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Sería deseable que la educación dejara de ser un arma arrojadiza y se tuvieran más en cuenta los cambios sociales que los intereses partidistas
Las obviedades a veces no lo son tanto, aunque parezca contradictorio. España, por ejemplo, es un estado aconfesional y muchos prefieren ignorarlo, los mismos que se levantan y se acuestan con la Constitución española en la mano y tachan de anticonstitucionalistas a los que no piensan como ellos. Desde que se aprobó la Carta Magna en 1978 se ha incumplido permanentemente el artículo 16, el que recoge que ninguna confesión tendrá carácter estatal; y más aún el 16.3, que establece que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Durante años nadie se atrevió a cuestionar el monopolio de la religión católica en el sistema lectivo español por no reabrir heridas o simplemente priorizar otros asuntos sobre este que, al fin y al cabo, no levantaba demasiadas ampollas. 40 años de dictadura con la imposición de una única religión habían dejado el poso suficiente para no tocar un asunto que, en principio, era residual ante el tamaño reto que suponía consolidar la recién inaugurada democracia.
Felipe González mantuvo la Religión como una asignatura optativa y cuya nota contara para el cálculo de la media del curso. Zapatero planteó que dejara de ponderar. Lo mismo hizo Sánchez después del paso de Rajoy por la Moncloa. Sin embargo, el paso de los años, la evolución de la sociedad, la cultura y los valores, así como la pérdida del miedo a debatir sobre asuntos hasta ahora silenciados han hecho que, en el religioso, como en otros tantos ámbitos, se abra la puerta al cambio. Según un informe de la Fundación Ferrer i Guàrdia, cae el número de creyentes en España. Cuatro de diez españoles se declaran agnósticos, ateos o indiferentes ante la religión. Los matrimonios civiles representan ya 8 de cada 10. Datos, que diría Yolanda Díaz.
Aun así, el Partido Popular y Vox, con el apoyo del PAR, vuelven a imprimir un cambio de rumbo a este respecto en Aragón. Tras derogar la Ley de Memoria Democrática, quieren que la materia de Religión cuente para la nota media de Bachillerato como una asignatura más. En su debate en las Cortes, un diputado de Vox reconoció abiertamente que su partido había llegado para romper consensos y adoctrinar. Sería deseable que la educación en general dejara de ser un arma arrojadiza y se tuvieran más en cuenta los cambios sociales y demográficos que sus intereses partidistas. Sería lo más constructivo e inteligente para hacer de este un país de convivencia y respeto. Mientras algunos sigan empeñados en ponerle puertas al campo, parte del rebaño continuará golpeándose. Quizá es lo que desean.
