luego, “tráeme en brazos”.

Cuidar de mi hija esa noche, literalmente cargar con mi hija esa noche, no me pareció una distracción de la noticia, sino una reiteración de por qué era importante. Esto es lo que significa cuidar de un niño: es un trabajo, todos los días, y todas las noches. Es magnífico, y transformador; nada iguala la alegría de ver a mi hija explorando y rehaciendo el mundo, convirtiendo una caja de cartón en el inframundo de la mitología griega, o colocando un pequeño grupo de gusanos en el asiento de su bicicleta y gritando “¡Se van de viaje!”. Pero la crianza de los hijos cambia completamente los pilares básicos de la experiencia: tiempo, sueño, dinero, soledad. En otras palabras: cada momento del cuidado de los hijos —cada hora, cada día— es un argumento de por qué es importante que la maternidad y la paternidad sean una elección. El aborto no tiene que ver únicamente con el embarazo o el parto; tiene que ver con toda esa vida que le sigue: una vida de responsabilidad absoluta, sin paliativos, sin interrupciones; y también con la vida del niño.

Cuando aborté a los 24 años, no entendía qué era la maternidad, pero comprendía que no estaba preparada para ser madre. O, al menos, comprendía que, en ese momento de mi vida, no quería serlo. Cuando me senté en un retrete y miré el resultado positivo de mi prueba de embarazo, sentí una extraña y vertiginosa emoción por el hecho de que mi cuerpo fuera capaz de portar un feto; pero esa emoción iba unida a otra sensación de conciencia de mí misma: que todavía no estaba preparada para ser la madre del niño en el que ese feto podría convertirse. Ahora que soy madre, mi creencia en la importancia de garantizar el acceso al aborto no se ha visto socavada por la maternidad, sino justamente lo contrario. Mi apoyo a garantizar el acceso al aborto contiene todo mi amor por mi hija; contiene todo mi conocimiento sobre lo que significa cuidar de ella.

Cuando pienso en la posibilidad de que se derogue el caso Roe v. Wade, no me planteo qué habría pasado si yo no hubiera tenido acceso a un aborto, porque sé que no soy la persona más vulnerable a las formas en que se limitaría el acceso. Sister Song, una organización sin ánimo de lucro ubicada en el Sur y dirigida por mujeres de color, define la justicia reproductiva como un movimiento “sobre el acceso, no sobre la elección” en varios sentidos: “Incluso cuando el aborto es legal, muchas mujeres de color no pueden costeárselo, o no pueden viajar centenares de kilómetros hasta la clínica más cercana”, y, más allá del aborto, la justicia implica el acceso a la atención reproductiva y el apoyo doméstico. Conlleva el acceso a los anticonceptivos, a la educación sexual, a la atención prenatal, a los salarios dignos y a guarderías asequibles.

Convertirme en madre no ha hecho más que reafirmar mi convicción sobre la importancia que tiene pensar en la justicia reproductiva en estos términos más amplios: luchar para ampliar no solo el acceso al aborto, sino el acceso a todo tipo de atención reproductiva, como el tipo de atención médica que garantizó el parto seguro de mi hija mediante una cesárea de emergencia. La derogación de Roe v. Wade profundizaría la restricción y agrandaría las desigualdades en un contexto que ya se define por la restricción y la desigualdad, creando a efectos prácticos lo que el Centro para los Derechos Reproductivos llama “desiertos sin aborto” y “refugios con aborto”. Convertiría a Estados Unidos en una versión más intensa de lo que ya es: un lugar de injusticia reproductiva.

Al entrar en la Clínica de Planificación Familiar en la que aborté, pasé delante del par de manifestantes con quienes me cruzaba casi todos los días en mi trayecto matutino: estaban casi permanentemente sentadas en sus sillas de jardín, con sus macabras fotos de fetos destrozados. Hasta esa mañana, había sentido un extraño tipo de afecto por estas dos asiduas. Creían en aquello por lo que luchaban, pensé. Aunque yo pensara algo diferente. Pero aquel día, cuando se les unieron otros manifestantes —era viernes, el día de la semana en el que esa clínica realizaba todos sus abortos— no sentí ningún afecto por ellas. Pensé en cómo hacían que se sintieran las mujeres que acudían a esa clínica para abortar: juzgadas, amedrentadas y acosadas por unas extrañas que blandían su pétrea concepción de la moralidad como un arma contundente. Caí en la cuenta de que, cuando miraba fijamente a los ojos de una manifestante abortista que gritaba a las pacientes que entraban en la clínica, no éramos “simplemente dos personas”, como a veces me gusta pensar, cada una de las cuales alberga una conciencia humana diferente e infinita en su interior, sino que formábamos parte de algo mucho más grande que cualquiera de nosotros.

