Ante la recurrencia de violaciones al principio de Laicidad del Estado mexicano, parece no haber autoridad que frene esa otra forma de impunidad, rociada con agua bendita.
Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado de Morelos, consintió que se celebrara una misa en el interior de uno de los patios del palacio de gobierno, con motivo del 12 de diciembre. Consintió y participó en la misa. María Corina Martínez García, diputada de la Cámara de Diputados del estado de Hidalgo, el pasado 29 de octubre, sube a tribuna y entona “Levántate alma cristiana”. Ambos ocupantes de un cargo público, por Morena.
Margarita Arellanes, siendo alcalde de Monterrey, Nuevo León, por el PAN, consagró su gestión pública a una secta cristiana. Posteriormente buscó ser senadora de la República por Morena, en las elecciones federales del presente año.
Los priistas, Javier Duarte (señalado de apoyar a Morena en las elecciones del presente año) y César Duarte, siendo gobernadores de los estados de Veracruz y de Chihuahua, respectivamente, consagraron a sus entidades, su función pública y a la sociedad que gobernaron, al Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Lo mismo hizo el gobernador panista Miguel Márquez, en Guanajuato.
Más de uno dirá que hay cosas más importantes, que perder el tiempo en disquisiciones sobre la laicidad del Estado mexicano. El asunto es que si de verdad queremos transitar de un Estado de Leyes a un Estado de Derecho, éste solo será posible, si se hace cumplir la Ley.
No es cualquier cosa. La Laicidad es la mejor garantía que tenemos todas y todos los mexicanos para hacer efectivas nuestras libertades, no solo de conciencia y de creencia, que abarcan múltiples derechos. En tanto hablar de libertades, es hablar de derechos humanos y más, mucho más, pues además de ser personas, con todo lo que ello implica, somos trabajadores, somos ciudadanos, somos pueblos, sociedades, culturas, países, mundo y muchas cosas más, que gracias a la Laicidad, ganamos en pluralidad, diversidad, convivencia pacífica, igualdad e inclusión.
Por lo anterior, es crucial que los poderes públicos preserven su autonomía respecto a las religiones, en igual forma, el Estado no tiene porque intervenir en los asuntos religiosos de las personas, en su calidad de ciudadanos y habitantes. Porque Laicidad es “un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas… por la soberanía popular y no por elementos religiosos” (Roberto Blancarte).
En este contexto, otra vez volvemos a la carga con Monreal y Muñoz Ledo, quienes deben impulsar el fortalecimiento de las instituciones para que sean verdaderamente laicas, “es decir des-sacralizadas”, como apunta Roberto Blancarte de El Colegio de Mexico.
Cuauhtémoc Blanco, María Corina Martínez, Margarita Arellanes, Javier Duarte, César Duarte, Miguel Márquez y todas y todos los servidores públicos, cuanto más los electos por el voto popular, no están o estuvieron en sus cargos, a título personal, por lo que en el ejercicio de su función pública deben actuar conforme al interés público, es decir, conforme al interés de todas y todos sus gobernados, sin excluir el derecho de las minorías, pues no deben olvidar que la fuente de su poder, es el voto de las y los ciudadanos, no de una institución religiosa.
Cualquier servidor público que acude o usa un acto religioso, de cualquier tipo y naturaleza, pensando que va a adquirir mayor legitimidad, otra vez acudo a Blancarte: “… está haciendo… haraquiri político, ya que está acudiendo a una fuente de legitimidad que no es la suya y está minando… su propia fuente de autoridad, que es la voluntad popular por medio del voto… más allá de las creencias de cada quien.”
Los representantes y dirigentes religiosos pueden opinar, pero no pueden moldear las políticas públicas. Las leyes y políticas públicas no pueden ser producto de las creencias personales de los servidores públicos. Las iglesias y religiones no deberían dejarse utilizar por políticos y servidores públicos, en tanto comprometen y desacreditan símbolos y valores tenidos por sus fieles, al corromper y viciar tales símbolos y valores, con la actuación pública y comportamientos privados de los servidores públicos en cuestión.
Ser Estado Laico o no ser, sigue siendo la cuestión. Constitucionalmente valdría la pena especificarlo. Hacer cumplir la Ley, desde Ya.
José Miguel Muñoz
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