Cuando parece que todo se derrumba, hay que tirar de principios. La ley Wert es una puñalada trapera a la educación pública. La ley tiene certificado de caducidad al aprobarse sin ningún consenso por el sectarismo político con el que ha aplicado el programa máximo de la derecha española. Toda la oposición se ha comprometido a derogarla. Mientras tanto, hay que contraponer un discurso ideológico fuerte, organizar las formas de resistencia y pensar y construir la escuela que queremos.
Lo primero que hay que cuestionar de los recortes y de la LOMCE es que pretende negar la esencia de la escuela pública como base de la igualdad de oportunidades. Su aplicación supone un retroceso en equidad, cohesión social y atención a la diversidad, es decir, suprime el carácter compensador que tiene que tener la escuela. A la ley Wert la impugnaran varias comunidades autónomas con recursos de inconstitucionalidad porque invade sus competencias; los sindicatos darán la batalla en los tribunales y ante la Unión Europea; la objetarán muchos profesores en base a la libertad de cátedra. Y tendrá que haber movilizaciones coordinadas con otros sectores en defensa de los servicios públicos y, en su caso, contra los decretos de implantación de la ley y otros como el trilingüismo de Baleares. Pero lo más importante es lo que podamos hacer desde los centros para que se conviertan en espacios de resistencia a una ley disparatada y avanzar en las alternativas.
Podríamos hablar de evitar el carácter penalizador de la alternativa a la religión, de rechazar los grupos homogéneos y segregadores de alumnado, de negarnos a fomentar la competitividad entre personas, de boicotear pruebas externas por las familias, de configurar un currículo que recupere optativas, de un fortalecimiento de los proyectos educativos de centro, etc. Hay varias cuestiones fundamentales sobre las que hay que seguir trabajando para que la escuela funcione con el menor daño posible, independientemente de lo que diga la ley. Para hacer frente, por ejemplo, a algunos de los ejes más perniciosos de ésta: la segregación clasista y antipedagógica, el modelo de aprendizaje solo basado en la memorización y repetición para afrontar pruebas externas y reválidas, y las restricciones a la participación de la comunidad educativa. Vayamos por partes.
DIVERSIDAD. Dice Caetano Veloso que visto de cerca nadie es normal. Tiene razón, las personas somos muy diversas, si no raras. También en la escuela. Sin hablar del profesorado, en ella hay todo tipo de alumnado: tímidos e impulsivos, motivados y desmotivados, con familia estructurada o sin ella, con biblioteca en casa o sin libros, lugareños o foráneos, seguros de sí mismos o con baja autoestima, con alguna discapacidad y de altas capacidades… Todo ello se traduce en diferentes ritmos de aprendizaje y en maneras distintas de ser y de estar en la escuela.
La diversidad es lo normal, es la vida misma. Este principio de realidad es un imperativo pedagógico: todos iguales, todos diferentes. De ahí que el empeño en negarla, en buscar estrategias que busquen grupos homogéneos de aprendizaje es un error educativo por antinatural. Este es el principal desatino de la LOMCE: segrega al alumnado a través de itinerarios tempranos, reválidas, bachilleratos y centros de excelencia, programas bilingües, concentración del alumnado con necesidades educativas especiales, etc. Todo ello es, sencillamente, un disparate peligroso que se ha ido aceptando. La comunidad científica y los países con mejores resultados educativos defienden una escuela plural, diversa, es decir, heterogénea.
La mayor equivocación de la ley es su espíritu segregador y clasista. Con ella ya sabemos la escuela que rechazamos y que le viene mal a la juventud e infancia de este país, a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social. Los docentes queremos una escuela inclusiva y participativa que trabaje con la diversidad y esté dotada de medios y recursos para atenderla en condiciones. Que apueste por la comprensibilidad y los grupos heterogéneos. Es lo único que asegura que, de verdad, la escuela sea de todos y para todos.
DIDÁCTICA. Viendo el estupendo documental “Maestras de la república”, aparecía una afirmación que sigue siendo vigente ochenta años después: “Más escuelas y mejores maestros”. Completamente de acuerdo. Hacen falta más escuelas públicas y deben atender toda la demanda de escolarización y deben de ser plurales, con mezcla social.
En cuanto a lo de mejores maestros o profesores el nivel de preparación y las exigencias en el acceso a la función pública docente han crecido. A partir de ahí, ser mejor maestro exige una alta motivación, más cooperación entre el profesorado y una renovación metodológica de las didácticas. Citaba el inspector de educación Pedro Uruñuela una masiva encuesta del MEC que arrojaba los siguientes resultados: la mitad del alumnado no se enteraba de lo que explicamos y dos tercios decía que no le interesaba nada. Es fundamental mejorar la didáctica y mucho más en tiempo de desmotivación y desesperanza entre los alumnos. Hay que seguir buscando e innovando a diario, aunque casi todo está inventado. Ya la escuela nueva aplicaba modelos activos basados en la comprensión, la creatividad, la experimentación, en un planteamiento más científico y democrático hace cien años.
