El 10 de julio Layla Ibrahim Issa Jumul fue condenada a muerte por lapidación acusada de adulterio tras un juicio injusto: no tuvo acceso a un abogado y su sentencia condenatoria se basó únicamente en su confesión. Layla se encuentra en prisión encadenada con grilletes junto con su hijo pequeño de seis meses esperando a que se ejecute su sentencia.
Esta ejecución violaría la propia Constitución de Sudán, que prohíbe la pena de muerte para mujeres embarazadas o lactantes hasta los dos años de lactancia.
Amnistía Internacional es contraria a la pena de muerte en cualquier circunstancia y a todos los métodos de ejecución. En concreto la lapidación, concebida para causar a la víctima un gran dolor antes de matarla, es una violación de la prohibición de la tortura contenida en el Pacto y en la Convención contra la tortura de la que Sudán es signatario.
Además Amnistía Internacional también se opone a la criminalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos y considera a las personas detenidas por esta razón como presas de conciencia.
Layla Ibrahim Issa Jumul es la segunda persona condenada a lapidación de la que tenemos noticia en Sudán en los últimos meses. Su caso tiene bastante en común con el de Intisar Sharif Abdallah: se trata de mujeres, madres jóvenes, que provienen de entornos marginales, y que no eran conscientes de sus derechos o de la importancia de los cargos contra ellas. Ambas fueron juzgadas sin representación legal, una violación flagrante del derecho a un juicio justo.
