El diputado socialista critica que la Fundación la Luz de las Imágenes tiene 17 millones de pérdidas acumuladas
“Un acuerdo equilibrado” en virtud del cual las inversiones públicas en rehabilitación del patrimonio de la Iglesia reviertan en el “uso cívico y cultural” de bienes eclesiásticos no dedicados al culto. El diputado socialista en las Cortes Valencianas Juan Soto ha formulado esta propuesta, que describió ayer como “una nueva desamortización cívica”.
Soto recordó que se han invertido más de 150 millones de euros de la Generalitat en las rehabilitaciones de bienes de la Iglesia en los últimos 12 años, 93 de ellos procedentes de la Fundación La Luz de las Imágenes. El diputado señaló que esa fundación se creó con participación mayoritaria de la Generalitat, y una presencia testimonial de la Iglesia, que aportó seis euros a su constitución.
El diputado socialista dijo que “es sensato y de sentido común que la Iglesia entregue y compense, con el destino para uso público y disfrute de los ciudadanos, el dinero recibido de los impuestos de todos los valencianos". Soto afirmó que La Luz de las Imágenes, que ha restaurado o rehabilitado 2.680 obras y 52 edificios, se ha convertido en un agujero económico para la Administración autonómica, ya que tiene pérdidas acumuladas de más de 17 millones de euros.
Añadió el parlamentario que los gastos financieros de La Luz de las Imágenes se incrementaron un 91%, respecto al presupuesto inicial de 2011, y que los intereses de demora aumentaron hasta los 457.000 euros, 217.000 euros más de lo previsto. Un hecho del que hizo resposnable a la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, por no dotar en los presupuestos esos préstamos.
Certificaciones privadas
Por otra parte, el diputado socialista Rafael Rubio explicó que su grupo ha presentado diversas enmiendas al decreto ley que permite obviar la tramitación de licencia municipal a establecimientos catalogados, como bares, pubs o discotecas, mediante la certificaicón de organismo privado. Rubio criticó lo que calificó como “una deconstrucción de la Administración” porque deja a los vecinos afectados sin capacidad de alegar previamente a la apertura del establecimiento; implica que las denuncias acabarán en la justicia ordinaria civil y no en la contenciosa, lo que las dificultará y encarecerá; no aclara quién se hará cargo de las indeminizaciones que no cubra el seguro de los organismos certificadores; no fija unas tasas y permite que también los colegios profesionales, por ejemplo de ingenieros, puedan ejercer como organismos de certificación administrativa.
