Respuestas feministas por el derecho a decidir

“Las movilizaciones de 1979 fueron impresionantes. Había miles de mujeres en la calle, recogiendo firmas, manifestándose. Por aquel entonces los movimientos feministas ya llevaban muchos años reivindicando derechos sexuales y reproductivos, funcionábamos en asambleas, organizaciones de barrio”. Conchi Gómez, de la Asamblea de Mujeres de Basauri, recuerda con emoción y rabia el proceso vivido con “las 11 de Basauri”, un hombre y diez mujeres que en 1976 fueron detenidas, acusadas de haber practicado abortos. El proceso duró casi una década y el movimiento feminista respondió de manera unánime, logró un gran apoyo internacional, y ligó sus luchas por la amnistía de las detenidas a reivindicaciones clásicas como los centros de planificación familiar, los anticonceptivos y la educación sexual. Para Conchi Gómez, “estas movilizaciones contribuyeron, sin duda, a que en 1985 apareciera la primera ley del aborto”.

El 5 de julio 1985, el Gobierno socialdemócrata de Felipe González aprobaba por primer vez desde la II República una ley para la despenalización parcial del aborto. La medida contó con la crítica de las organizaciones feministas, ya que sólo se veían reflejadas una parte de las demandas y no se garantizaba la intervención en la sanidad pública.

Casi 30 años después, la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo se ha modificado sólo una vez, en 2010, recogiendo parcialmente, una vez más, las reivindicaciones del movimiento feminista. El último Gobierno del PSOE legislaba a favor del aborto libre hasta las 14 semanas en el caso de las mayores de edad. Se pasaba así de los tres supuestos planteados en el 85 –violación, malformación y peligro para la salud de la mujer y del feto– a una ley de plazos y al cumplimiento de determinados supuestos a partir de la semana 14 de embarazo.

El 20 de noviembre de 2011, en plena crisis económica y social, el PP ganaba las elecciones con un programa político donde la familia nuclear y la maternidad, en línea con los postulados de la jerarquía eclesiástica católica, ocupaban un lugar central. Entre los principales puntos figuraba un cambio “en el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.

La amenaza se hizo realidad y el 20 de diciembre de 2013 se aprobaba el anteproyecto de “Ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, que despenaliza el aborto sólo en dos supuestos: violación y “caso de grave y permanente peligro para la vida o la salud física o psíquica de la mujer”.

Estas modificaciones, como denuncian los movimientos feministas de todo el Estado, condenan al 92% de las mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo porque no desean la maternidad a dos salidas: a la ilegalidad y clandestinidad, o a un periplo eterno y burocratizado de visitas al personal médico y psiquiátrico para conseguir acreditar que su salud mental corre peligro.

La propuesta del ministro Alberto Ruiz-Ga­llardón lleva a las mujeres a una completa inseguridad jurídica, social y sanitaria, sostiene Begoña Zabala, abogada y miembro de la Plataforma por el Derecho al Aborto de Navarra. “La reforma nos retrotrae al Franquismo y la Transición, cuando las mujeres que no tenían poder adquisitivo para irse fuera se veían obligadas a abortar usando métodos muy poco seguros, que podían provocar daños irreversibles, como el perejil o las agujas”, dice.

En este sentido, distintos sectores del personal sanitario rechazan el anteproyecto al considerar que una ley más restrictiva no garantiza que se realicen menos abortos. “Se­gún la Organización Mundial de la Salud, cuanto más limitado es el acceso al aborto más se incrementa el número de muertes y más graves son sus consecuencias para la salud de las mujeres”, comenta Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neu­ropsiquiatría.

Oposición del personal médico

El supuesto de daño para la salud psíquica, antes de la ley de 2010, era el más usado para abortar. “La mayoría de mujeres alegaban que se ponían de los nervios si tenían una criatura no deseada, hubo personal médico que certificó esto. Pero ahora están completamente en contra”, afirma Begoña Zabala.

Así lo confirma Eudoxia Gay: “Consideramos que no somos nadie para sustituir la voluntad de una mujer, que es la única que tiene capacidad para decidir algo tan importante como tener o no un hijo o una hija. Es algo privado y personal”.

La presidenta de la Asociación Es­pañola de Neuropsiquiatría también habla de las consecuencias que puede tener para una mujer certificar que padece un daño mental “grave y permanente”. “A la mujer se le supone una vulnerabilidad psicopatológica que es fuente de estigma social –dice Eudoxia Gay–. Esto también puede llevar a futuras incapacitaciones y pérdidas de control sobre su propia vida, y puede ser considerado en su contra en el futuro en múltiples ocasiones, como en el caso de un divorcio o la custodia de menores”.

