En medio de las paritarias, cuando los gobiernos insisten en que no hay plata para pagar los sueldos que nos merecemos y mejorar las condiciones de trabajo, escuchamos en el Congreso Nacional cómo Marcos Peña tuvo que responder sobre cuánto destina el Estado a la Iglesia.
En sueldos de obispos y curas son más de $ 130,4 millones al año, pero si sumamos los subsidios a las escuelas católicas, las exenciones fiscales y otras partidas, la cifra supera los 35.000 millones.
Esto en un Estado supuestamente laico. Las cifras produjeron una justificada ola de indignación.
Mientras un tercio de la población del país está bajo la línea de pobreza y se aplican políticas de ajuste que agravan la ya crónica falta de presupuesto en áreas clave, como salud y educación, se destinan fortunas a sostener a la Iglesia Católica y sus colegios.
La exigencia del cese de financiamiento a estas instituciones retrógradas y enemigas de nuestros derechos creció aún más a partir de que se hicieran públicos los detalles de este financiamiento.
Para miles de trabajadores del Estado y docentes saber que el Estado paga como salario a un obispo $46800 mientras nuestros salarios iniciales son de $11.950 y de $11.547, respectivamente, es absolutamente inaceptable.
Nuestra provincia fue escenario el año pasado de acciones colectivas que exigían un Estado Laico. El reclamo se escuchó en las movilizaciones de mujeres y la disidencia. Con intervenciones artísticas y con apostasías colectivas los entrerrianos expresamos nuestro repudio a la relación privilegiada que el Estado (tanto a nivel nacional, provincial y municipal) mantiene con la Iglesia católica.
Se comenzó a visibilizar el rechazo al financiamiento y a la propia institución eclesiástica, con un fuerte peso de denuncia del accionar encubridor de curas pedófilos y a su injerencia en políticas públicas y derechos como la obstaculización de la implementación de la ley de educación sexual integral, el aborto no punible y acciones de discriminación a la disidencia sexual, entre otras.
Este financiamiento no es nuevo. Ni este gobierno ni los anteriores derogaron los decretos-ley de la dictadura genocida que avalan esos pagos de sueldos a 140 obispos y arzobispos, 640 curas de frontera, 1.200 seminaristas y 500 curas jubilados.
Desde 1947 se dispuso el pago de subsidios a colegios católicos, luego se amplió a los otros credos y en los ’90 con la descentralización educativa las provincias pasaron a asumir este gasto.
En 2017 fueron más de $ 27.000 millones. Si le agregamos la inflación del 15% que prevé el Presupuesto 2018, este año recibirán más de $ 32.000 millones. Si ya espanta lo que se lleva un obispo, más aún horrorizan estas cifras ya que en sus escuelas los curas “bajan” doctrina sin filtro, niegan la educación sexual integral y hasta hay casos de curas pedófilos. ¡Toda esa plata, más la que reciben las escuelas de las otras religiones y las escuelas privadas laicas, debería ir a la educación pública!
Separar la Iglesia del Estado
Desde el MST y Juntas y a la Izquierda respetamos la libertad de cultos aunque no los compartimos, pero el Estado no debe destinar ni un solo peso a la religión. Tampoco debe otorgarse a la Iglesia Católica (ni a ninguna otra), una posición de privilegio en la elaboración e implementación de políticas públicas.
Las mujeres venimos dando peleas inmensas por nuestros derechos y la relación privilegiada de la Iglesia Católica con el Estado argentino ha sido un motor fundamental para la negación y el retraso de debates fundamentales para la salud pública y los DDHH de las mujeres y la disidencia sexual. La separación ideológica, política y moral del Estado y la iglesia empieza con la eliminación de los subsidios y financiamiento que es la base material de esa alianza histórica. ¡Y quienes quieran un cura que se lo paguen!
Nadia Burgos. Dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)- Nueva Izquierda.
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