El organismo acusa a dos ONG españolas de desviar dinero procedente de subvenciones públicas a los guerrilleros hutus
Dos ONG españolas vinculadas a religiosos han desviado en los últimos años dinero procedente de subvenciones públicas para financiar a una de las milicias de la guerra que azota el este del Congo. Esta es la conclusión de la investigación llevada a cabo por un panel de expertos de la ONU por encargo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los acusados tachan estas conclusiones de "ridículas" y acusan a la ONU de tomar represalias contra ellos por la querella que han interpuesto en la Audiencia Nacional, que tramita el juez Fernando Andreu, contra 40 dirigentes de Ruanda, país aliado en la zona de Estados Unidos y el Reino Unido.
El informe de la ONU afirma que la milicia financiada por los españoles es el Frente Democrático para la Liberación de Ruanda (FDLR), milicia hutu acusada de múltiples crímenes de guerra y contra la humanidad (asesinatos contra la población civil, violaciones en masa, reclutamiento de niños-soldado….), y algunos de cuyos dirigentes son considerados responsables del genocidio de Ruanda, en el que radicales hutus asesinaron a machetazos en 1994 a 800.000 tutsis y hutus moderados.
El FDLR habría "recibido regularmente apoyo político, logístico y financiero de personas pertenecientes" a dos ONG españolas, la mallorquina Fundació L'Olivar y la catalana Inshuti. El dinero desviado hasta el Congo por estas organizaciones procedía "de forma directa o indirecta del Gobierno de las Islas Baleares", sostiene el informe, que se refiere así al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, un ente público que recibe fondos de la comunidad balear, el Consell de Mallorca y varios ayuntamientos de la Isla.
Los expertos aseguran que basan sus conclusiones en "testimonios, mensajes de correos electrónico, grabaciones y rastreos de llamadas telefónicas, recibos de transferencias de dinero, así como otros documentos". En los anexos del informe, en el que se incluyen las pruebas y documentos que avalan sus conclusiones, sólo figuran sin embargo dos transcripciones de llamadas telefónicas y algunos documentos sin especial relevancia (adjudicaciones de contratos de cooperación, páginas web…). Fuentes cercanas al caso aseguran que no todas las pruebas tienen por qué estar incluidas en el informe.
El informe da un papel activo en el desvío de fondos a Joan Casòliva, un profesor de religión del instituto de Navarcles (Barcelona). Según los expertos de la ONU, que basan su acusación en el testimonio de un enlace del FDLR, Casòliva le prometió "reunir hasta 200.000 dólares" con destino a la milicia. Casòliva también habría aprovechado un viaje al Congo el pasado mes de julio para reunirse "con dos conocidos agentes del FDLR, identificados como 'Maestro' y 'Odette'. En las dos transcripciones de conversaciones telefónicas vía satélite, una persona identificada como Jean Berchmans y otra sin identificar se refieren a Casòliva como financiador y enlace clave en el tráfico de armas para la milicia a través del lago Tanganyka.
El texto detalla en menor medida el papel del otro supuesto implicado, Joan Carrero, aunque sí señala a la organización que dirige, Fundació S'Olivar, como la pieza clave para captar los recursos públicos que luego eran desviados al FDLR.
La ONU también incluye, aunque sin relacionarlos con el FDLR, a dos cargos públicos españoles: el senador del nacionalista Partido Socialista de Mallorca, Pere Sampol, y el director general de Cooperación del Gobierno balear, Josep Ramon Balanzat. Los dos efectuaron el pasado febrero un viaje a la capital del Congo, Kinshasa, en la que se reunieron con el primer ministro, Adolphe Muzito, y otros altos cargos del Gobierno.
"Es todo ridículo"
Joan Casòliva negó este martes todas las acusaciones de la ONU. "Es todo ridículo. Una estrategia para tapar los fracasos de la ONU en la zona de las últimas décadas y una represalia por la querella interpuesta contra el Gobierno de Ruanda", aseguró. Casòliva negó haber recaudado nunca dinero para el FDLR, aunque sí "algunas ayudas para cooperantes, proyectos y organizaciones que trabajan en la zona asistiendo a los necesitados". "Ojalá pudiéramos manejar cifras tan elevadas como 200.000 dólares", terció.
Sobre sus reuniones con los supuestos agentes del FDLR Maestro y Odette, Casòliva negó que "esas dos personas sean gentes del FDLR". "Esto demuestra lo mal hecho que esta el informe. Odette es una mujer enferma y a la que han matado buena parte de su familia y a la que nosotros hemos asistido. A Maestro lo conozco mucho menos, pero es un hombre que siempre pide dinero para varias causas". Casòliva, que se queja de que la ONU no se ha dirigido a él ni le ha hecho preguntas, quita veracidad a "todo lo que se dice en el informe, es un despropósito".
Desde el Gobierno de Baleares también se ha reaccionado con dureza contra el informe. Un dirigente del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació asegura que "todas las subvenciones dadas a la Fundació S'Olivar son públicas y están justificadas" y confirma el dato de la ONU de que las subvenciones dadas a la ONG rondarían los 200.000 euros, principalmente destinados a sufragar la querella interpuesta en la Audiencia Nacional. "Son fondos dados para cooperación, porque también es cooperación luchar por la justicia y los procesos democráticos", aseguró este dirigente.
El senador Pere Sampol también defendió la labor de la Fundació S'Olivar y los acusados por la ONU. "Son personas que llevan décadas luchando por los más débiles en Congo y por la justicia social. El informe de la ONU es una falsedad y una irresponsabilidad, sólo entendible si tenemos en cuenta su lamentable papel en Ruanda, donde sólo ha actuado como garante de los tutsis que gobiernan en Ruanda".
El Parlamento balear aprobó el martes una moción a favor de la Fundación L'Olivar y su trabajo en Congo.
