Se cumplen 40 años de los acuerdos de España con la Iglesia católica

Si nos remontamos al final del franquismo, a aquellas últimas semanas del año 1975, las negociaciones para revisar, renovar en su caso, el Concordato estaban bloqueadas, por mejor decir rotas, pero los nuevos tiempos ─que habían dejado unos meses antes al cardenal Vicente Enrique y Tarancón como presidente reelecto de una Conferencia Episcopal dominada por el sector eclesiástico aperturista y traído a un nuevo jefe de Estado, el rey Juan Carlos I, decidido a normalizar la situación de España en el mundo ─ auguraban una salida a su estancamiento. Y las relaciones se retomaron ya desde el primer Gobierno monárquico, el último del franquista Carlos Arias Navarro, con el aristócrata monárquico y antiguo consejero del padre del rey José María de Areilza al frente de la diplomacia española. Pero resultó pronto evidente que el principal obstáculo para llegar a acuerdo alguno era el propio Arias Navarro, como lo estaba siendo, para pilotar el camino hacia la democracia.

El Acuerdo Básico

Y es en julio de 1976, con la llegada del exministro franquista Adolfo Suárez al frente del ejecutivo, que la situación cambia y se desatasca. El democristiano Marcelino Oreja Aguirre pasaba de subsecretario a ministro de Asuntos Exteriores y ya el talante gubernamental, aperturista y reformista, era muy otro. Cuando Juan Carlos I decide finalmente el 17 de ese mes de julio renunciar explícitamente al derecho que como jefe de Estado tenía a la presentación de (las candidaturas de los) obispos, la vía hacia un pacto duradero de España con la Santa Sede queda expedita. Así, once días más tarde, se firmaba el llamado Acuerdo Básico, por el cual la Iglesia, a cambio del gesto del rey español, renunciaba al fuero eclesiástico, esto es, al enjuiciamiento de sus miembros por la propia institución. Algo que asimismo sirvió, de paso, para acercar posturas en el seno de la Iglesia española entre el sector aperturista y el conservador, tal y como recoge en su libro dedicado a la Iglesia y la Transición el historiador Pablo Martín de Santa Olalla Saludes.

Los Cuatro Acuerdos Principales

Las negociaciones prosiguieron, no obstante, pues el horizonte al que miraban unos y otros era sustituir definitivamente el Concordato por una serie de acuerdos parciales (algo que recogía el propio Acuerdo Básico). Las posturas parecían ir acercándose al ritmo pausado pero decidido en el que estaba teniendo lugar la propia Transición, y si los gabinetes de Suárez proseguían su intención de reducir al máximo los privilegios eclesiásticos en una sociedad desprovista de la religiosidad impostada que el franquismo había pretendido perpetuar, la Iglesia se avenía a guardar silencio en actos tan significativos, tan axiales, como la legalización del Partido Comunista Español en abril del 77 o a renunciar a apoyar a formación alguna en las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.

De tal manera que, ya aprobada la Constitución, se llegó a enero de 1979, cuando el día 3 el Estado español y la Iglesia católica firmaron los que han pasado a ser conocidos como Cuatro Acuerdos Principales, a los que se les dio rango de convenio internacional, se unían por decir así al Básico de tres años atrás, y que también sin duda poseen un marcado carácter pragmático. Las negociaciones para llegar a su fin habían sido llevadas a cabo en su tramo ya decisivo y final a la par que tenían lugar los propios debates en torno a la redacción de la Constitución y el pacto fue ratificado por las Cortes el 13 de septiembre de aquel año 79. Para muchos, esos acuerdos aseguraron una nueva situación de privilegio de una institución, la Iglesia católica, dentro de un Estado que desde entonces hace verdaderos equilibrios para tenerse a sí mismo por un poder aconfesional, laico, ajeno a las premisas ideológicas del catolicismo romano. Cada uno de aquellos acuerdos se ocupaba de un ámbito, pues si uno era jurídico (el que reconocía la personalidad de la Iglesia y del matrimonio canónico), otro se dedicaba a la enseñanza y a otros aspectos culturales (donde el elemento más polémico y problemático en un futuro inmediato sería el grado de atención que a la enseñanza religiosa, vale decir católica, se comprometía el Estado en tanto que regulador del sistema educativo: elevado para muchos, reducido para los más acólitos), uno tercero era de alcance castrense, militar (donde se dilucidaba la asistencia católica a las Fuerzas Armadas), y uno último tenía carácter económico (pues el Estado adquiría un compromiso explícito para colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica, a la que además otorgaba jugosas exenciones fiscales).

Adolfo Suárez y el cardenal Tarancón

El posterior debate parlamentario

Tal vez asistir a aquella sesión plenaria donde se discutió, meses después, en sede parlamentaria, el alcance de los nuevos pactos Iglesia-Estado, los de la Transición, sea útil para hacernos una acertada idea de la verdadera situación del debate político sobre estos asuntos. Aquel 13 de septiembre del año 79, Oreja Aguirre defendió la necesidad y el acierto de los cuatro acuerdos en el Congreso de los Diputados. Explicó que desde el principio del reinado de Juan Carlos I venía siendo necesario redefinir la relación entre España y la Iglesia católica, entre España y el Vaticano, a la luz de la nueva realidad social y política española que hacía del Concordato de 1953 ya una norma superada, un pacto sin los pies en el suelo. Entendía el Gobierno de Suárez que los nuevos acuerdos se fundaban en tres principios esenciales: la libertad religiosa, la neutralidad del Estado en los asuntos religiosos y la no discriminación por razones relacionadas con las creencias y las prácticas religiosas.

El ministro de Asuntos Exteriores fue contestado en primer lugar en esa sesión parlamentaria por tres de los llamados padres de la Constitución, el diputado comunista Jordi Solé Tura, el socialista Gregorio Peces-Barba y el conservador y exministro franquista Manuel Fraga. Solé Tura consideró que los acuerdos habían sido tomados de espaldas a la opinión pública, sin consensuar con el resto de fuerzas políticas, reconocían principios legales aun no aprobados ni determinados por el poder legislativo y escondían de una forma deliberada “cierta búsqueda de confesionalidad solapada” por parte de los poderes públicos civiles. Peces-Barba recriminó los pactos en parecidos términos y ahondó en la falta de constitucionalidad en especial de todo lo referido a lo que consideró privilegios excesivos de la Iglesia católica en materia de enseñanza. Por su parte, Manuel Fraga defendió la conveniencia y necesidad de los cuatro acuerdos fundamentando su postura en la reconocible mayoría católica entre los españoles y en el derecho que asiste al Gobierno a establecer ese tipo de negociaciones sin necesidad de contar con el consenso que venía moviendo la esencia de la vida política del país. Para finalizar, en nombre del Grupo Mixto, Heribert Barerra, de Esquerra Republicana de Cataluña, incidió en argumentos similares a los usados por los diputados comunista y socialista para mostrarse opuesto a lo acordado con la Santa Sede.

Si la Iglesia católica como tal o la española en este caso ya no eran las instituciones del año 1953 en modo alguno, menos aún la España de 1979 era la España dominada por la dictadura franquista que había pactado el Concordato 26 años antes. El Concilio Vaticano II había transformado aquellas en lo que eran a finales de la década de 1970 y la Transición estaba haciendo de España un país verdaderamente diferente.

Este texto es una adaptación del epígrafe ‘Los acuerdos estatales con la Iglesia católicaperteneciente al libro del autor La Transición (Sílex ediciones, 2015).

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