Se cumple, sin texto, la semana que viene el plazo aprobado por el pleno para la redacción de la norma municipal que regulará la neutralidad respecto a la presencia de cargos en actos religiosos
La próxima semana se cumplirán los tres meses de la votación en la que el pleno del Ayuntamiento de Gijón aprobaba, con el apoyo de los tres grupos de izquierdas, la creación de la norma de rango municipal que regulará entre otros asuntos la controvertida participación de cargos electos y autoridades municipales en actos religiosos. Ese plazo -tres meses- es el que se fijaba en la propuesta del grupo municipal de Izquierda Unida para la elaboración del llamado Reglamento Orgánico de Laicidad, que la coalición de izquierdas llevó al plenario a instancias de la asociación Asturias Laica. Pero a una semana de su vencimiento no hay rastro, que se sepa, del documento que, entre otras cuestiones, zanjaría polémicas como las que cada año se repiten en las festividades patronales de San Pedro o la Virgen de Begoña. Según confiesa el promotor de la iniciativa, el portavoz de IU Aurelio Martín, nada se sabe por el momento del texto que consagrará operativamente como norma los principios de aconfesionalidad, libertad de conciencia y laicidad suscritos por un ayuntamiento integrado formalmente desde 2016 a la Red de Municipios por un Estado Laico.
De ahí que el grupo municipal que votó a favor junto a PSOE y XsP -frente a los votos de Foro, PP y Ciudadanos- esté ya planteándose los mecanismos y cauces para reactivar el proceso de redacción de un reglamento que corre el riesgo de pasar al limbo de las muchas iniciativas aprobadas por el Pleno que han acabado sin concreción. La atención de la Corporación, estos días en otros frentes, y el horizonte electoral no ayudan a que, como se esperaba desde los promotores del Reglamento, el gijonés sea el segundo ayuntamiento español, tras el Rivas-Vaciamadrid, en contar con una norma en este sentido. Con todo, el acuerdo entre los grupos que respaldaron su redacción no contempla que llegue tan lejos o sea tan detallada como la del municipio madrileño, que se aplica con bastante exhaustividad a «regular la aplicación concreta de la aconfesionalidad o laicidad que establece la Constitución Española en el ámbito municipal» en «todas sus instituciones públicas o dependientes de la Administración local».
El reglamento no solo incluye la exclusión de cargos municipales de «ceremonias, ritos o cualesquiera actos de carácter religioso» sino que abole los «patrones religiosos» y decreta la completa secularidad para «los actos públicos oficiales», incluyendo «inauguraciones, tomas de posesión, discursos, saludos, pregones y similares». Rivas-Vaciamadrid determinó incluso la creación de un Registro Municipal de Testamentos Vitales y una Oficina de Defensa de la Libertad de Conciencia, amén de un «régimen de sanciones».
Qué de todo eso podría figurar en el Reglamento Orgánico de Laicidad gijonés va a seguir siendo una incógnita a tres meses de su aprobación formal en el pleno. El propio Aurelio Martín daba por sentado que no se irá mucho más allá de un «acuerdo de mínimos», pero qué pueda contener es algo que -de no pisar el acelerador- no se sabrá seguramente hasta el próximo mandato. Y, dadas las fechas en las que previsiblemente podría constituirse la nueva Corporación, es probable que al menos San Pedro llegue de nuevo a Gijón sin un reglamento claro que prohiba o permita al alcalde o alcaldesa y los concejales acudir como tales a honrar a patrón.
