Siete años, 22.442 bodas y un recurso contra el matrimonio gay

“Vivimos con incertidumbre”, asegura Emilio Menéndez, de 57 años, mientras pasea a su perro Trapo, de la mano de su marido, Carlos Baturín, de 66. El pasado 11 de julio celebraron el séptimo aniversario de una boda histórica, la primera entre dos personas del mismo sexo en España. Durante estos siete años han experimentado la felicidad de un amor reconocido por la ley, pero siempre amenazado por un recurso de inconstitucionalidad que en septiembre de 2005, dos meses después de la boda, presentó el Partido Popular, entonces en la oposición.

Los conservadores entendían que la ley vulneraba el artículo 32.1 de la Constitución sobre el derecho al matrimonio. “No son matrimonio, ni por consiguiente puede configurarse jurídicamente como tal”, por lo que es incompatible con el artículo 32.1 de la Constitución sobre el derecho del “hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad”. Sin embargo, el apartado siguiente (el 32.2) indica que “la ley regulará las formas de matrimonio”.

Desde que el 30 de junio de 2005 el Congreso aprobase las bodas entre parejas homosexuales, se han celebrado 22.442 hasta este año, lo que supone el 1,8% de las nupcias, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo en 2006 se oficiaron más de 4.574 bodas gais en España, que desde entonces no han bajado de 3.000 al año. Hasta 2011 (y se supone —aún no hay datos— que en 2012). El miedo a que la victoria del Partido Popular en las elecciones supusiera que el recurso prosperara hizo que algunas parejas pensaran que se trataba de un “ahora o nunca”. En 2011 hubo 3.880 bodas (2.293 de hombres; 1.587 de mujeres), un 21,5% más que el año anterior.

“Por lo menos, queremos tener el derecho adquirido y ver si lo pueden revocar”, dice Rubén López, coordinador del grupo gay universitario Arcópoli. Después de 10 años de relación, Rubén se casó el 15 de septiembre. “La convivencia te empuja. Cuando murió la abuela de mi marido no me dieron ni un día. La llegada del PP nos daba miedo”, dice.

También Esther Velasco y Herminia Silva, de 38 y 45 años respectivamente, se casaron con prisa, pero por otro motivo: estaban a punto de ser madres. Esther estaba embarazada de ocho meses y la ley de identidad de género, aprobada en marzo de 2007, les reconocía el derecho a ser madres sin recurrir a la adopción. Si se casaban antes de dar a luz, podrían registrar al bebé como hijo de ambas. “Nos ponían pegas en el Registro, pensábamos que no nos podríamos casar”, explica Herminia. Finalmente, pudieron contraer matrimonio el 12 de febrero de 2009 en una ceremonia civil oficiada por una concejala del PP en Madrid. Esther dio a luz el 14 de marzo siguiente.

A Carlos le preocupa que los jueces del Tribunal Constitucional sean propuestos por políticos y manifiesten su filiación ideológica. “Nunca he estado tranquilo, porque los jueces no son objetivos, expresan sus ideas y no sabes cómo te van a tratar”, explica. Emilio, aunque inquieto, se carga de razones para sosegarse: “La Constitución no se puede utilizar para recortar derechos, sería pervertirla. El recurso del PP se hizo de cara a la galería de los obispos y los carcas. La sociedad española no va a ir para atrás”, asegura.

Esther explica que su madre, a quien le costó mucho aceptar su orientación sexual cuando salió del armario siendo estudiante, ahora presenta a su hija y su mujer con naturalidad. Cuando reconoció su identidad sexual, todo era muy distinto: “Me echaron del Acuarela —un bar del madrileño barrio de Chueca, centro de la vida homosexual— por besarme con una chica cuando tenía 19 años”, recuerda entre risas.

Esther y Herminia destacan que haberse casado les permitió adquirir derechos “muy importantes”, como el acceso a una pensión de viudedad, a la custodia compartida o a un permiso de trabajo por enfermedad del cónyuge, aunque todavía existen desigualdades “implícitas” y “dolorosas”. “¡Aquí solo puede estar el padre!”, le espetó el médico a Herminia, recuerda esta, cuando acompañaba a su mujer en el hospital con el niño recién nacido. “Le dije: bueno, pues el padre soy yo”, cuenta enfadada.

