Protesta contra la ley de ciudadanía, este sábado en Patna. AFTAB ALAM SIDDIQUI PTI/DPA
El primer ministro Modi pone en peligro el Estado laico e integrador con sus leyes discriminatorias con los musulmanes
La modificación en la ley de ciudadanía por el Gobierno de la India, que ha provocado una oleada de protestas con al menos diez muertos y decenas de heridos y detenidos, representa un peligro para la convivencia, siempre delicada, en este país de 1.200 millones de habitantes, pero se alza también como una amenaza para la estabilidad regional porque puede aumentar la tensión con Pakistán, ya muy elevada. Se trata además de nueva demostración de sectarismo por parte del primer ministro Narendra Modi, del partido nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), que cada vez deja más claro que pretende alejarse del espíritu integrador de los fundadores de la India moderna, empezando por Mahatma Gandhi, y gobernar solo para la mayoría hindú, excluyendo a los casi 200 millones de musulmanes que, le guste o no a Modi, son ciudadanos de pleno derecho.
La nueva legislación concede asilo y ciudadanía a cualquier inmigrante indocumentado de varios países de la región, siempre y cuando no pertenezca a la comunidad musulmana. Se trata de una medida claramente discriminatoria porque, si bien es cierto que los que no son musulmanes pueden sufrir persecuciones en países como Pakistán o Afganistán, resulta evidente que cualquier persona, independientemente de su credo, puede convertirse también en una víctima de violencia y ser amenazada en esos lugares. El mensaje no puede ser más claro: los musulmanes no son bienvenidos. Y se suma, además, a otra serie de medidas adoptadas por el Gobierno nacionalista indio, claramente en contra de la población musulmana.
Poco después de ser reelegido en mayo por una amplia mayoría, Modi acabó con la autonomía de Jammu Cachemira, el único Estado indio de mayoría musulmana y una fuente de conflicto permanente con Pakistán desde la partición de 1947. Lanzó además redadas masivas que acabaron con cientos de detenciones y cortó Internet para aislar a este territorio del mundo. También lanzó un programa de revisión de ciudadanía en el Estado de Asam, que podía convertir a dos millones de musulmanes indios en apátridas.
Su respuesta a las protestas de los últimos días ha demostrado también un reflejo autoritario: ha activado una ley colonial para prohibir las movilizaciones, ha limitado Internet y ha detenido a decenas de personas. En vez de frenar las protestas, estas han aumentado, con la participación de indios de todas las clases y credos, que quieren defender una democracia laica. El futuro de una India en paz pasa sobre todo por renunciar al sectarismo incendiario que está demostrando Modi y por la construcción de una sociedad de ciudadanos, más allá de cualquier división religiosa. Pero los primeros meses de su segundo mandato invitan al pesimismo.
