Además de la intrigante burocracia, un grave problema que padecen las instituciones públicas es la de su opacidad a la hora de resolver ciertos conflictos que, gracias a la mediación de agitadores profesionales, se convierten en impacto social.
Históricamente, la falta de transparencia ha sido un tumor endémico que ha mermado la salud de la Administración del Estado. Ha ocurrido cuando se ha visto en la situación de resolver litigios que, por la mala fe de unos y por la ambición de otros, han terminado enquistándose en el tejido social, provocando enfrentamientos seculares entre las partes implicadas, individuales y colectivas.
Resulta patética la imagen de dos comunidades autónomas litigando por una obra artística, porque ambas se creen propietarias legítimas del patrimonio artístico del monasterio de Sijena cuando, probablemente, no lo sean de modo legal y verdadero.
Ninguno de estos lamentables rifirrafes en los que se han visto envueltas ambas comunidades habrían tenido lugar si el Estado de Derecho, que tanto se invoca, hubiese aclarado ab ovo, cuál era la verdadera y no falseada situación del patrimonio del museo de Sijena. Pero quienes tienen el poder de establecer la verdad, porque la conocen mejor que nadie, han dejado que el asunto se enquistara de tal modo que ha sido necesaria la intervención del Gobierno, aprovechando una situación que podemos calificar de anómala, cuando no de artera, para zanjar el conflicto por la fuerza y por la autoridad que le confiere la Constitución.
Muchas personas consideran que, tras el abrupto traslado del patrimonio artístico del monasterio de Sijena a su lugar de origen, se ha resuelto el litigio. Ojalá. Convengamos, sin embargo, en que quedan muchos hilos sueltos y que, tal vez, vueltos a hilar, como en el caso del mito de Ariadna, encontremos la salida a este falso laberinto construido desde la inoperante ignorancia.
Porque, a estas alturas de su historia, debería haber quedado muy claro ante el poder notarial del Estado quién es el propietario de dicho patrimonio. Y determinar con claridad meridiana si este propietario, que dice serlo, lo es con todos los sacramentos de la legalidad vigente o pasada, o, por el contrario, ha conseguido apropiarse de dicho patrimonio mediante distintas disposiciones legales nada complacientes con el Derecho y menos aún con la Justicia.
De entrada, resulta todo muy embarazoso, desde el momento en que en dicho. litigio han intervenido varios juzgados, dos arzobispados, un ministerio y dos «consellerías». Lo nunca visto. Obispos enfrentados en defensa de sus respectivas diócesis, gobiernos autónomos luchando por la propiedad de unos bienes que nunca les importó ni han defendido y, en un tiempo muy lejano, unas monjas que, de la noche a la mañana, se convierten en mercaderes del templo vendiendo lo que no les pertenecía, lo que complica la transacción, toda vez que sus legítimos propietarios podrían reclamar lo que es suyo de iure.
Hace bien poco, llegaron a las Cortes de Aragón los informes de 22 de los 43 Registros de la propiedad que operan en Aragón. Muestran que, desde 1998, la Iglesia Católica inmatriculó –inscrito a su nombre– más de 1700 bienes inmuebles. Con toda seguridad, si pudiéramos remontarnos a fechas anteriores de 1998, seguro que la estadística de propiedades usurpadas sería escandalosa.
¿Está el monasterio de Villanueva de Sijena entre los bienes despojados por la Iglesia, es decir, inmatriculados según la fórmula fraudulenta de Aznar?
Los diferentes gobiernos aragoneses, incluido el actual, jamás se han preocupado por recuperar la propiedad pública de los muchos inmuebles que la Iglesia católica se arrogó en su día. La referida ley del gobierno de Aznar, en 1998, permitió a la Iglesia católica quedarse con este patrimonio. Y con Méndez de Vigo, ministro y portavoz del gobierno actual, siguiendo la orden de un juez amigo ha dictaminado, tras varios traspiés, que las obras vuelvan a la Iglesia.
Hemos dicho bien: a la Iglesia, que no a la comunidad civil. Así que, ¿a qué tanta alegría del pueblo? ¿Por qué enloquece a la población la devolución de las obras al monasterio si no son del pueblo?
Las obras del monasterio estaban catalogadas como Patrimonio Nacional. A pesar de esta condición, las monjas vendieron dichas obras al mejor postor, y religiosamente, fueron pagadas. ¿No vio, o ve, la fiscalía en dicha venta responsabilidad penal en dicha operación? ¿Cómo es posible vender obras del Patrimonio Nacional y el Estado no se inquiete lo más mínimo y mueva un dedo siquiera para averiguar la naturaleza de esta transacción que huele a fraude?
Es baladí que el obispado de Lérida o de Huesca termine poseyendo los bienes de dicho monasterio. Seguirán siendo propiedad exclusiva de la Iglesia y no como bienes públicos, expoliados por una ley que Europa, en más de una ocasión, ha considerado injusta y lesiva para los intereses del Estado.
La lección que los políticos aragoneses, empezando por Lambán, deberían aprender es que ya ha llegado la hora de ponerse manos al tajo y defender el patrimonio artístico/cultural aragonés como se merece un bien público. Y defenderlo de quienes son sus habituales usurpadores, sean mitrados o laicos sin escrúpulos, que de todo hay en la viña del señor patrón.
Víctor Moreno
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