Aunque sus partidarios y defensores lo nieguen, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, violentó el Estado laico al avalar y participar en la ceremonia católica que se celebró con motivo de la celebración del día de la virgen de Guadalupe en el interior del Palacio de Gobierno en Cuernavaca, un evento al que acudieron secretarios de despacho y funcionarios del Poder Ejecutivo, todos ellos actuando por encima de lo que establecen las leyes mexicanas en materia de laicidad y de separación del Estado y las Iglesias.
El ex futbolista del América, que incorporó a su gabinete de gobierno a varios ex futbolistas del citado club, juró cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Pero en vez de reconocer que violentó diversos ordenamientos jurídicos, justificó su proceder al atribuir a los trabajadores la organización de la misa, señalando que él únicamente aceptó la invitación que éstos le hicieron.
“Estamos muy contentos. Toda la gente que está aquí somos católicos. El que organizó todo fue Servicios Generales y con mucho gusto les abrimos las puertas. Fue una petición de los trabajadores a mí me invitaron y yo con gusto acepté”, explicó Blanco Bravo, quien parece olvidar que la actuación de los gobernantes en un Estado laico como el mexicano debe ceñirse a las leyes que nos rigen, no a las inclinaciones religiosas de los integrantes del gabinete que le acompañan en el gobierno de Morelos.
Estamos ante un caso más de violación al carácter laico del Estado en nuestro país, que afortunadamente ya fue denunciado por República Laica, integrada por organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores dedicados a la defensa y consolidación del Estado laico. La citada coalición pide investigar y, en su caso, sancionar al gobernador morelense y al sacerdote Gabriel Calderón Ruiz, “por haber violado el artículo 25 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al haber celebrado en el interior del Palacio de Gobierno del Estado de Morelos, un culto público con asistencia además de los citados, de numerosos servidores públicos”, informa un comunicado de prensa de República Laica, en el que añade que “en una República constitucionalmente laica, no puede permitirse que se sienten este tipo de precedentes”.
Habrá que estar atentos al proceder de la Secretaría de Gobernación de la llamada “Cuarta Transformación” ante este tipo de atropellos cometidos por servidores públicos, ya que en los anteriores sexenios esta dependencia permitió el avance de la impunidad en este tipo de casos, restándole importancia a los principios de laicidad y separación del Estado y las Iglesias.
Para algunos especialistas las cosas seguirán como hasta ahora, sobre todo al ver que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en teoría de izquierda, encabeza un plan de la derecha religiosa. Lo anterior lo han dicho autores como Roberto Blancarte, quien en una columna de su autoría titulada “La derecha religiosa al poder” señala que el proyecto de nación del tabasqueño está “imbuido de la idea de que su función como presidente de todos los mexicanos es también moralizarlos, hablarles de que ‘el mal no se enfrenta con el mal y de que al mal hay que enfrentarlo haciendo el bien’”.
En el citado texto, el experto en temas de religión, e incansable promotor del carácter laico del Estado, nos recuerda que el presidente de México “se refirió también al ‘bienestar del alma’ y a la necesidad de fortalecer ‘los valores culturales, morales, espirituales’”, soslayando el hecho de que esto último no es función del Estado ni de sus instituciones, sino de las asociaciones religiosas, y que éstas no deben tener ningún tipo de injerencia en los asuntos que son competencia exclusiva del Estado.
El hecho reviste gravedad no porque la ceremonia en la que participó el gobernador morelense haya sido de la religión católica, pues sería igual de grave que en dicho espacio público se hubiera celebrado un culto de adoración de alguna de las iglesias evangélicas que hay en el país.
Y es justamente por ello que Gobernación está obligada a proceder en este y en los demás casos de violación a la Constitución, para hacer valer el Estado de Derecho mediante la debida observancia de las leyes. De esta manera se logrará el fortalecimiento del Estado laico, el cual es imprescindible para garantizar la libertad religiosa y de conciencia de las minorías religiosas y no religiosas de México.
