Una de las clases del colegio Altair. PACO PUENTES
El Gobierno cambió la ley educativa en 2013 justamente para atender las demandas de los centros que segregan a los alumnos y las alumnas
La justicia es lenta; menos cuando decide no serlo por razones que no siempre se escapan. El Tribunal Supremo, adelantándose al Tribunal Constitucional, emitió el pasado miércoles una sentencia a favor de la educación segregada por sexos. El ponente ha sido José Luis Requero, un magistrado que pertenece al Opus Dei, la organización más combativa en favor de la segregación. No ha habido unanimidad. Se han registrado incluso votos particulares muy duros en contra. Pero en realidad Requero se ha limitado a aplicar la ley.
Esta es una vieja historia; una antigua batalla, como la del Valle de los Caídos, que el Partido Popular está dispuesto a ganar por acción o por omisión. Ya estaba Mariano Rajoy gobernando con mayoría absoluta cuando el mismo Tribunal Supremo, en julio de 2012, emitió dos sentencias en contra de la educación segregada. Solución: cambiar la ley. La reforma educativa de José Ignacio Wert, la LOMCE, reabrió expresamente la puerta a la subvención estatal de este tipo de centros y ahora el Supremo aplica la nueva directriz.
El debate no está cerrado. Aún tiene que pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el PSOE y los gobiernos de Andalucía, Canarias y Asturias contra, justamente, el artículo de la LOMCE que permite subvencionar a los centros segregados. Por eso, lo lógico es que el Supremo hubiera esperado. El caso es que esa norma considera que no hay discriminación siempre que se respete la convención relativa a la lucha contra las discriminaciones. Dicha convención, aprobada, por cierto, hace 57 años, cree que, en efecto, no hay discriminación cuando los centros no sean excluyentes, ofrezcan una calidad similar y el Estado en el que se enclavan los admita. O sea, que volvemos a la casilla de salida.
La LOMCE se aprobó en su momento (2013) sin consenso y lo que aquí se dirime es, fundamentalmente, si esos colegios segregados merecen una subvención pública, que es lo que se les niega, por ejemplo, en Andalucía. El Constitucional tendrá que pronunciarse por el aspecto más profundo: si hay una discriminación en razón del sexo.
La polémica está servida. Si una organización erigiera en España colegios solo para negros o solo para inmigrantes o solo para musulmanes la gente se echaría las manos a la cabeza. En cuestiones de sexo, es tan larga y está tan interiorizada la tradición, que es más difícil percibir la discriminación.
Cuenta la periodista Reyes Rincón que el colegio Altair de Sevilla ha colgado en su tablón de anuncios la novedad: “Gracias a Dios puedo daros la buena noticia de que el Tribunal Supremo ha dictado sentencia dando la razón a Altair. De esta manera, recuperamos los conciertos”. Altair debería ser más agradecido con el Gobierno de Rajoy, que tantas molestias se ha tomado para “hacer las cosas como Dios manda”, que diría el propio presidente del Gobierno.