Justicia reproductiva

El aborto siempre ha sido el punto más visible del panorama más amplio de la justicia reproductiva: ¿quién tiene acceso a la atención sanitaria? ¿Quién no? ¿Qué cuerpos se consideran dignos de atención? ¿De qué modo los siglos de racismo sistémico han estructurado las formas en que algunas personas son consideradas más merecedoras de cuidados? Obligar a las mujeres y a la gente que ayuda en los partos a traer una vida al mundo en un entorno en el que el acceso a la atención médica ya es tan desigual, y el coste de la atención médica ya está tan desigualmente distribuido, ahonda y perpetúa de hecho la injusticia sistémica profundamente arraigada desde hace siglos.

Enfrentarse a la posible derogación de Roe v. Wade nos insta a reconocer que Roe v. Wade nunca ha sido suficiente. Enfrentarse a la posible derogación de Roe v. Wade exige que consideremos el derecho a acceder al aborto dentro de un panorama mucho más amplio de injusticia reproductiva, en el que las mujeres de color y otras poblaciones marginadas habitualmente tienen menos posibilidades de acceder a la atención reproductiva. En una respuesta reciente a la filtración del Tribunal Supremo en Harper’s Bazaar, Anoa Changa —una periodista negra que vive y trabaja en el sur de Estados Unidos, una de las regiones que se vería más afectada por la derogación del caso Roe contra Wade— pide “un enfoque amplio para la cuestión de la libertad reproductiva [que] nos recuerde que, a pesar de ser necesario, Roe contra Wade siempre ha sido solo la base”.

Detrás de palabras clave conservadoras como “viabilidad”, “familia” y “provida” se esconden profundos ataques contra la vida y las familias desde todos los frentes. Restringir el acceso al aborto es un asalto a la vida de cualquiera que se enfrente a la decisión de tener hijos; y es un asalto a la vida de los hijos que podrían tener o que ya tienen. Las fuerzas conservadoras que se autodenominan “provida” también han sido responsables de amparar el derecho a la tenencia de armas, propiciando miles de muertes relacionadas con las mismas cada año; una cifra que sigue creciendo, ya que los tiroteos masivos en Estados Unidos se han convertido en un horror cada vez más normal. El día después de la filtración de la decisión, Nelba Marquez-Greene, cuya hija Ana Grace murió en el tiroteo masivo en la escuela de enseñanza primaria Sandy Hook en 2012, tuiteaba: “He tenido dos hijos y una murió en un baño acribillada a balazos. Y todos los días, más de 100 personas se unen a mí. Sigo sin estar convencida de que lo que este país quiere es preservar ‘la familia’ o proteger a los niños. Nada convencida”.

Mientras los estadounidenses celebran el Día de la Madre, ni siquiera una semana después de la filtración del borrador de opinión, pienso en la manera tan diferente en que ejerzo de madre de mi propia hija, habiendo tenido acceso a todo tipo de atención reproductiva a lo largo de mi vida —incluidos los anticonceptivos, la anticoncepción de emergencia y un aborto a los 24 años— y en lo mucho que esa atención es fruto de un privilegio. Pero no debería sentirme “agradecida” por ello (como me siento), porque la atención es un derecho, no un privilegio; debería estar no solo disponible sino activamente accesible para todos. Si volviera a encontrarme con esas manifestantes, sentadas en sus sillas de jardín frente a la Clínica de Planificación Familiar de Connecticut, no les diría: “Entiendo que creáis en aquello por lo que lucháis”. Les diría: “¿Entendéis lo que está en juego en aquello contra lo que lucháis?”.