Gallardón, adalid del discurso neoconservador del poder político, quiere marcar la diferencia de su propuesta y pone el acento en que “no se penaliza a la mujer”. Así lo contaba el pasado 21 de junio en una entrevista en TVE: “Por primera vez en la historia de España, la mujer nunca será objeto de reproche penal del aborto, sino que siempre será considerada la víctima de un drama”.

Para Begoña Zabala, esta afirmación es demencial. “Su propuesta dice: ‘reconozco que se ha cometido un delito, reconozco que la mujer ha ido voluntariamente a abortar pero como a mí me parece que las mujeres embarazadas son víctimas –no se sabe de quién– no la imputo’. Esto es una aberración jurídica”.

La nueva ley, aparentemente, no criminaliza a las mujeres pero sí a su entorno, añade Zabala: “Así, en definitiva, estás metiendo a la mujer en la misma línea de ilegalización. Tú quieres abortar pero te has pasado de plazo, estás en la semana 24 y vas a tener un niño mal formado o con una enfermedad súper grave y Gallardón no te imputa a ti pero sí al personal médico, a tu amiga o al familiar que te acompañó o a alguien de una organización feminista. Todas condenadas”.

El aborto y el Código Penal

Entre las reivindicaciones históricas de los movimientos feministas autónomos, figura que la interrupción voluntaria del embarazo se deje de tipificar como delito en el Código Penal. En ese sentido, Montserrat Cervera, de la campaña por el Derecho al Aborto de Catalunya, recuerda que “el feminismo nunca ha avalado las leyes sobre aborto en su totalidad”. Esto implica, entre otras cosas, que el aborto sea reconocido como un derecho y que, como tal, sea garantizado por el Estado y legislado desde el Ministerio de Sanidad y no de Justicia. La regresión legal planteada por el PP al penalizar más el aborto limita de manera proporcional el derecho a decidir de las mujeres. En esta línea, Cristina Cámara, médica de familia de la sanidad pública madrileña, denuncia cómo el anteproyecto de ley representa, una vez más, una injerencia en la sanidad. “La ley de la Interrupción Voluntaria del Emba­razo no es un debate ideológico ni político, es una cuestión de salud pública, por ello el sistema sanitario debe garantizarlo de manera reglada, segura y gratuita”. Para Eudoxia Gay el aborto también es una cuestión de salud pública, “es un tema médico al 100% que necesita la concurrencia de los sanitarios. Es una cuestión de derechos, no de prohibiciones”.

Pero el PP no sólo no trata el aborto como un tema de salud pública, sino que ni siquiera se ha consultado la redacción del anteproyecto y sus posibilidades de aplicación con el personal sanitario. “Si nos hubieran preguntado, les habríamos dicho que no es posible evaluar con cientificidad el ‘daño grave y permanente’ en un tiempo récord. Lo que plantean es rechazable porque no se atiene a prácticas clínicas”.

Desde 1985, el poder político hegemónico en el Estado español ha optado porque el aborto sea un delito. Así lo explica la abogada Begoña Zabala: “Sólo deja de serlo excepcionalmente, cuando se dan unos supuestos decididos por terceras personas con los que la mujer puede estar de acuerdo o no. Si no entras en los supuestos, es un delito. Eso nos hace estar todo el tiempo con la espada de Damocles, porque incluso años después de haber realizado una interrupción voluntaria del embarazo se puede investigar o reabrir el caso a ver si se produjeron las circunstancias permitidas para realizar un aborto”.

De momento, el consenso entre los movimientos feministas, con gran apoyo social, es parar el anteproyecto de ley. Así lo confirma Conchi Gó­mez, que lleva más de 40 años en la lucha feminista: “Nosotras somos muy críticas con la ley actual, la de 2010, pero ahora lo que hay que hacer es buscar el consenso en contra de la propuesta de Gallardón”.

Este planteamiento también es común entre el personal médico. “Nuestra batalla –afirma Eudoxia Gay– va a estar en que esa ley no se apruebe. Seguiremos poniendo de manifiesto la incongruencia ética y clínica. Además de las graves consecuencias que tiene para la mujer, supone una gran inseguridad jurídica para los profesionales”. Lo cierto es que pocas feministas dibujan un escenario en el que esta ley termine aprobándose. “Difícilmente va a pasar la prueba del algodón de la constitucionalidad”, comenta la abogada navarra Begoña Zabala.

La respuesta coordinada desde los movimientos feministas lleva años gestándose y ya ha trascendido fronteras. Las muestras de rechazo al anteproyecto de ley llegan desde instancias más oficiales, como Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, así como de movimientos feministas de todo el mundo, que desde hace décadas rechazan de pleno el control del patriarcado sobre el cuerpo de las mujeres y reivindican nuestro derecho a decidir.