La asociación de intercambio de parejas ("swingers") de Argentina denunció hoy que es discriminada al cabo de ocho años de gestiones para obtener su personalidad jurídica, que se le niega porque su finalidad "lesiona la moral y las buenas costumbres".
"Han cajoneado el expediente. Lo han dejado en vía muerta", aseguró a Efe el presidente de la Asociación Argentina de Swingers, Daniel Bracamonte, quien cifró en 100.000 las parejas que en este país practican el intercambio en sus relaciones sexuales.
La asociación comenzó las gestiones en 2002 con la presentación de un estatuto constitutivo cuyos objetivos son "la promoción del estilo de vida swinger, entendido éste como propuesta alternativa en materia sexual y cultural en la estructura matrimonial y de parejas", además de "la difusión de "la filosofía swinger por medio de revistas, vídeos, y/o páginas web".
Pero la Inspección General de Justicia, organismo encargado de conceder personalidad jurídica, rechazó el expediente por considerar que las actividades de la asociación "violan la moral y las buenas costumbres".
Además sostuvo que la finalidad del colectivo "atenta" contra el "deber de fidelidad" establecido en el Código Civil para los matrimonios, "aún cuando no haya engaño u ocultamiento y exista el consentimiento recíproco de los cónyuges de mantener relaciones sexuales con terceras personas".
Después de mantener por un tiempo "congelado" su reclamo, el colectivo reactivó sus reclamaciones con dos pronunciamientos: uno de la Corte Suprema y otro del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
"La Corte dictaminó, en una causa relacionada con travestis y transexuales, que no era válido a la hora de no reconocer derechos el argumento de 'no aportar al bien común', el mismo que en nuestro caso había manifestado la Inspección General de Justicia", precisó.
"Y en agosto pasado, el Inadi advirtió a este organismo que las demoras en conceder la personalidad jurídica a los 'swingers' suponían un acto de discriminación", añadió.
Bracamonte dijo que al organismo gubernamental "se le vencieron todos los plazos" para emitir su resolución y consideró que "entonces opta por olvidarse del expediente y que se hable de otra cosa".
"Si dice que sí se pone en contra a la Iglesia y a los sectores que se oponen a que tengamos nuestra personalidad jurídica. Y si dice que no convalida un acto discriminatorio. Entonces deja las gestiones en vía muerta", subrayó.
En ese sentido reclamó una urgente resolución para que el colectivo "quede habilitado a continuar el trámite y si es necesario pueda apelar ante la Corte Suprema o bien ante la Comisión Interamericano de Derechos Humanos".
Entre otros asuntos, explicó que el colectivo necesita la personalidad jurídica para poder habilitar sus clubes de encuentro y tener una sede reconocida por la sociedad.
"No necesitamos tener un permiso para realizar nuestra actividad porque la practicamos en la intimidad", aclaró al apuntar que a sus clubes se les da la categoría de discotecas "y cuando llega una inspección y ven a una persona haciendo un striptease, lo clausuran".
"Queremos tener una sede para poder dar charlas, talleres y apoyo psicológico para parejas que tal vez tienen la fantasía de ser swingers pero no se animan por celos, el miedo al día después u otros factores", matizó Bracamonte.
El líder de los "swingers" argentinos, de 53 años, practica esa modalidad sexual desde hace dos décadas junto con su esposa, con la que tiene hijos de 27 y 30 años.