El aborto y la guerra contra la democracia · por Marian Martínez-Bascuñán desde El País

Una de las cosas más interesantes de la previsible reversión del derecho al aborto a cargo del Tribunal Supremo de EE UU es la paradoja de que dicho país esté ayudando al pueblo ucranio a determinar su futuro en libertad, celebrando que quiera vivir en democracia, mientras se alinea con países como Polonia, Honduras o Nicaragua en el desafío a los derechos de las mujeres. Desde luego, parece complicado erigirse en defensor del globalismo democrático y enmarcar el mundo moderno en una batalla maniquea entre democracias y autocracias, como hace Biden, mientras se atacan libertades en tu propio país. Quizás porque, a la postre, nos fijamos demasiado en esas etiquetas que nos orientan para entender lo que ocurre, mientras obviamos la existencia de una visión del mundo compartida por Trump, Putin o Bolsonaro. Lo que une a estos “hombres fuertes” de países aparentemente tan distintos es una estructura ideológica profunda y la intención de exportarla más allá de sus fronteras, con independencia del tipo de régimen político del que hablemos.

Por eso es importante que dejemos de ver el asalto a los derechos de las mujeres como una cuestión que solo nos atañe a nosotras: nos jugamos mucho en esta guerra soterrada lanzada por un ubicuo movimiento reaccionario contra los ideales que sostienen la cultura democrática de Occidente. El largo desafío de la democracia hacia las formas tradicionales de autoridad, simbolizadas por las tres viejas instituciones (familia, moral y nación), es contestado por la ofensiva de los republicanos contra los derechos de las mujeres y las minorías sexuales o étnicas, alineados con el temor de Putin a que la influencia “feminizante” de Occidente tome Rusia a través de la aspiración democrática ucrania. Las violaciones de mujeres ucranias por parte del Ejército ruso no solo obedecen a un intento deliberado de intimidar a la población, como bien señala Christina Lamb, la autora de Our Bodies Their Battlefield: What War Does to Women; son también un arma pensada para acabar con quienes ven como “los otros”. Por eso, la defensora del pueblo ucrania contaba cómo los violadores explicaban a las 25 mujeres y niñas retenidas y brutalmente violentadas en Bucha que serían violadas “hasta el punto de no querer tener contacto sexual con ningún otro hombre, para evitar que tengan hijos ucranios”.

Este autoritarismo sexual conforma un programa de universalización reaccionaria fundado sobre ideales concretos sobre el género, la raza, la nación, la moral y la forma de ejercer el poder. Y no es casualidad que este programa se sienta amenazado por el poder económico y político de las mujeres, y desde luego por su libertad sexual. Como dice Seyla Benhabid, es la mayor transformación de nuestro tiempo: la contrarrevolución antiilustrada que pretende socavar nuestros ideales. Lo dramático es que, mientras la izquierda renuncia al universalismo de los derechos, la reacción tiene muy claro cuál es el camino.

Nueva York se ofrece como refugio a las mujeres de EE UU que no puedan abortar en sus Estados · por Maria Antonio Sánchez Vallejo desde El País

Una marea verde ha inundado esta semana el corazón de Nueva York. Convocadas por redes sociales, muchas vestidas del color con que se identifica la movilización proaborto en el mundo, decenas de miles de mujeres —y bastantes hombres— se manifestaron el martes y el miércoles contra la intención del Tribunal Supremo de EE UU de derogar la doctrina que hace 50 años garantizó la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Pero no solo eso: también subrayaron la necesidad de consagrar Nueva York como refugio para las mujeres que no puedan abortar en sus Estados. De confirmarse el fin de Roe vs. Wade, Nueva York se convertiría en el Estado más cercano donde poder abortar para entre 190.000 y 280.000 mujeres de otros territorios, según cálculos de los legisladores estatales. Un eventual aluvión de llegadas plantea la pertinencia de una mayor financiación. Sociedad civil e instituciones, de la mano, dan la batalla.

Nueva York ha sido vanguardia en la defensa de los derechos de salud reproductiva de las mujeres. En 1970, tres años antes de que el Supremo sentara el precedente de Roe vs. Wade, el Estado legalizó la interrupción voluntaria del embarazo, convirtiéndose en un imán para miles de estadounidenses. En 2019, fue uno de los primeros del país en codificar el derecho, además de terminar con la prohibición de abortar después de la semana 24ª. Ese mismo año, el Ayuntamiento votó a favor de financiar el Fondo de Acceso al Aborto de Nueva York (NYAAF, por sus siglas en inglés), que ayuda a las neoyorquinas de bajos ingresos y a quienes viajan desde fuera para ser intervenidas.

