En España hay sitios donde todavía mandan los curas y no deberían. Por ejemplo, en los despachos del Ministerio de Educación. Presionaron para que Religión (católica) se metiera en cuña como asignatura que computa para nota y la Lomce de Wert abrazó fraternalmente al lobby de los obispos. Las reformas de Méndez de Vigo no contemplan ni de lejos quitarles este privilegio educativo.
La mayoría de los colegios concertados en España son católicos (6 de cada 10), así que las plazas subvencionadas con dinero público incluyen rezos y crucifijos en el lote. Esos alumnos de lo público serán educados en lo católico.
Los curas (nunca las monjas) también deciden sobre las vacunas, la vida y la muerte en los comités bioéticos de los hospitales públicos en Madrid, gracias a una idea de Gallardón. Quizás los eligió por su conexión directa con el otro mundo o porque es el mismo exministro que quiso devolver el aborto al siglo pasado.
Además, la Conferencia Episcopal tiene muchos infiltrados en la cúpula. Como reciente exponente, el exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, que de tanta fe se desparramó y acabó por tomar decisiones tan rídículas como darle una medalla al mérito policial a una virgen.
Quizás se lo sugirió al oído su ángel de la guardia Marcelo. O quizás quiso complacer sus intereses privados desde su puesto público. Ahora se ha llevado el caso al Supremo, a ver si entiende que la Virgen del Amor merece pública la medalla tanto como un policía muerto en acto de servicio.
Los obispos, los más radicales, salen con su filosofía de puño y candado a acuñar «imperio gay» o «ideología de género» y les ponemos un manto de flores y unos micros, y su mensaje vuela y se escucha allá donde jamás habría llegado. Aún influyen demasiado.
La Iglesia manda de más hasta en el IRPF. Cada año, por el mes de mayo o junio, nos la topamos en la declaración de la renta. Gracias a la casilla recaudaron 249 millones el año pasado –y aún así les pagamos aparte los profesores de Religión y las capillas de cuarteles y hospitales–.
Hemos acordado con el Vaticano que les vamos a financiar, sí, pero además que estarán libres de pies y manos. El Gobierno les han eximido de rendir cuentas. En qué gastan ese dinero sigue siendo un misterio mariano.
Los privilegios de la Iglesia en España son tantos y tan variados que es difícil decir de carrerilla «estado aconfesional» sin sonreírse. Pero la definición en la Constitución es tan abierta que permite primar a la Iglesia católica tanto como quieran los dirigentes del momento.
Ese desbordamiento de privilegios políticos y económicos, y no las misas de La 2, es el hueso que hay que morder. El grupo Unidos-Podemos ha apuntado a la liturgia dominical –con 300.000 espectadores de media cada domingo– como un escándalo que no lo es. Una televisión pública debe dar servicio a una ciudadanía diversa y plural, y eso incluye el servicio religioso matinal en la segunda cadena en un país donde el 68% se declara católico. A la audiencia me remito. La proposición ha sido efectista y ha puesto el debate en la mesa, pero ha cubierto con tinta de calamar a la madre del cordero.