“Cada vez que entraba un sanitario, tocaba explicar que las dos éramos madres del niño”, dice Esther, que tuvo que someterse a un peritaje psicológico para recurrir a la inseminación artificial. “Si eres soltera o tu pareja es una mujer, tienes que ser evaluada psicológicamente. Pero si es hombre, no”, se queja.

La tesis del recurso de inconstitucionalidad que puso el PP en 2005 apunta a que las uniones integradas por personas del mismo sexo “no son matrimonio, ni por consiguiente puede configurarse jurídicamente como tal”, por lo que, según los populares, es incompatible con el artículo 32.1 de la Constitución española, que reza: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Sin embargo, en el apartado siguiente –el 32.2- manifiesta que “la ley regulará las formas de matrimonio”.

Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Arroyo, los argumentos del recurso son “muy débiles”. El académico explica que el recurso no se sostiene a la luz de la Constitución porque se otorga al legislador la potestad para definir los matrimonios civiles.

Herminia cree la batalla semántica esconde una excusa para rechazar a las parejas homosexuales con menor desgaste político. “No me entra en la cabeza que se pueda protestar porque otro tenga los mismos derechos. Reivindicar un derecho sí, se entiende, pero protestar para que se los quiten a otro es incomprensible”, dice con indignación, mientras Esther confirma que han temido que un juez pueda “divorciarlas” si el Constitucional fallase a favor del recurso.

Los argumentos del recurso de los populares se centraban en que las bodas entre personas del mismo sexo “desnaturalizan” el matrimonio. El documento se apoya en la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que define el término "matrimonio" como la "unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales". Sin embargo, el pasado 22 de junio, la institución dio cabida a las personas del mismo sexo en su manual y aquel argumento quedó obsoleto. La RAE acepta ahora que “en determinadas legislaciones”, el matrimonio es “la unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”.

Esther y Herminia reconocen el gran avance en cuanto a la tolerancia alcanzada, aunque explican que todavía existen dolorosas desigualdades burocráticas. Una vez casadas, iniciaron una carrera de obstáculos que no terminó con la maternidad. “¡Aquí solo puede estar el padre!”, le dijo el médico a Herminia, recuerda esta, cuando acompañaba a su mujer en el hospital con el niño recién nacido. “Le dije: bueno, pues el padre soy yo", recuerda resignada. Vieron muchos médicos: durante los 9 meses que vivió el niño, que sufrió un parto doloroso debido a una serie de negligencias médicas, según las madres, tuvieron que explicar su configuración familiar. “Cada vez que entraba un médico o una enfermera, te tocaba explicar que las dos éramos madres del niño”.

Para ser madres por la vía de la inseminación artificial, Esther tuvo que pasar por un peritaje psicológico en el hospital. “Si eres soltera, tienes que ser evaluada psicológicamente. Si tienes pareja, pero es una mujer, también”, se queja. “Parece que debes estar mal de la cabeza si quieres tener un hijo sin la presencia de un hombre”, dice Herminia. Inscribir a su hijo en el registro civil también se tornó una odisea burocrática. “Vente otro día, que no sabemos cómo es”, me decían en el registro. Otra aventura fue cuando, con el niño recién nacido, acudió a la oficina de la Seguridad Social para pedir la baja de paternidad. No había otro nombre. “El funcionario me miraba y volvía a mirar los papeles, una y otra vez. Al final, se levantó a preguntar y se montó un pequeño revuelo”, recuerda, frustrada pero divertida. “Y a esto siempre le acompaña el runrún del recurso, porque no sabes si un juez te puede amargar la vida”, añade.

Para el secretario de movimientos sociales y relaciones con ONGs del PSOE, Pedro Zerolo, que hace siete años pudo casarse con su pareja, Jesús, los matrimonios homosexuales han vivido “un auténtico calvario” por la incertidumbre en que han vivido las más de 20 mil parejas que se casaron en estos últimos años. “Parece que el PP sigue la hoja de ruta de la Conferencia Episcopal contra los derechos civiles: se han opuesto al divorcio, al tratamiento con células madre, al matrimonio homosexual…En todo coinciden”, sentencia.

El cruce de declaraciones políticas ha continuado en paralelo al procedimiento legal del tribunal. Mientras que en septiembre de 2005, en Génova defendían que los homosexuales podían recurrir a las “uniones civiles” para regularizar su situación, en los últimos años se ha escudado en el silencio del Constitucional. El PSOE no ha dejado de calificar el documento de los populares como “el recurso de la vergüenza” y no ha perdido ocasión para exigir a Mariano Rajoy que lo retire.