Ítem más, a principios de año, dos senadoras demócratas introdujeron una legislación para ampliar la cobertura del aborto en el Estado de Nueva York, que cuenta con una aceptable red de salud pública. Desde 2020, la ciudad destina 250.000 dólares al año al fondo, una cantidad que parece insuficiente ante la eventual llegada de pacientes. Si el Supremo tumba Roe vs. Wade, el acceso a la hipotética interrupción del embarazo de 36 millones de estadounidenses estaría en el aire, lo que aumentaría la presión sobre Nueva York, en una coyuntura económica delicada.

Dadas las salvaguardas legales existentes, si se confirma el fallo del Supremo, no tendría un impacto instantáneo, pero sí podría provocar cambios locales para reforzar el estatus de Nueva York como refugio. Además, subrayan las activistas, legalidad no implica necesariamente acceso cuando el coste queda por encima del derecho.

“Esta lucha está a la vuelta de la esquina”, dijo en la protesta del martes Sasha Neja Ahuja, una de las organizadoras. “No es algo de lo que los neoyorquinos puedan desviar la mirada y decir: ‘Oh, esto [solo] sucede en Texas, Alabama y Misisipi’. No podemos hacer la vista gorda ante lo que está pasando en este país. Tenemos que ser un lugar seguro para que las personas accedan a atención médica”. La activista se refería a los casos de Texas, que en septiembre introdujo la ley más restrictiva del país, y Misisipi, cuya vuelta de tuerca a la doctrina Roe vs. Wade está en el origen del filtrado borrador del Supremo. La ley de Alabama ya desafió el precedente en 2019.

“El Consistorio de Nueva York ya comenzó a financiar completamente el aborto”, sostiene Ahuja. “Ampliar la financiación es un gran paso que el Ayuntamiento puede dar fácilmente, ya que prevemos que cada vez más personas busquen acceso [al aborto] en lugares como Nueva York”.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, este martes en la protesta proaborto de Nueva York.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, este martes en la protesta proaborto de Nueva York.Jason DeCrow (AP)

Cuando no pocos subrayan la parte positiva del asunto —que el revés del Supremo dé oxígeno a los demócratas ante las complicadas elecciones de noviembre—, Nueva York se erige como anomalía ideológica y política dentro de EE UU, pero también en espejo de una desigualdad flagrante que la derogación de Roe vs. Wade pondría de manifiesto. Como recuerdan estos días las activistas, no se trata de no poder abortar, sino de poder costeárselo. Mayoritariamente demócratas, con abundante representación femenina en las instituciones (incluido el Congreso estatal), la ciudad y el Estado son un rompeolas en la defensa de los derechos civiles, por lo que la movilización social encuentra perfecto eco en la Administración, y viceversa.

“Yo también he abortado, y no me arrepiento”

En pocos lugares más de EE UU resultaría tan normal como en Nueva York escuchar decir a la fiscal general, Letitia James, micrófono en mano ante los manifestantes: “Yo también he abortado, al comienzo de mi carrera. Simplemente acudí a la clínica y lo hice, y no me arrepiento de ello. Elegí abortar y no voy a disculparme por ello”. “No vamos a dar marcha atrás”, desafió el miércoles James, de 63 años, “ningún juez del Tribunal Supremo puede dictarme a mí o a ti lo que hacer con nuestro cuerpo”. También la gobernadora, Katy Hochul, reaccionó de inmediato a la filtración con un mensaje institucional: “El derecho fundamental al aborto está siendo atacado. Estamos listos para contraatacar y dispuestos a ofrecer un lugar seguro a cualquiera que lo necesite”.

El clamor social alcanza incluso a instituciones como la Universidad de Columbia, en cuyo seno el movimiento Colectivo Justicia Reproductiva intenta convencer al rectorado de que se proporcione la píldora abortiva —el método usado en el 54% de los abortos practicados en el país— en el mismo campus, en vez de derivar a las mujeres a clínicas. “La cobertura sanitaria de las estudiantes y profesoras incluye el coste de una interrupción”, explica Rose, alumna de posgrado y miembro del colectivo, “pero con la píldora ganaríamos tiempo y transparencia, además de no colapsar servicios sanitarios que pueden verse desbordados en breve”.

