Tamaulipas seguirá siendo laico

Por el momento Tamaulipas seguirá siendo un Estado laico luego de que en la agenda legislativa no se contempla reformas al artículo 24 Constitucional.

Lo anterior así lo dio a conocer el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gustavo Torres Salinas al referirse a las modificaciones aprobadas por el Senado de la República referente a la libertad de culto.

“En este momento estamos en receso, entonces no es tema, no está dentro de la agenda legislativa y no es algo que vayamos a discutir en estas próximas semanas, sobre todo porque en nuestra opinión, por un lado sí se generó polémica y posteriormente generado de ésta polémica, el Senado rectifica y en otro artículo que es el 42, hace una adición en donde queda consagrado, que el Estado es laico y seguirá siendo laico”, dijo.

Torres Salinas destacó que en su opinión, con esa adición al artículo 42, queda salvada la inconformidad de los grupos que se manifestaron en contra de la reforma, ya que se generó confusión sobre la laicicidad del Estado Mexicano y sobre todo en el rubro de la educación.

Indicó que el Congreso local será respetuoso en lo general hacia los grupos que manifestaron su inconformidad y en lo particular al movimiento Foro Laico y aseguró que la sexagésima primera legislatura continuará conduciéndose con respeto e institucionalidad hacia todas las manifestaciones ordenadas y organizadas por parte de la sociedad.

Con las modificaciones, aprobadas por el Senado al Artículo 24 Constitucional se establece que, ahora los padres podrán fomentar la educación religiosa de sus hijos, se eliminarán los efectos sobre los avisos a las autoridades para permitir los actos de culto público.

Además, se permitirá a las asociaciones religiosas la propiedad de medios de comunicación electrónicos; se eliminarán los permisos de la autoridad para la transmisión en medios de comunicación electrónicos de actos de culto público y se eliminarían las restricciones de los ministros de culto sobre opiniones políticas y sociales, y se establecería el reconocimiento jurídico de la objeción de conciencia.