En el último mes se incrementó la cifra de denuncias y arrestos a mujeres que decidieron abortar revelando de esta manera la política estatal de criminalización y persecución punitiva y amedrentando de esta manera a mujeres que decidieron sobre su cuerpo.
El pasado lunes salieron a relucir los datos de las mujeres que fueron denunciadas y arrestadas por practicarse un aborto en Bolivia, las cifras en este último mes se dispararon, ya son 7 mujeres las que son detenidas en cinco ciudades de Bolivia, la cifra triplica los dos casos registrados en los pasados 7 meses. Según datos de IPAS, en “el período del 2008 al 2012… se encontró que se iniciaron investigaciones de abortos ilegales en 775 casos.” llegando a un promedio de 155 investigaciones iniciadas en la Fiscalía por año. Ante esto el Pacto de Despenalización del Aborto denuncia una persecución «moralista” que amedrenta y atenta contra las mujeres.
La cantidad de investigaciones y arrestos también reflejan la política de Estado, desde el Ministerio Público, de criminalizar la decisión de las mujeres sobre sus propios cuerpos. Las mismas autoridades mantienen un silencio cómplice y una ineficacia intencional con los cientos de casos de feminicidios y violencia machista, más aún cuando los agresores forman parte del aparato estatal.
«Estamos ante una campaña feroz e inhumana que condena a las mujeres. Son los propios proveedores de salud los que, en lugar de respetar la privacidad de la paciente, la denuncian para que vaya presa. Eso crea temor y resistencia a la atención médica”, denuncia la representante del Pacto de Despenalización del Aborto, Guadalupe Pérez (Página Siete).
Durante este mes que termina se produjeron más arrestos que en todo lo que va de gestión. “La misión de los médicos es brindar atención de calidad, resguardar la vida. El riesgo es que amedrenten a las mujeres que precisan atención. No pueden imponer su moral en un país laico, lamentablemente no se cumple la sentencia constitucional que instruye el aborto impune en caso de violación, incesto o en los que la vida de la madre corre peligro. Las jóvenes son sometidas a consejerías en las que se les inducen a aceptar su maternidad en lugar de hacer cumplir la norma”, opina Patricia Brañez, coordinadora de la campaña 28 de septiembre, miembro del Pacto pro Despenalización.
Las complicaciones tras los abortos inseguros se posicionan en el tercer lugar de mortalidad femenina en el país, lo que no quieren ver los fanáticos de la Iglesia, así como opositores y oficialistas, es que con consentimiento o no, legal o no, esta práctica se realiza y se continuará realizando por cientos cada día. Según datos del CIDEM, alrededor de 80.000 mujeres abortan anualmente, de las cuales más de 480 mueren en la clandestinidad. Es decir, durante los casi 12 años del denominado “Proceso de Cambio”, habrían muerto más de 5500 mujeres por la ilegalidad de esta práctica (cifras aproximadas sobre los casos visibles).
El proyecto de ley de modificación de Código Penal, que está aún en debate, propone ampliar las causales de la despenalización de la interrupción del embarazo, esta modificación en el Código de Sistema Penal se ha limitado a ampliar las causales de aborto no punible, restringiéndolo a 8 semanas que es el tiempo menor al establecido recomendado incluso por la propia Organización Mundial de la Salud y sosteniendo que será permitido “por única vez” para determinados estatus socio-económicos.
Rechazamos este control estatal del cuerpo y de la vida de las mujeres y exigimos que el Estado y las iglesias retiren sus manos de nuestros cuerpos. Exigimos el derecho pleno al aborto seguro, libre, legal y gratuito. Nada de aquello será una concesión, pues lo obtenido hasta el día de hoy ha sido gracias a la organización y lucha. No esperamos nada ni de este Estado, ni de este gobierno. Por ello, nos organizamos y movilizamos ante esta situación, contra los ataques de la Iglesia y por mayores avances hacia un aborto libre, legal, seguro y gratuito.