El maremoto de la posible derogación de Roe vs. Wade también alcanza el mundo corporativo: numerosas empresas, incluidas algunas de las más grandes del país, como Amazon, Citigroup o Levi’s, financiarán los viajes de trabajadoras que deseen abortar. El Estado simbiótico de Nueva York, Nueva Jersey, con la tercera tasa de abortos del país, también se prepara para ello. Kaitlyn Wojtowicz, responsable de Planned Parenthood en Nueva Jersey, señala que el Estado dispone de un fondo específico y cubre la intervención gracias a Medicaid, el plan de salud pública para personas sin recursos. “Pero si alguien no está amparado por Medicaid, por ejemplo una inmigrante indocumentada, no hay cobertura posible”, señala la responsable local de la ONG. “En este momento, no hay ningún programa estatal para ayudar a alguien que llegara de otro Estado”.

Desde septiembre, cuando Texas aprobó su restrictiva ley del aborto, Nueva Jersey está registrando un número creciente de visitas, subraya Wojtowicz, “muchas desde Pensilvania por la cercanía geográfica, pero también del sur” del país, donde se concentran los Estados más restrictivos. Para hacer frente a la creciente demanda, Nueva Jersey eliminó el año pasado la norma que restringía a los médicos la práctica, ampliándola a enfermeras, practicantes y otro personal sanitario.

Cómo el caso Roe vs Wade fue decisivo para el aborto en EEUU y ahora está en peligro su derecho · por Jon Pérez del Notario

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anulará, muy probablemente, la sentencia del caso Roe versus Wade. De esto depende la protección al derecho al aborto en el país norteamericano desde 1973, pero ¿qué es el caso Roe versus Wade y por qué es decisivo para el derecho al aborto en EEUU?

En 1970, una mujer llamada Norma McCorvey (con el sobrenombre de Jane Roe en los documentos judiciales) quiso interrumpir su embarazo y abortar, poniendo un recurso contra el artículo 1.196 del Código Penal del Estado de Texas, lugar donde residía (este prohibía y castigaba con multa y cárcel el aborto, excepto si era para salvar la vida de la madre).

Henry Wade, fiscal de distrito del condado de Dallas, representó a Texas durante el proceso, que pasó a ser conocido como Roe versus Wade. El Tribunal del distrito falló a favor de la denunciante en este caso concreto, pero no se pronunció sobre el derecho al aborto en general.

En 1971 el recurso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero dicho veredicto tardaría dos años en llegar. El 22 de enero de 1973, el máximo Tribunal dictaminó, por 7 votos a favor y 2 en contra, que la ley de Texas era inconstitucional. Para ello se basó en el derecho constitucional a la privacidad de la Decimocuarta Enmienda, para incluir la decisión de una mujer sobre si desea o no interrumpir su embarazo.

De esta manera, el Tribunal Supremo reconoció por primera vez el derecho a abortar sin restricciones durante el primer trimestre de embarazo, sentando un precedente que sigue vigente, o al menos por el momento.

La decisión del máximo tribunal anuló muchas otras leyes estatales y federales relativas a la suspensión voluntaria del embarazo, por lo que quedo protegido como un derecho constitucional. Aunque bien es cierto que el Tribunal Supremo ha hecho alguna modificación al caso de Roe versus Wade, ha seguido respaldando el derecho al aborto, lo que ha hecho que la ley se mantenga estable porque ningún tribunal de corte inferior puede modificar o revertir esta situación.

Los jueces conservadores del Supremo dicen ahora que la decisión de Roe vs Wade fue “equivocada”, y añade que “es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. En concreto son nueve jueces, de los cuales cinco son conservadores y apoyarían este cambio

Por qué cambia ahora

Cuando Donald Trump fue presidente entre 2017 y 2021 desechó el equilibrio 5-4 de los jueces del Supremo nombrando a Brett Kavanaugh y a Amy Coney Barrett en sustitución del moderado Anthony Kennedy y de la progresista Ruth Bader Ginsburg. Ambos nombramientos fueron muy polémicos: el del primero por haber sido acusado de abuso sexual por varias mujeres y la segunda por su conservadurismo ultrarreligioso.

