El Gobierno del Partido Popular ha publicado los currículos de religión católica para las enseñanzas no universitarias. A través del BOE se decreta, por ejemplo, “la incapacidad de la persona de alcanzar la felicidad sin la ayuda de Dios”. Ahí es nada. Podemos medir la magnitud del disparate si recordamos que hace 203 años la Constitución de las Cortes de Cádiz afirmaban en su artículo 13: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. La Iglesia, con tal de hacer publicidad de lo suyo, condena a la infelicidad e intenta amargar la vida a los no creyentes, y deja sin una noble función a los gobiernos de la nación.
La resolución se apoya en el desarrollo de la LOMCE del ministro Wert y en el Concordato negociado con el Vaticano a la salida de la dictadura franquista y antes de la Constitución, aunque se publicase el 3 de enero de 1979. Con ella el gobierno de un Estado teóricamente aconfesional ha asumido toda la doctrina de la Conferencia Episcopal sin pestañear. Como muestra del currículo van las siguientes “perlas”:
- Se fijan como estándares de aprendizaje evaluables que el alumnado de 1º (6 años) tiene que “memorizar y reproducir fórmulas sencillas de petición y agradecimiento”, o en 2º de primaria que es capaz de “expresar, oral y gestualmente, de forma sencilla, la gratitud a Dios por su amistad”. Parece que es volver a los rezos en Primaria.
- El currículum incide en el creacionismo, valorando que el alumnado de Bachillerato “reconozca con asombro y se esfuerce por comprender el origen divino del cosmos”, en contra de los modelos científicos explicados en el resto de los contenidos curriculares. Una cosa es que, a estas alturas, la iglesia acepte la evolución de las especies; pero eso nada tiene que ver con el origen mítico del universo y de la vida. Vamos, que si el alumno quisiera ser coherente debería de elegir entre aprobar Religión o Ciencias.
- Los estudiantes deben “conocer y aceptar con respeto los momentos históricos de conflicto entre la ciencia y la fe, sabiendo dar razones justificadas de la actuación de la Iglesia”. ¿No será para justificar la quema en la hoguera de Giordano Bruno? Tengo curiosidad de saber cómo se va a informar con rigor y respeto del proceso a Galileo Galilei.
Hay que decir que el control de la iglesia católica es total sobre lo que se imparte y cómo se evalúa. Para justificar esta visión tan retrógrada no vale argumentar que no se obliga al alumnado a aceptar la asignatura de religión. Porque sí que se obliga a todos los centros públicos a ofertarla y son las familias las que deciden si sus hijos la cursan por ser menores de edad.
La asignatura de religión, que se imparte sin fijar un número mínimo de alumnado, restará del orden de 70 horas de materias troncales u optativas en función de lo que decidan las CCAA. También condiciona la organización escolar en los centros, ya que obliga a impartir otras asignaturas alternativas devaluadas o la de Valores Cívicos, con lo que se educa en dos éticas distintas. Y se vuelve a dar de nuevo valor a la asignatura de religión como evaluable y servirá para la nota media y obtener una beca.
En suma, se refuerza la finalidad catequista o de adoctrinamiento de menores con la complicidad del Estado, usando medios y espacios públicos para ello. Tiene narices que lo apruebe aquel Gobierno que ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía con el argumento de que provocaba “adoctrinamiento ideológico”. Sindicatos del profesorado han denunciado que este currículum exacerba la confesionalidad y se usa como catequesis para evangelizar de forma ilegítima al alumnado con contenidos que no tienen nada de científicos. Como dice el teólogo Juan José Tamayo, “los contenidos son en su totalidad catequético con tendencia al fundamentalismo. El pensamiento que se transmite es androcéntrico; el lenguaje, patriarcal; la concepción del cristianismo, mítica; el planteamiento de la fe, dogmático; la exposición, anacrónica”.
La escuela pública no puede considerarse como tal sin garantizar el respeto hacia todos los ciudadanos. Ello supone buscar lo común a todas las personas en función de los valores que consagran los derechos humanos y exige que todo aquello que nos separa a unos de otros quede fuera de la escuela pública. Como decía Marta Mata, pedagoga y cristiana, “laico es lo que corresponde al terreno de lo humano, no de lo divino”. Para ella laicismo y democracia eran sinónimos. Las familias tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero nada obliga a que dicho derecho deba insertarse en la educación formal y dentro del horario escolar. Debería desarrollarse en el ámbito no formal, por pertenecer al ámbito privado de la familia y por su decisión personal de relacionarse con determinados colectivos y asumir sus postulados. Los dogmas no deberían tener cabida en las aulas de un país realmente aconfesional.
