Por primera vez en una década y desde que cayó la dictadura, hace tres años, una mujer es condenada a morir apedreada por adulterio
En Sudán, una década puede pasar en un abrir y cerrar de ojos. Es el agujero negro en el que el horror de los castigos corporales vuelve a estar a la orden del día. Un tiempo detenido en el que las piedras lanzadas por una multitud hasta ver a una persona morir vuelven a amenazar la vida de una mujer. Maryam Alsyed Tiyrab, de 20 años, ha sido sentenciada a morir apedreada por un tribunal del sur del país. Su delito: adulterio.
Su calvario se ha conocido ahora pero comenzó hace más de un mes, cuando fue detenida por la policía en el estado del Nilo Blanco. Durante el juicio se cometieron irregularidades, según activistas pro derechos humanos. Y finalmente fue condenada el 26 de junio por el Tribunal Criminal de Kosti, según el medio ‘Sudan Tribune’. Tiyrab intentará recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, con la esperanza de que -al igual que otras veces- la condena sea anulada.
Sin embargo, en esta ocasión todo puede ser diferente, temen las ONG locales que hacen campaña en contra de esta práctica. Porque la cúpula militar que gobierna Sudán desde el golpe del pasado octubre ha incentivado a los legisladores en su empeño de revertir los pequeños avances que se habían logrado en materia de derechos civiles -y en particular femeninos- bajo el fallido Gobierno de transición.
Tres años después de que el sátrapa Omar al Bashir fuera derrocado, el 11 de abril de 2019, en una revolución popular, poco queda de aquella euforia. En 2020, el Ejecutivo de transición anunció amplias reformas que también tocarían la jurisdicción. Pero en el plano de los delitos que contempla la ‘sharia’ (ley islámica) la nueva Constitución no llegó a abolir la pena de muerte ni se eliminó la lapidación, por la que son condenadas mayoritariamente las mujeres. Así, los delitos llamados ‘hudud’, que incluyen la apostasía, el robo, el adulterio, la difamación o el consumo de alcohol, implican penas que contemplan la amputación de manos y pies, los latigazos y la muerte.
Esto entra en contradicción con los propios movimientos de las nuevas autoridades de Jartum, que ese agosto ratificaron la Convención Contra la Tortura de la ONU.
A este resquicio se agarra el Centro Africano de Estudios Para la Justicia y la Paz (ACJPS, en sus siglas en inglés), que ha rechazado la sentencia por lapidación, subrayando que viola la ley sudanesa y la Ley Internacional. La organización, que con sede en la vecina Uganda monitoriza la situación de los derechos humanos en Sudán, ha hecho llamamientos para que Tiyrab sea «inmediata e incondicionalmente liberada».
«La aplicación de la pena de muerte por lapidación por el crimen de adulterio es una grave violación de la ley internacional, incluido el derecho a la vida y la prohibición de tortura y trato o castigo cruel, inhumano o degradante», ha advertido la ONG.
El caso de Tiyrab es un gran espejo del fracasado proceso de apertura del país y deja claro que tras la ‘revolución’ en las calles, las mujeres y sus derechos -en especial- han sido dados de lado. Durante el juicio, a la joven se le denegó un abogado y no se le informó de que la información que diera durante el interrogatorio iba a ser utilizada en su contra.
La sentencia por lapidación «muestra que las condenas bajo las brutales leyes de la ‘sharia’ aún se aplican en Sudán», afirma en el diario ‘The Guardian’ Jehanne Henry, activista de los derechos humanos. «Este caso de muerte por lapidación recuerda que las reformas de la ley criminal durante la transición no se han completado y que estos duros y arcaicos castigos aún están en los códigos legales», añade. Entre ellos, el castigo de ser azotado, que en teoría fue abandonado en 2020, aún se practica como escarmiento.
El último caso conocido en Sudán de una mujer sentenciada a muerte por lapidación por cometer adulterio ocurrió en 2013 en la provincia de Kordofan del Sur. Se trataba de Intisar Sharif Abdellah, una joven madre que había confesado después de ser golpeada y sometida a tortura psicológica por parte de su hermano. De Abdellah no se conocía su edad exacta: Amnistía Internacional y Human Rights Watch no se ponían de acuerdo en si tenía 20 o 18 años. Lo que sí lideraron estas dos ONG fue una campaña internacional que consiguió que finalmente la condena fuera anulada.
Sudán es uno de la decena de países del mundo donde aún se contempla en el Código Penal la lapidación. En Afganistán, donde se había desterrado en 2001, la vuelta de los talibán en el verano de 2021, ha traído de regreso esta brutal tortura hasta la muerte. En Irán -el país con mayor tasa de lapidaciones del mundo- es legal tanto para hombres como para mujeres adúlteros, a los que se entierra hasta medio cuerpo para ser apedreados. Somalia también aplica con frecuencia este castigo contra adúlteros y homosexuales en las zonas bajo control de los grupos islamistas Al Shabab y Hizbul Islam. Otros Estados, como Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Mauritania o Pakistán, lo contemplan nominalmente en sus leyes. En Indonesia, Malasia y Nigeria, sólo algunos estados lo contienen en su legislación.
