El autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) se ha vuelto a ensañar con la minoría cristiana copta de Egipto. Y lo ha hecho de la misma forma y prácticamente en el mismo lugar que hace un año y medio: abriendo fuego contra un autobús que transportaba un grupo de fieles al monasterio de San Samuel, en la provincia de Minia, a unos 250 kilómetros al sur de El Cairo. Según fuentes de la Iglesia ortodoxa copta, siete personas han fallecido y otras 14 han resultado heridas en el atentado. El grupo yihadista reivindicó la salvaje acción pocas horas después a través de su agencia de noticias Amaq.
La minoría copta, que representa aproximadamente el 10% de la población de Egipto, ha sido durante los últimos años blanco de los ataques de la filial del Estado Islámico en Egipto. El día de Pascua del año pasado, al menos 45 personas perecieron en un doble atentado contra la catedral de San Marcos de Alejandría y la iglesia de San Jorge en Tanta. Tan solo un mes después, en mayo, se produjo el atentado contra un autobús en Minia que se saldó con la muerte de otros 28 cristianos. Recientemente, un tribunal egipcio condenó a la pena de muerte a 17 personas acusadas de perpetrar varias matanzas contrar iglesias coptas entre 2016 y 2017.
El presidente Abdelfatá al Sisi ha condenado rápidamente el atentado a través de su cuenta de Twitter y ha deseado una pronta recuperación a los heridos. “Siento con gran dolor los mártires que cayeron hoy por unas manos traicioneras que buscan minar el cohesionado tejido de nuestra sociedad… Reafirmo nuestra determinación para combatir el oscuro terrorismo y perseguir a los perpetradores”, rezaba el mensaje de Al Sisi. Según los analistas, los reiterados ataques contra la minoría copta por parte del ISIS pretenden provocar nuevas tensiones sectarias en la sociedad egipcia.
Tras las últimas masacres, algunos cristianos han dirigido su ira hacia el régimen, al considerar que no los protege lo suficiente. Además, muchos opinan que el Gobierno no se enfrenta realmente al caldo de cultivo que propicia los ataques sectarios. “Los coptos están acostumbrados a sufrir ataques en lugares de culto desde hace décadas. Pero lo que empeora ahora las cosas es que el Estado, que debería protegerlos, aprobó una ley intolerante en 2016 sobre la construcción de iglesias que deja claro que los coptos son ciudadanos de segunda clase”, sostiene Timothy Kaldas, investigador del think tank Timep. Si bien es cierto que la nueva normativa simplifica el proceso en comparación con la anterior, aún impone más trabas que para la construcción de mezquitas.
Por esta razón, centenares de iglesias en Egipto, sobre todo en las provincias del sur como Minia, han sido construidas sin permiso, lo que constituye una continua fuente de rencillas de tipo sectario. “Estas leyes han sido utilizadas como excusa para las turbas para atacar iglesias y viviendas de los cristianos y, habitualmente, los perpetradores se escapan de cualquier tipo de persecución [legal], por no hablar del encarcelamiento”, agrega Kaldas a través de un mensaje electrónico.
Ola de arrestos de defensores de derechos humanos
El atentado se produce el día después de que el régimen egipcio intensificara de forma significativa su acoso contra la comunidad de defensores de derechos humanos, una de las pocas voces críticas que todavía no han sido silenciadas por una represión atroz que ha llevado a decenas de miles de personas a la cárcel desde el golpe de Estado militar de 2013. Según Amnistía Internacional, en cuestión de horas las autoridades arrestaron a 19 abogados y activistas, varios de ellos vinculados a la Coordinadora Egipcia para los Derechos y las Libertades, que decidió el mismo día cerrar sus puertas a causa del continuo hostigamiento del régimen.
Entre las personas detenidas figura la célebre abogada Hoda Abdelmoneim, de 60 años, que fue miembro del Consejo Nacional para los Derechos Humanos, un organismo oficial de monitoreo. “Con estos arrestos, las autoridades egipcias han demostrado una vez más su determinación de aplastar cualquier tipo de activismo y de desmantelar el movimiento de derechos humanos en el país. Cualquiera que hable sobre las violaciones de derechos humanos en Egipto está hoy en peligro”, ha declarado Najia Bounaim, responsable de Amnistía Internacional para el Norte de África.