La situación ha cambiado ahora porque el Tribunal Supremo ha admitido un recurso contra la anulación de un tribunal federal de la ley del aborto de Misisipi, que prohíbe prácticamente cualquier interrupción voluntaria del embarazo a partir de la semana 15 de gestación. De esta manera, el máximo Tribunal estadounidense podría aprobar revisar el fallo de Roe versus Wade, lo que ha derivado en la situación actual.

Si finalmente acaba siendo anulada la sentencia de Roe versus Wade, los Estados legislarían restrictivamente sobre ello. Según Axios, en 13 de los 50 Estados se prohibiría el aborto, mientras que en otros 18 se modificaría:

Si efectivamente la Corte de EEUU revoca el falle Roe vs. Wade -como seguramente pasará- el aborto podría pasar a ser ilegal en 13 estados, especialmente en el Sur del país. Así lo muestra el gráfico de AXIOS 👇 pic.twitter.com/k4Jy2EVAAi — Lucio Garriga Olmo (@lucio_garrigao) May 3, 2022 

Esto derivaría en un problema muy serio, ya que antes de la despenalización del aborto se producían entre 200.000 y 1.200.000 abortos clandestinos anualmente, según estima la organización Planned Parenthood. Los abortos clandestinos eran (y siguen siendo) muy peligrosos, ya que el 17% de todas las muertes por embarazos y partos eran consecuencia de un aborto ilegal en los años 60.

¿Qué dice el gobierno?

Desde la presidencia del GobiernoJoe Biden explicó mediante un comunicado que responderían si el Supremo finalmente deroga el derecho al aborto en lo que consideran un “ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”. Kamala Harris, vicepresidenta de los EEUU, aseguró que “Es hora de luchar por las mujeres y por nuestro país con todo lo que tenemos”.

Gritar por el derecho constitucional a abortar, una necesidad vital: “We won’t go back!” · por Ruth Rubio desde El Diario

En estos meses neoyorquinos en los que el bicho tiene alterados los patrones de socialización de la ciudad, ya de por sí complicados, me he aficionado a las audionovelas. Y fue así cómo venía yo el lunes descendiendo por la quinta avenida, desde la maravillosa sede de la biblioteca pública de Nueva York en la 42, escuchando A room of one´s own de Virginia Woolf, justo después de haberme detenido a contemplar el bastón que usó la escritora y que apareció flotando el día de su suicidio, en 1941, en el río Ouse, y algunos trozos del manuscrito de su famosa novela Mrs Dalloway, entre la colección de objetos, auténticos tesoros, que la biblioteca exhibe estos meses en su exposición Treasures.

En su ensayo publicado en 1929, que funde las conferencias que la autora dictara en sendas universidades británicas y que reflexionan sobre la mujer y la escritura, Woolf deplora, con una modernidad que a mí me resultaba hiriente, las dificultades que habían tenido, a lo largo de la historia, las personas de mi sexo para explorar sus talentos literarios y para encontrar en la literatura un registro de voz propio. Dificultades asociadas a la falta de recursos y autonomía económica; a la falta de un espacio de intimidad desde el que escribir; a la escasa posibilidad de acumular experiencias vitales que luego plasmar en papel; a la imposibilidad de retratarse, sino a través de la mirada del hombre; a la ausencia de modelos femeninos que emular, y por supuesto, a la imposibilidad de librarse de la maternidad normativa que desde siempre ha obligado a la mujer a entenderse a sí misma por encima de todo como esposa y madre, impidiéndole decidir si éste, u otro, debía ser su destino principal, o incluso, de cómo, a qué ritmo, y en qué dosis compaginar los distintos destinos que para si tuviera. Deplora también la autora, y esto me dejó bastante inquieta, el que el odio y la rabia de la mujer por la injusticia en sus carnes, privara, a muchas de las pocas que se habían atrevido a pesar de todo a vincular sus destinos a la pluma, de una voz serena, sin prejuicio, y sobre todo de una paleta amplia de temáticas que permitiera a su obra trascender su propio drama personal y abarcar la rica gama del conocimiento y de la psique humana.

