Los obispos están preocupados por el proyecto que avanza en modificar artículos referidos al alquiler de vientres y la fecundación post mortem. Las objeciones de Lorenzetti.
Con un documento contra el narcotráfico, la Iglesia Católica consiguió en pocas horas hacerse oír después de meses de silencio. Con un tema sensible, que preocupa a la gran mayoría, los curas salieron a escena justo una semana antes de que el oficialismo presente en la Comisión Bicameral (creada para tal fin) el proyecto para modificar y unificar el Código Civil y Comercial. Una iniciativa resistida por la cúpula eclesiástica porque incluye cambios en los artículos referidos a la concepción humana, el alquiler de vientres y la fecundación post mortem. Además, el Frente para la Victoria impulsa la regulación de la fertilización asistida y la simplificación de los trámites de divorcio. Aun cuando desde el gobierno nacional hubo señales de que se atenderán las sugerencias de la Iglesia, la desconfianza y la inquietud por el avance del proyecto en el Parlamento desvela a los religiosos por el impacto que tendrá en el Vaticano que se avance en tierra del Papa en asuntos contrarios a sus principios.
“La interna del Vaticano es grave y que se avance en el país del Papa en modificaciones al Código Civil vinculadas a la concepción y a las minorías sexuales preocupa mucho”, confió a Veintitrés un funcionario del gobierno nacional. También preocupa que los legisladores introduzcan cambios que dejen la puerta abierta a la despenalización del aborto en todas sus formas. En marzo de este año, apenas se habían esbozado los primeros trazos del anteproyecto, la Iglesia salió a reclamar que se la consulte. Incluso, ese mismo mes organizó un debate que culminó con varias observaciones, entre ellas que para avanzar con los cambios no se tuvieron en cuenta los principios del pueblo argentino y tampoco la doctrina nacional en materia de relaciones familiares. “La maternidad subrogada ha sido considerada inmoral por la mayor parte de nuestra doctrina (…) resulta inadmisible crear huérfanos artificiales”, decían las conclusiones de aquel encuentro, difundidas por la agencia católica AICA.
En este marco, el pasado viernes 8 de noviembre, en la 106ª Asamblea Plenaria, celebrada en Pilar, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un documento contra el narcotráfico que, de inmediato, se convirtió en uno de los temas centrales de la agenda mediática. El tema, fogoneado por el Grupo Clarín, pronto copó el vacío de un día a día marcado por la ausencia de la presidenta Cristina Fernández marcando agenda. La oposición, siempre ávida de visibilidad y con dificultades para imponer sus prioridades, también se sumó a la cruzada antinarcos de la Iglesia, aunque con matices. En el texto, titulado “El drama de la droga y el narcotráfico”, los obispos denunciaron la preocupación de las familias con hijos adictos y afirmaron que “es un problema emergente de la crisis existencial del sentido de la vida en que está sumergida nuestra sociedad”. Y agregaron: “Se refleja en el deterioro de los vínculos sociales y en la ausencia de valores trascendentes”, argumentos que también podrían esgrimir en otro contexto, incluso para pronunciarse en contra de las modificaciones al Código Civil que impulsa el oficialismo.
Además, los curas apuntaron directo al corazón de la política al advertir que “a esta situación de desborde se ha llegado con la complicidad y la corrupción de algunos dirigentes. La sociedad a menudo sospecha que miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios de justicia y políticos colaboran con grupos mafiosos. Esta realidad debilita la confianza y desanima las expectativas de cambio”. Tras exponer estos argumentos, la CEA reclamó “medidas urgentes” a la dirigencia política y social, así como “consensos sociales” que deriven en políticas públicas. Incluso, los obispos fueron más allá, al denunciar la “desprotección de las fronteras”, al pedir “adecuados sistemas de radar en las zonas más vulnerables” y al dejar en evidencia que el Sedronar esté acéfalo desde hace meses.
El documento de la Iglesia llegó tras varias semanas de instalación en los medios del eje inseguridad-narcotráfico como principal problema nacional, tras el ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino Antonio Bonfatti, el desmantelamiento de algunas cocinas de droga en el interior del país y denuncias de complicidad policial con los narcos. Un panorama desolador que fue coronado con un informe de la ONU que afirma que la Argentina es el tercer país del mundo, detrás de Brasil y de Colombia, en exportar drogas. La Iglesia, consciente de su creciente influencia en asuntos locales desde que Jorge Bergoglio ocupa el trono de San Pedro, hizo esta semana una demostración pública de su poder de maniobra. En este caso, para asegurar que el Gobierno cumplirá con la promesa de impulsar una reforma del Código Civil que los conforme. “Vamos a contemplar en nuestro dictamen los aportes que formuló la Iglesia”, dijo el presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez. Pero al cierre de esta edición, los alcances del compromiso estaban en duda.
Tan blindado permanecía el trazo fino del anteproyecto oficial que la preocupación también alcanzaba a los miembros de la Corte Suprema y a su titular, Ricardo Lorenzetti, fervoroso defensor de la reforma. “Es un código de igualdad”, le dijo a esta revista en una entrevista publicada el 29 de marzo de este año. Entonces, alertaba sobre la necesidad inminente de legislar con una mirada pluralista que abarque a las minorías. “No podemos imponerle a alguien un estilo de vida por ley. Hay que tener la idea clara, el valor es defender la libertad en una sociedad pluralista”, decía entonces.
En sintonía con la Iglesia Católica, este martes se hizo público un documento de la Corte Suprema de Justicia pidiendo “medidas urgentes para combatir el narcotráfico”. Los integrantes del máximo tribunal ya habían tomado cartas en el asunto cuando en septiembre pasado pidieron informes a los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán sobre la situación en esas provincias. Las conclusiones fueron anexadas a la lista de reclamos que los magistrados le formularon al Ministerio de Seguridad y al de Justicia esta semana. Consultado en Radio América sobre la seguidilla de advertencias sobre la amenaza del narcotráfico, el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, sorprendió al responder: “Hay cosas que tienen una rara coincidencia, como el documento de la Iglesia y el comunicado de la Corte”. Según pudo saber esta revista, no sólo la Iglesia y parte de la oposición resisten los cambios al Código Civil. Tanto Lorenzetti como Elena Highton de Nolasco deslizaron en privado, para que trascienda en público, que algunas modificaciones que le hizo el Poder Ejecutivo a la iniciativa no los conforman. Por ejemplo, la eliminación de la responsabilidad civil del Estado del nuevo Código Civil, que la comisión redactora (Lorenzetti, Highton y Aída Kemelmajer de Carlucci) habían incluido en el anteproyecto original. Esa enmienda, de prosperar, impediría que un ciudadano común pueda reclamar una reparación por daños causados en su contra por el Estado o un funcionario público. También está bajo la lupa la preeminencia de los derechos de incidencia colectiva por sobre los derechos individuales. Según el texto que impulsa el Gobierno, los derechos individuales quedarán limitados cuando se afecten derechos de incidencia colectiva general. Dos capítulos que prometen cruces en la Comisión Bicameral convocada para discutir la reforma.
El panorama deja en claro, una vez más, que en política nadie da puntada sin hilo. Consultada por esta revista, otra fuente oficialista deslizó que “como los medios pegaron a la Corte con el Gobierno por el fallo a favor de la Ley de Medios, ahora los jueces están buscando despegarse con este tipo de advertencias sobre el narcotráfico que les sirven a algunos medios para titular”.
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