En Oviedo se produjo una de las protestas nacionales por la inacción de las administraciones ante los bienes registrados por la Iglesia.
«Se ha retrocedido». El grupo de Inmatriculaciones de Asturias protestó ayer desde San Julián de los Prados porque «lejos de avanzar en las vías de solución -es decir, en la nulidad de las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica desde 1978, porque son claramente inconstitucionales, y en la elaboración de una ley de patrimonio al estilo de la de Francia o Portugal que proteja realmente los bienes de especial relevancia- hemos ido para atrás». Su portavoz, José María Rosell, denunció una vez más, la enésima, la «falta de colaboración de los Gobiernos central y regional para facilitar la información completa» y la inexistencia de una «voluntad real» para revertir la situación.
Tres años y tres solicitudes escritas a la comisión de peticiones, reuniones con la dirección de Patrimonio y la de Transparencia, más de una docena de preguntas parlamentarias a la Consejería de Cultura y de Presidencia… «Y todo, para conseguir un listado que ha estado año y medio perdido en un cajón y que solo recoge 500 bienes en Asturias y 35.500 a nivel estatal», lamenta Rosell. Unos números a su juicio tramposos, porque «solo recoge las inmatriculaciones desde 1998, cuando en realidad comenzaron a hacerse en 1946». El grupo calcula que España suma 100.000 bienes registrados de esta forma por la Iglesia y Asturias, de mil a 1.500.
Esta movilización fue una de la veintena que convocó la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado contra «la mayor apropiación de patrimonio público que ha habido en el país».
