Todas las familias importan

Proteger a la familia no es enjuiciar constantemente las formas en que cada pareja quiere configurar libremente su unión sentimental, es preocuparse por el bienestar de sus componentes

La diversidad familiar es una realidad patente en nuestra sociedad: familias formadas por personas del mismo o distinto sexo, monomarentales o reconstituidas son cada vez más cotidianas y visibles. Como en años anteriores, la conferencia Episcopal Española ha vuelto a convocar un acto "en defensa de la familia". Esta celebración no tendría nada de peculiar si no fuera por la obsesión de algunos obispos por denigrar y menospreciar al resto de familias con la excusa de defender y promover la denominada "tradicional".

La diferencia entre quienes defendemos la diversidad familiar y los organizadores de este acto político-religioso es que nosotros creemos que todas las familias importan y, por tanto, requieren de igual protección de los poderes públicos. Ellos se empeñan en defender un único modelo excluyendo los demás, afirmando que la familia, su modelo de familia, está en peligro.

"Algunos obispos tienen obsesión por denigrar y menospreciar"

En la presentación del acto, Juan Antonio Reig Pla, presidente de la subcomisión de familia de la Conferencia Episcopal, señaló que esta convocatoria "no va contra nadie", algo difícil de creer si nos atenemos a las consignas que la jerarquía católica reitera todos los años en esta celebración, y mucho más si Reig Pla señala que los matrimonios católicos son menos propensos a la violencia machista que el resto, lo que carece de base real. Muchos obispos se empeñan en confundir sus deseos y su fe con la realidad y los hechos.

Cinco años después de la modificación del Código Civil, que amplió el derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo, nadie se cree aquellos apocalípticos mensajes que señalaban el fin de la familia tradicional. Las familias ni están ni estuvieron nunca en peligro. Conviene recordar que tras la reforma legal de 2005, más de 40.000 personas en nuestro país han contraído matrimonio con otra persona de su mismo sexo. El efecto de seguridad jurídica que ha causado en la población LGTB española la modificación del Código Civil va mucho más allá de una mera cuestión estadística.

Reconocimiento de derechos

Así, varias investigaciones realizadas sobre adolescentes LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) muestran que estos jóvenes han recibido una inyección de autoestima, de seguridad en sí mismos y en su futuro desde que el Estado reconoció, legal y simbólicamente, su igualdad. En un sector de población con alto riesgo de sufrir exclusión y acoso, e incluso con elevados índices de suicidio, que el Estado intervenga aportando seguridad y autoestima es de vital importancia, tanto para ellos y ellas como para sus familias. Toda esa inyección de bienestar, de apoyo, de referencia positiva, se ha producido con absoluta normalidad y aceptación por la inmensa mayoría de la población. Según encuestas recientes cerca de un 75% de la ciudadanía acepta plenamente la ampliación del matrimonio tal como se interpreta en la actualidad y está en contra de que se retiren estos derechos adquiridos. ¿Dónde ha quedado ese encarnizado debate del 2005? En la calle no, desde luego.

"Desde 2005, se han oficiado más de 20.000 matrimonios homosexualeS"

Proteger a la familia no es enjuiciar constantemente las formas en que cada pareja quiere configurar libremente su unión sentimental, es preocuparse por el bienestar de sus componentes, especialmente de los más vulnerables: los niños y niñas. En este sentido no deja de sorprender la facilidad con la que la jerarquía católica trata de dar carpetazo al mayor ataque que se ha producido a decenas de miles de familias en la historia reciente. Me refiero a los miles de casos de abusos sexuales y físicos a menores por parte de clérigos católicos en nuestro país y en todo el mundo. Sorprende también el silencio cómplice con que la jerarquía católica española está actuando ante las cada vez mayores evidencias que señalan la participación de curas y monjas en los miles de casos de robos de menores y adopciones ilegales que se produjeron en nuestro país entre los años 50 y 80 del pasado siglo.

Sería deseable que la jerarquía católica reflexionase sobre las medidas puestas en marcha para defender a la familia católica a costa de menospreciar al resto, porque es una estrategia errónea, errática e ineficaz que provoca todo lo contrario de lo que pretenden. Según el INE, por primera vez desde que a finales de los setenta se legalizaron los matrimonios civiles, los enlaces civiles superaron en 2009 a los religiosos. Sin duda, otra iglesia es posible. Así lo ponen de manifiesto cientos de miles de cristianos y cristianas de base que no coinciden ni participan de esta continua y equivocada actitud de su jerarquía.

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