Senadores mexicanos advirtieron este martes a los congresos estatales que el «pin parental», una herramienta que permitiría a las familias decidir si sus hijos reciben educación en materias sensibles como la sexualidad y la igualdad, viola los derechos humanos.
La Comisión para la Igualdad de Género del Senado mexicano, así como senadoras, diputadas y legisladores del Congreso de la Ciudad de México llamaron a los congresos locales a no aprobar leyes contrarias a la educación científica, laica e inclusiva.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la citada comisión, junto con un grupo de senadores, dijeron a los congresos que «como representantes populares deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en la Constitución mexicana».
Recordaron que el artículo 1 establece la obligación de todas las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
En tanto, el artículo 3 incluye «el derecho de toda persona a la educación (…) la enseñanza debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, además deberá luchar contra la ignorancia y contribuir a la mejor convivencia humana».
«(El pin) es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia», dijo Micher Camarena.
Los legisladores advirtieron que algunas personas se han pronunciado en favor de promover el pin parental, siendo esa posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión, pero alertaron que algunas asociaciones están vinculadas con posiciones ultraconservadoras.
Además, los senadores consideraron que la Secretaria de Gobernación (Interior) ha actuado correctamente para alertar a los congresos sobre las violaciones a los derechos humanos que estarían cometiendo en caso de aprobar el pin parental.
Hace una semana, la Secretaría de Gobernación señaló que las reformas que podrían permitir a padres y madres vetar contenidos educativos «despojan al Estado de su rectoría constitucional para definirlos y son inconstitucionales».
Además, señaló que de darse ese uso habría una afectación al Interés Superior de la Niñez al impedir que niñas, niños y adolescentes reciban educación sexual y reproductiva, además de que se oponen a una educación laica y científica.
Desde inicios de 2020, en al menos en cinco congresos locales de México se presentaron iniciativas de reforma a leyes de educación y de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a constituciones locales, donde se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos.
En ellas, se propone la opción de vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus «convicciones éticas, morales o religiosas».