Emilio no entiende por qué rechazan el matrimonio entre dos personas del mismo sexo aquellos que no reconocen el matrimonio civil. “La palabra es importante porque la igualdad no admite grados. El matrimonio es la figura legal de dos personas que deciden ser socias de vida”, sentencia. Recuerdan la boda, llena de anécdotas, con candor. “Había muchísima más prensa que invitados”, dice Emilio, a quien le gusta que se hable de “matrimonio civil”. Esther califica el intento de cambiar el nombre a su matrimonio como “una forma de humillación”.

Carlos y Emilio presentaron los papeles un lunes, se lo confirmaron un miércoles y el lunes siguiente se casaron. La boda de Esther y Herminia fue bien distinta: en la Junta Municipal de San Blas, con dos testigos mediante y un grupo de curiosos que chismosean a pocos metros, recuerdan, sin darle importancia. “Nos han llegado a escupir por la calle”, comenta Herminia.

Para Esther la ley ha sido de gran utilidad por los problemas derivados de la maternidad. Hasta que no tienes problemas, no te das cuenta de lo necesario que es casarte. “Ahora Herminia está en paro, y puedo meterla en mi seguro médico. Si a ella la operan, puedo coger unos días en el trabajo, o si me pasa algo, tendría una pensión. Antes de 2005, no éramos nadie legalmente”, explica.

Carlos y Emilio, que se conocieron en febrero de 1975, en el último invierno de Franco, vivieron en el desamparo legal durante 30 largos años. Se enamoraron bajo la amenaza de una de ley de vagos y maleantes que pervivió hasta 1978 y que podía costar en algunos casos años de cárcel y, en otros muchos, palizas en comisaría. Para Carlos, norteamericano, podría suponer una expulsión definitiva del país: “En España vivía muy asustado por la posibilidad de que nos denunciaran y me separaran de Emilio”. No creían entonces que algún día podrían contraer matrimonio. “Nuestra única ambición era que nos dejaran en paz”, recuerda Emilio 37 años después. Aquel año, viajaron a Estados Unidos, un país que les ofrecía trabajo y respeto por su orientación sexual. “Nueva York iba como 25 años por delante que Madrid en cuanto a tolerancia”, recuerda Emilio.

Lo único que ha separado a la pareja durante los últimos 37 años ha sido el servicio militar que Emilio se vio obligado a hacer en 1979. Volvieron en el año 85. Carlos, como norteamericano, tenía que solicitar su permiso de residencia, y en aquella época solo servía demostrar que se disponía de cierta cantidad de dinero para mantenerse. El hecho de ser pareja de un asturiano no le otorgaba el derecho a vivir en España.

“Tuvimos que ir a otro lugar a trabajar, a vivir. Aquí no teníamos ningún derecho; legalmente no éramos nadie”, explica Emilio. Aunque se muestran optimistas, han esperado con impaciencia el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, acaso su última preocupación legal. El largo periplo podría estar a punto de terminar, pero advierten que, en caso de que el Tribunal Constitucional fallase a favor del recurso del PP, seguirían luchando. “Si hubiese prosperado el recurso contra el matrimonio gay, iríamos a Estrasburgo”, asegura Emilio, en alusión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Muchas familias han vivido con la angustia de saber si las iban a anular de golpe y porrazo. Nos han obligado a pasar una reválida injusta y discriminatoria”, afirma la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Bori García Rodrigo. “Incluso algunas parejas se han podido ver forzadas a adelantar la decisión por miedo”, dice. Pero esta visión tiene una contrapartida. “En estos siete años, la sociedad ha visto que no pasa nada, que ni se destruye la familia ni se ataca nada. Simplemente, que tenemos derechos como los demás. Y nos ha permitido saber quiénes son los homófobos, quienes se oponen a nuestra igualdad”.

Carlos no oculta su satisfacción por que la resolución del recurso elimina “una espada de Damocles” de sus vidas. “El matrimonio gay es una salida del armario de toda la sociedad. Porque la igualdad no admite grados”, concluye Emilio.

Entrevista a Esther y su pareja que se han casado hace un año y forman un matrimonio gay. / Samuel Sánchez (EL PAÍS)