En pleno siglo XXI, la religión continúa interfiriendo en los asuntos públicos de este país
Desde hace varios años, Europa Laica, MHUEL, y numerosos colectivos sociales y laicos, celebran todos los días 9 de diciembre el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia. Con ello se pretende reivindicar un concepto, la laicidad, que es sinónimo de democracia y que debería ser aprendido como prioritario en la educación pública de cualquier país que haya superado el medievalismo y la teocracia; lejos de eso, la palabra laicidad y su significado correcto permanece lejana a la conciencia colectiva en España. Y se pretende también denunciar las constantes vulneraciones de la libertad de pensamiento y de conciencia, así como las continuas injerencias de la religión en los asuntos públicos en este país nuestro tan sometido al confesionalismo, algo que es vergonzoso en pleno siglo XXI.
La elección del día 9 de diciembre es doblemente simbólica. Fue el 9 de diciembre de 1905 cuando se aprobó la Ley francesa de separación Iglesias-Estado, lo cual supuso el ejemplo a seguir por cualquier Estado democrático respecto de la laicidad de las instituciones, en consonancia con la Declaración de los Derechos del hombre y del Ciudadano de 1.789. Y fue también un 9 de diciembre, el del año 1.931, cuando se aprobó en España la Constitución de la II República Española, una constitución ejemplar que marcó un hito a nivel mundial en lo referente a la laicidad del Estado y al respeto a los derechos ciudadanos; inspiró, incluso, la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1.948. España se convirtió ese día en el país más avanzado en cuanto a derechos, libertades y laicidad de Europa, y esos cinco años en que pudo existir la República, hasta el golpe de Estado de 1.936, España vivió la época más próspera, más democrática y más libre de toda su historia. Desgraciadamente no la dejaron poder ser.
Europa Laica ha emitido para esta celebración un comunicado en el que denuncia esa vulneración de la libertad de conciencia que se está produciendo en muchos países del mundo, y en nuestro país denuncia las carencias evidentes en lo referente a la laicidad del Estado. Exige, una vez más, la derogación de los acuerdos de 1979 con la santa sede que otorga a la Iglesia católica en España unos inmensos y anacrónicos privilegios; y exige una escuela pública y laica, porque en una escuela confesional no tiene cabida el conocimiento, la razón ni la ciencia; exige igualmente suprimir los privilegios económicos de la Iglesia católica, lo cual vulnera cualquier precepto democrático, y exige promulgar una ley de libertad de conciencia, de la que, vergonzosamente, los españoles carecemos.
El filósofo chileno Sebastian Jans dice siempre que sin laicismo no hay democracia. La laicidad es un pilar fundamental de cualquier Estado de derecho, por más que nos hagan tragar con ruedas de molino. Es un ideal de fraternidad y de concordia entre todos los seres humanos en las coordenadas del respeto a la libertad de conciencia, de libertad democrática y de igualdad esencial de todos los seres humanos, se tengan las ideas que se tengan, se crea en lo que se crea y se profese la creencia o el increencia que se profese.
Y la laicidad es la garantía plena de que ninguna idea y ninguna creencia religiosa secuestra o menoscaba la asepsia ideológica, la ética y la neutralidad que todo Estado democrático debe a sus ciudadanos. Asepsia que debería formar parte de todos los ámbitos públicos que en España están impregnados de manera evidente por la religión, en base a un Concordato que, firmado en el franquismo y refrendado en 1979, dota a la Iglesia católica de unos privilegios que sólo son propios de teocracias y Estado totalitarios; unos privilegios que son desmedidos, que mantienen a la Iglesia en todos los ámbitos de la vida pública española, del todo incompatibles con una democracia, por más que, me reitero, nos hagan tragar, a este respecto, ruedas de molino.
Vivimos en unos tiempos en los que, gracias a los neoliberales y adláteres, estamos asistiendo a un auge peligroso de los neofascismos de corte ultracatólico, y a un retroceso vergonzoso de derechos y libertades que supuestamente se habían conquistado a partir de la democracia, lo cual nos aleja de manera ostensible del ideal del Estado laico que cualquier español progresista, informado y que tenga las neuronas en su sitio, anhela como modelo a seguir. Fuerzas políticas radicales y de corte totalitario están formando parte de la gestión pública española en la actualidad. Ahora más que nunca se hace latente la urgencia de reivindicar la marcha hacia un Estado Laico y exigir al nuevo gobierno, como poco, la revisión del obsoleto, abusivo y anacrónico concordato. La laicidad se ha alejado más, si cabe, en el horizonte; sigue siendo una utopía, pero la utopía sirve, como decía el gran pensador, periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, para caminar.
Coral Bravo