Ahora que se están cargando también la formación del profesorado con los recortes y el desprecio a nuestra labor, tendremos que volver a leer a los clásicos, cooperar entre el profesorado, fortalecer los movimientos de renovación pedagógica, autoformarnos… Hacer todo lo necesario para asegurar un principio básico sobre el que se construye el proceso de aprendizaje: el derecho del alumnado a tener un buen profesorado.
DEMOCRACIA. El artículo 27 de la Constitución Española dice que la comunidad educativa intervendrá en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos. En base a este principio se consiguió cierto nivel en la autogestión democrática en la educación. Pero se han venido imponiendo retrocesos normativos en los niveles de participación. Los órganos colegiados (consejos escolares y claustros de profesores) cada vez pesan menos en la toma de decisiones, y aumenta el poder de la administración y de la dirección del centro.
La LOMCE da un salto cualitativo: el Consejo Escolar y el claustro se relegan a funciones consultivas. La decisión será de los directores nombrados por la administración y no, de forma democrática, por su comunidad educativa. Es una ley antidemocrática, que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial. Anticipándose a la ley, este modelo de designación de directores a dedo se ha aplicado, por ejemplo, en el IES Beatriz Galindo de Madrid y según sectores de la comunidad educativa, la experiencia demuestra lo negativo que es para un centro la mezcla de autoritarismo e incompetencia.
Habrá que recordar lo obvio. La comunidad educativa somos todos. Un centro no puede funcionar de forma óptima –y menos en tiempo de recortes– sin la colaboración del profesorado y las familias. Y esta implicación solamente se consigue si se logra motivar a estos sectores con la participación. Si una dirección de centro actúa con sus profesores como un mero jefe de personal o intenta manipular al AMPA, no conseguirá más calidad y éxito escolar.
Un equipo directivo que quiera mejorar debe contar con el compromiso de todos, estimular la participación y consensuar los temas claves del centro: proyecto educativo, criterios de admisión de alumnos, presupuesto económico, etc. El profesorado, las familias y el alumnado deben de exigir democracia real. Esta debe ser una de las primeras objeciones proactivas a la ley Wert. Ya lo decía Freinet, “La democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no sería capaz de formar ciudadanos demócratas”.
LA ESCUELA QUE QUEREMOS. La escuela pública debe ser inclusiva y asegurar el aprendizaje con éxito de todos los alumnos, la renovación pedagógica y el funcionamiento de los centros educativos como una escuela de democracia. Una escuela que tenga como finalidad no la instrucción para el mercado, sino la educación para la vida. Que defienda valores como el amor y el gusto por el saber, independientemente de su utilidad en el mercado; la pasión por seguir aprendiendo durante toda la vida; el sentido ético para adquirir una moral bien desarrollada y el sentido crítico que permita distinguir lo justo de lo legal, que no siempre coinciden; la solidaridad en un mundo que cada vez va a necesitar más de esa virtud; la creatividad, y la inteligencia emocional para comprender las emociones propias y ajenas… En definitiva, una escuela que permita crecer como seres singulares, libres y desarrollar todas las capacidades de la persona. Para dar un vuelco al sistema educativo la condición necesaria es echar al PP del poder, y la condición suficiente es elaborar una alternativa progresista consensuada que sustituya a la LOMCE. Dicho de otra manera, para cambiar la escuela es necesario el cambio político, y para cambiar la sociedad es necesaria otra escuela.
Habrá que seguir hablando con más profundidad de las formas de objeción a la LOMCE, que no es otra cosa que resistir de forma colectiva para que sea eficaz. Tiene que ser práctica, concreta y medida, siempre en beneficio del alumnado. Y saber que es una obligación moral y pedagógica oponernos en los hechos a todo lo que perjudique al alumnado, a esos niños y jóvenes a los que se quiere sacrificar al mercado y a un modelo de sociedad desigual. Hay algo claro: la educación no se cambiará con el BOE, si nos lo proponemos todos. Mientras tanto, seguiremos con la movilización y vistiendo camisetas verdes (o grogas, como en Cataluña). Lo bueno que tienen las mareas es que suben y bajan, que cuando se retiran, no retroceden: es su manera de recordar que volverán, que seguirán haciendo arena de las injustas rocas del poder político.
Imagen de la multitudinaria Marea Verde celebrada en Baleares el pasado 29 de noviembre. / Nontserrat T. Díez (Efe)
Archivos de imagen relacionados