Con estos pensamientos andaba yo cuando me acosté el lunes solo para despertar el martes con un número inusual de whatsapps en mi móvil. Europa va por delante, así que amanecer a la ristra de mensajes (comentaba el otro día con un compatriota con quien comparto barrio aquí) no es inusual. Pero esa mañana… Lina, Dorothy, Stefano… y muchos más… ¡no era normal! Eran mensajes de preocupación de quienes saben a qué dedico mis investigaciones académicas y en cierto sentido, mi vida; mensajes de quienes dedican la suya a la misma o similar empresa. La prensa ya se había hecho eco y Europa hablaba de ello. Se había filtrado a través del periódico Politico el borrador de la sentencia que, de la pluma del juez Alito, habría de apuntillar el precedente Roe v Wade, esa sentencia que casi cincuenta años atrás, en 1973, reconociera que el derecho a la intimidad abarca la libertad de las mujeres de decidir antes del momento de viabilidad del feto, si quieren o no, ser madres o prefieren interrumpir su embarazo.

“¿Tendremos que hacer algo, no?”, me decía Stephanie en uno de los mensajes refiriéndose, supongo, a escribir algo al respecto. “¡Por supuesto!”, respondía yo. “Yo de momento buscar un lugar para ir a gritar a la calle, preferiblemente en compañía”. Yo llevaba tiempo escribiendo, también en las páginas de este periódico, acerca del asunto, vaticinando lo peor. Aquel era el día de gritar, no de escribir. Y la convocatoria, según supe poco después, sería a las 5 de la tarde en Foley Square, en el bajo Manhattan.

Hacia allí me dirigí y allí grité a mis anchas pues, para mi sorpresa, en medio de la multitud, un grupo de manifestantes ocurrentes (una disfrazada de vagina dirigía la operación) habían decidido ubicar un “puesto principal de gritos” para que, quienes quisieran, pudieran aliviar sus pulmones ante las imágenes de los cinco jueces que parecen haber dictado la sentencia de muerte de Roe, ante pancartas que mostraban sus cabezas en enorme tamaño. Cinco jueces, cuatro hombres y solo una mujer, tres de ellos nombrados por Trump, sin escatimar trampas; dos de ellos con alegaciones serias o demostrado historial de abuso sexual… cuatro hombres que nunca se verían en la tesitura de un embarazo no deseado estaban a punto de darle un manotazo fatal a la que, junto a Brown vs. Board of Education (la sentencia que abolió la segregación racial) tal vez sea la más famosa de la historia de la Corte Suprema y de condicionar con ello el destino de millones de mujeres en el país. Desde luego, razones había para gritar.

Hay quienes piensan justo lo contrario: que la filtración servirá fundamentalmente para amortiguar el golpe final de forma que cuando llegue la esperada sentencia, en unas semanas, la ciudadanía la asuma con mayor resignación

De momento, gran parte del nerviosismo político reflejado en prensa parece deberse a la filtración en sí, pues constituye un hecho inédito en la historia de la Corte. Hay quienes opinan que la filtración busca un clamor popular que fuerce una postura más moderada que la que se expresa en el texto filtrado y haga que el presidente del Tribunal, el juez Robertson, también conservador pero de tendencia más moderada, logre convencer a alguno de los cinco colegas para que, sin necesidad de dar al traste con el precedente, se logre una argumentación que, con todo, salve, la constitucionalidad de la ley cuestionada: la Ley de Mississipi que limita el derecho a abortar a las primeras 15 semanas de embarazo, salvo por motivos médicos (¡y sin excepción referida al embarazo producto de una violación!), rebajando pues el plazo de las 23 semanas en que aproximadamente se ubica la viabilidad del feto fuera del seno materno. Hay quienes piensan justo lo contrario: que para dar muestra de independencia y de fortaleza la postura conservadora no tendrá ahora más remedio que unirse en torno a las tesis que ya han visto la luz del día y que, en realidad, la filtración servirá fundamentalmente para amortiguar el golpe final de forma que cuando llegue la esperada sentencia, en unas semanas, la ciudadanía la asuma con mayor resignación. El presidente de la Corte desde luego sabe que, sea como fuere, un incidente así aumenta el desprestigio de una institución que ya está en sus mínimos de popularidad y promete una investigación a fondo para desvelar al infractor.

