Cuarenta años después de la firma de los acuerdos Iglesia-Estado y ante el debate sobre la necesidad o no de revisarlos, representantes de la Iglesia española y la política han advertido sobre las consecuencias que tendría para la convivencia de la sociedad española la denuncia de dichos acuerdos.
Lo han hecho en un acto organizado este viernes en la Universidad San Pablo CEU por la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y la Asociación Católica de Propagandistas para conmemorar los 40 años de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, en el que se ha defendido la vigencia de los mismos.
Así, el ex director general de Relaciones con las Confesiones Religiosas Eugenio Nasarre ha advertido de que la supresión o denuncia de estos acuerdos «alteraría de manera sustantiva» el pacto constitucional que se dieron los españoles y sería «un torpedo en la línea de flotación de la España constitucional en la que ha transcurrido la convivencia de los españoles en estos 40 años».
Ha defendido la vigencia de los acuerdos con la Santa Sede que, durante cuatro décadas, han contribuido a que no se hayan planteado grandes litigios religiosos en la sociedad y porque, a pesar de la secularización de la sociedad española, todavía cerca de un 70 % de la población se declara católica.
Ha vinculado la aprobación de estos acuerdos en enero de 1979 a la transición democrática, que no sólo significó un cambio de un régimen autoritario a uno democrático, sino que sentó las bases de la convivencia de los españoles, ya que el régimen salido de la guerra era «incapaz de establecer una convivencia integradora de todos lo españoles y basada en la conciliación».
«La libertad religiosa, la laicidad del Estado y el principio de cooperación son los tres principios que forman un modelo -el de la Constitución y la España constitucional- que ha regido la convivencia en estos años y que hay que defender», ha subrayado.
El exministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja, encargado de la negociación y firma de los acuerdos, ha expresado su preocupación porque, aunque estos no se han llegado a revisar todavía, sí que se ha producido una «revisión profunda» de la situación de la Iglesia católica en la sociedad, con una «secularización de las conciencias» y la «injerencia de un ateísmo explicito».
«No sabemos qué va a hacer este Gobierno con los acuerdos Iglesia-Estado, pero a mi juicio los acuerdos se inscriben escrupulosamente dentro del marco constitucional», ha defendido Oreja, para quien estos pactos siguen teniendo plena actualidad por el notorio arraigo de la religión católica en España.
Por su parte, el cardenal Antonio María Rouco Varela ha advertido de que revisar los acuerdos «de una forma radical» tocaría los principios constitucionales, tanto los formulados expresamente en la Constitución como los implícitamente sustentadores de la misma.
El director jurídico civil de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Silverio Nieto, ha subrayado que los acuerdos con la Santa Sede son un tratado internacional y, por tanto, «no es aceptable» que un determinado Gobierno, «por vía de su legislación interna» pueda modificar el contenido del mismo.
Ha destacado que 24 países europeos y 55 en todo el mundo tienen acuerdos concordatarios y sobre la modificación o denuncia de los acuerdos con la Santa Sede, ha aclarado que ambas opciones son posibles aunque en el caso de la denuncia, ha advertido de que la Santa Sede podría alegar su invalidez y no aceptar sus efectos.
El nuncio apostólico en España, Renzo Fratini, ha subrayado la «plena armonía» con los principios de la Constitución española de los acuerdos Iglesia-Estado que, desde el inicio, estuvieron marcados por «la declaración sincera de no buscar privilegios», sino la mutua libertad «sin que ello impidiera la colaboración Iglesia Estado».
