Catedrático de obligada consulta para cualquier fascinado por la historia política y social de España en el siglo XX, autoridad sobre la Guerra Civil y la Transición, su obra ‘Historias de las dos Españas’ fue merecedora del Premio Nacional de Historia
Santos Juliá (Ferrol, 1940) cuenta en su haber con un valioso y escaso activo: el consenso general en el mundo académico de asociar su nombre a un tratamiento canónico de temas de suma delicadeza como son la Guerra Civil, las víctimas de la contienda y de la represión, el franquismo o la forja de la Transición. El recopilatorio Hoy no es ayer, Historia de las dos Españas, El franquismo, Memoria de la guerra y del franquismo, Víctimas de la Guerra Civil o Transición: historia política y social de España en el siglo XX son algunos de los títulos nacidos de su pluma o que ha coordinado, y que dan prueba de sus conocimientos e investigaciones, además de cientos de artículos en prensa escrita y revistas. Manuel Azaña es otro de sus grandes objetos de estudio. Riguroso analista de los testigos intelectuales desde la revolución liberal hasta la generación de 1956, considera que hoy dicha figura se ha transformado: «Antes el intelectual estaba rodeado de un aura de sacralidad». Pero se ha perdido debido, esencialmente, a que el público ha ido elevando su nivel cultural y educativo: «Se ha democratizado», sostiene. Ahora se trata como tal a quien contribuye al debate público, por lo que «la altura de éste dependerá de la calidad de las élites intelectuales».
Adelantamos dos preguntas sobre las relaciones del Estado y la Iglesia católica, que aparecen al final de la entrevista:
P. ¿A quién pertenece la Mezquita de Córdoba?
R. El Estado tiene necesariamente que replantearse sus relaciones con la Iglesia. El concordato de Estado católico ya no rige. Y los acuerdos por los que fue sustituido ya han dado de sí. Hay que replantear la cuestión de la financiación de la Iglesia. Y, algo mucho más importante, replantearse que los centros públicos tengan enseñanza religiosa. Hay que replantearlo todo y, entre otras cosas, está esta iniciativa contra quienes han declarado como patrimonio eclesial lo que es patrimonio del Estado. Esto hay que clausurarlo. ¡Por supuesto que no es patrimonio de la Iglesia! ¡Por supuesto que es patrimonio del Estado! Y otra cosa, ahí hay culto católico y mezquita….
P. Está inmatriculada legalmente por la Iglesia…
R. Pues anúlala. Esas inmatriculaciones hay que… Eso tendrá que resolverlo un tribunal. Porque si han inmatriculado de acuerdo con la ley, con una ley que le permitía inmatricular aquello que bienquisieran, entonces… va a ser un proceso costoso, porque éste es un Estado de derecho. Por lo que habrá que plantear el procedimiento legal necesario para que esas inmatriculaciones se den como caducas… o nulas, más bien. Y todo lo que se anula, es que no ha existido, a pesar de que haya tenido efectos en algún momento. Además, que se inmatricula en base a una interpretación de la ley que la Iglesia ha tomado.
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