De caer Roe, cada Estado se vería libre para regular en la materia; se calcula que 25 Estados anularían totalmente o endurecerían seriamente la posibilidad de abortar

Pero nuestros gritos en Foley Square, en Manhattan, el martes por la tarde, así como los de las muchas manifestaciones que se dieron en otras partes del país ese día, iban sobre todo a la sustancia. Y yo diría que las pancartas, las proclamas, los cánticos y los discursos que allí dieron activistas y miembros de la administración local iban en dos direcciones. Por un lado, estaba el temor de lo que efectivamente puede significar la sentencia. De caer Roe, cada Estado se vería libre para regular en la materia; se calcula que 25 Estados anularían totalmente o endurecerían seriamente la posibilidad de abortar; y se agravaría el escenario ya actual, en virtud del cual el peso de las restricciones cae de forma indefectible sobre la población más vulnerable, la población pobre, las inmigrantes ilegales, las adolescentes, las negras que son quienes tienen más dificultad para trasladarse a los pocos centros que quedan abiertos en los Estados conservadores y que tendrían que recorrer distancias aún mayores, una vez cerrados estos, hasta llegar a los Estados contiguos para poder abortar. Por eso, algunas de las pancartas rezaban “El aborto es un tema de justicia social” o “La justicia reproductiva es una guerra de clases” y muchas voces desde el estrado de los discursos animaban a la ciudad y al Estado demócrata de Nueva York a solidarizarse con las hermanas del sur y del centro del país, ofreciendo un puerto seguro a quienes lo necesitaran y animando a donar y a alimentar las filas de voluntariado entre los asistentes.

Sin embargo, muchas de las pancartas y voces no parecían tan destinadas a los efectos prácticos de la posible sentencia, tal vez porque la medicación antiabortiva que ahora existe pero no existía en los tiempos de Roe, abre la vía de un tráfico ilegal pero difícilmente controlable a las mujeres que desde cualquier lugar de la geografía quieran abortar de forma segura en sus casas, haciendo de las perchas de las que se valían sus madres y abuelas en abortos caseros clandestinos y peligrosos, y que algunos manifestantes recordaban en sus pancartas con expresiones de rechazo y gotas de sangre, un símbolo de difícil réplica en el presente. Tal vez porque la realidad del país ya se caracteriza por una enorme disparidad regional en términos de acceso al aborto gracias a leyes que no lo han anulado pero que progresivamente lo han ido haciendo de más difícil acceso.Muchas de las pancartas y de los gritos se referían al registro simbólico y aludían a la autonomía y a la libertad de las mujeres. “Mi cuerpo, mi decisión”; “Soy una persona, no un útero”; “Saca tus manos de mi cuerpo”; “Saca tu rosario de mis ovarios”; “Si hubiera querido un hijo del gobierno, me hubiera follado a un senador”; “¡Respeta la decisión de las mujeres!, ¿qué tan jodidamente complicado es eso de entender?”; “La decisión más difícil que tiene que tomar una mujer no te corresponde a ”ti“; ”Desear sexo no es desear un embarazo; desear un embarazo no es igual a desear llevarlo a cabo bajo cualquier circunstancia“… pero también ”Yo tendré menos derechos que mi madre“; ”Yo sobreviví un aborto ilegal en Birmingham, Alabama, en 1969“; ”Solo la lucha ha servido para conquistar los derechos de la mujer“; ”Mujeres, ¡alzaos!“; ”¡Para atrás, nunca!“. Y leyendo y gritando algunas de las leyendas al coro de las masas, se me figuraba que en algún lado andaba, sobrevolando la escena, el espíritu de Virginia Wolf contemplándonos y deplorando que, al cabo de tanto tiempo, el hombre aún siga empeñado en marcarle su destino a la mujer y que la mujer siga, una y otra vez, teniendo que dar las mismas batallas, sin poder descansar jamás sobre el manto mullido de las conquistas tejidas con sangre por sus antecesoras para poder ampliar la paleta de sus inquietudes a todos los rincones del saber, del arte y de la ciencia. Ahí estaba yo, gritando en vez de avanzar en mis investigaciones. Porque lo segundo, ese día, me parecía un lujo que, o podía esperar, o era irrelevante; lo primero, una necesidad vital.

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