Esta afirmación hay que matizarla de entrada. La religión o, más específicamente, la utilización de la religión como instrumento político por parte de la Iglesia, siempre ha estado presente en nuestro continente. Un vistazo de larga data nos muestra a la Iglesia Católica como brazo ideológico de la Corona española y su proyecto de conquista y colonización. Más adelante, el clero católico estuvo siempre estrechamente asociado al poder político de las oligarquías criollas, salvo aquellos paréntesis en los que sus intereses materiales entraron en contradicción, como cuando en el siglo XIX estas oligarquías entraron a disputarle la propiedad del principal medio de producción, la tierra, que estaba en sus manos y hacían de la Iglesia las más grande latifundista de la región.
Más recientemente, se hizo evidente la vinculación entre política y religión cuando apareció esa interpretación del mensaje cristiano que se llama Teología de la Liberación. En una institución tan vinculada al poder de los grupos tradicionales, está interpretación de la Biblia cayó como un rayo seco en un día soleado, encendió las alarmas y generó una respuesta desde la misma institución que dejó huellas presentes hasta nuestros días.
Pero dado el carácter de la formación histórico social latinoamericana, profundamente religiosa, esa vinculación puso en alerta y motivó respuestas también de otros grupos, no necesariamente religiosos, pero sí profundamente interesados en mantener el estatus quo. Es decir, tal vinculación evidenció que lo religioso podía tomar rumbos distintos a los que había tenido siempre, y volverse contra los grupos dominantes, convirtiéndose en un instrumento de liberación.
En América Latina quién reaccionó inmediatamente, tomando medidas que se esperaba que tuvieran impacto a largo plazo, fueron los Estados Unidos. En fecha tan temprana como 1969, el Informe Rockefeller le hace ver al gobierno norteamericano la necesidad de incidir en esa vinculación entre religión y política, y sugiere que debe sustituirse la visión cristiano católica por una cristiano protestante, atribuyéndole a esta última una vocación modernizante que operaría a favor de los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses.
Desde entonces, una oleada de misiones evangélicas invadió a América Latina. Toda la segunda mitad del siglo XX está signada por esta cada vez mayor presencia de iglesias evangélicas, la mayoría provenientes de los Estados Unidos, que tuvo consecuencias no solo ideológicas. Efectivamente, cuando en los tempranos años 80 se inicia la gran ofensiva para la implantación del modelo neoliberal, estas iglesias de constituyeron en importante parte del núcleo del nuevo sentido común asociado al consumo, el individualismo y la competencia.
Este arraigo ideológico de nuevo cuño trajo múltiples implicaciones en la vida de toda la sociedad, desde las comunidades campesinas hasta los grupos urbanos más diversos. En este contexto, las iglesias protestantes vieron crecer su influencia social, pero no ha sido sino hasta los últimos años cuando decidieron dar el paso para traducir esa presencia al ámbito de lo político.
Quiere decir todo esto que el fenómeno socio político relativamente nuevo es este último, el que se desprende de la decisión de hacer valer la presencia de las iglesias protestantes en la vida política. Es eso lo que ha eclosionado en estos últimos años en nuestro continente, y que ha alcanzado cotas tan importantes como para que nos anime a considerar este fenómeno como relevante para caracterizar a la vida política contemporánea de América Latina.
* Rafael Cuevas Molina. Presidente AUNA-Costa Rica
