Un registro de objetores al aborto para garantizarlo en hospitales públicos: ¿qué supone para médicos y pacientes?
Los profesionales sanitarios objetores temen que sea una «lista negra» que limite su derecho a la libertad de conciencia
Igualdad plantea el mecanismo para garantizar la práctica en la sanidad pública, más extendida y próxima a los ciudadanos
Si una mujer quiere o necesita abortar y vive en Plasencia, Extremadura, tiene que viajar más de 100 kilómetros hasta otra provincia para lograrlo, porque no existen clínicas en Cáceres que lo practiquen. De hecho, sólo hay un centro privado acreditado en toda la comunidad autónoma, en Badajoz, mientras el número de interrupciones del embarazo que se realizan en la sanidad pública extremeña brilla en las estadísticas del Ministerio de Sanidad: cero.
El aborto, dentro de los plazos legales, es una prestación sanitaria garantizada y gratuita, puesto que está financiada por el Sistema Nacional de Salud, sin embargo, apenas el 15% de ellos se practican en hospitales públicos. La inacción en bloque de servicios y hospitales ha llevado a una perversión de la ley de 2010, que contemplaba solo «excepcionalmente» que se hicieran en centros acreditados fuera de la red pública. Ahora, el Gobierno trata de enmendarlo a través de un registro de objetores de conciencia dentro de la reforma de la ley del aborto.
La propuesta se debate este jueves en el Congreso, pero fuera del hemiciclo no ha seducido a la Organización Médica Colegial y mucho menos a laAsociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), que ve en el registro una «lista negra» y una «limitación injustificada al derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia».
Las claves del registro
Según explican fuentes del Ministerio de Igualdad, el nuevo mecanismo (que ya se utiliza para la objeción a la eutanasia) servirá para facilitar la organización de los servicios sanitarios, de modo que finalmente puedan practicarse como dice la ley, es decir, en su mayoría en la sanidad pública y, por lo tanto, cerca del domicilio de las pacientes.
Así, apuntan desde el Instituto de las Mujeres, el registro se limitará a la objeción a «la intervención directa» en las interrupciones voluntarias del embarazo, tendrá «carácter obligatorio» y cumplirá con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos de los profesionales. Lo pondrán en marcha las comunidades autónomas, que son quienes se encargan de orquestar a los equipos y tienen las competencias sanitarias, aunque los detalles operativos de la herramienta aún tendrán que fijarse después de la reforma que establecerá los criterios generales.
Es resumen, el Gobierno quiere usarlo para contestar a la pregunta que ha marcado los últimos 12 años de legislación: ¿dónde están los médicos y las médicas dispuestos a practicar un aborto en España?
Una respuesta a las objeciones en bloque y la inequidad entre comunidades
«Hasta la fecha, estamos viendo instituciones completas, como puede ser el servicio de un hospital o una comunidad autónoma, que hacen uso de la objeción de conciencia institucional. Eso en sí mismo es un sinsentido porque un hospital no tiene conciencia», razona Raquel Hurtado responsable de intervención social de SEDRA-Federación de Planificación Familiar, sobre la conveniencia de la medida para terminar con la «inequidad tremenda» entre las autonomías. «[El aborto] es un derecho que acaba convirtiéndose en una cuestión de suerte».
“Ginecóloga: «Nadie te pregunta: ¿tú harías un aborto?».“
Lourdes, una ginecóloga en Andalucía cuyo nombre ha sido cambiado para mantener el anonimato, confirma esta situación y nos explica cómo derivan a clínicas concertadas todos los abortos que les llegan al hospital, incluidos aquellos necesarios porque el embarazo no es viable. En la víspera de nuestra conversación, le ocurrió con una de sus pacientes.
«Imagínate, vas a tu ‘eco’ de 20 semanas y te dicen eso [que hay una malformación en el feto]. Si tú quieres interrumpir, te damos los papeles y vete al mostrador de atención al paciente para que te den información de la clínica», desarrolla sobre un proceso que encuentra frío y desagradable para las pacientes.
Pero preguntada por su postura en todo esto, la médica reconoce que en un principio «no sabía que el servicio se declarara objetor», simplemente, pensaba que allí se hacían así las cosas, como con tantos otros circuitos asistenciales pautados: «A ti nadie te pregunta en ningún momento cuando llegas o haces la residencia, ¿tú harías un aborto?».
Los objetores temen que sea una «lista negra»: «No respeta la pluralidad»
Pero el registro planteado por Igualdad no convence a todas las partes. «Nos genera bastantes dudas. Primero, que sea necesario y, después, que sea una medida idónea. Creo que hay otras medidas que son mucho menos perjudiciales para los derechos fundamentales de los médicos y que tampoco perjudican al derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo», defiende el abogado José Antonio Díez, coordinador de la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC), si bien reconoce que su legalidad ya fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2014, a raíz de una ley en Navarra.
“ANDOC: «Lo lógico sería hacer un registro de médicos y sanitarios que sí estén dispuestos a practicar un aborto»“
La asociación de médicos objetores considera que sería un error «acabar discriminando a nadie por sus opiniones, sólo bajo el pretexto de que hay que cumplir la ley», cuando además en España «la mujer que quiere abortar puede hacerlo», aunque sea desplazándose a otra región.
«Lo lógico sería hacerun registro de médicos y personal sanitario que sí estén dispuestos a practicar un aborto, porque lo otro es hacer una lista negra y crear guetos donde meter a los profesionales que conciben su profesión quizás de manera un poco distinta a las políticas santarias. No respeta la pluralidad», subraya Díez, que antes hablaba de la «incongruencia» del Gobierno en este procedimiento respecto a otros servicios sanitarios esenciales. «A nadie se le ocurre mirar en listas de personas que no prestan un servicio».
La cuestión de fondo -reconoce- está en ponderar y equilibrar el derecho al cumplimiento de la ley del aborto y a la libertad ideológica. Y en la necesidad de «conjugar» todos los factores incide también la Organización Médica Colegial (OMC). «Los gestores no tienen que trasladarnos la responsabilidad a profesionales médicos y sanitarios. Tienen que gestionar ese circuito asistencial que permita contemplar los dos ámbitos», valora el presidente Tomás Cobo, que presta su «colaboración» a la Administración para lograrlo, sin concretar de qué forma podría hacerse.
La objeción no es estática: «Cada situación clínica es diferente»
Y es que, en la práctica,la objeción no es «estática»,subrayan las dos asociaciones de profesionales. «Cada situación clínica es diferente y el objetor tiene derecho a cambiar su manera de pensar», arguye el presidente de los colegios de médicos. «Las situaciones pueden ser muy distintas. Los médicos de atención primaria no saben muy bien qué papel van a jugar (…) Y en el aborto no solamente participa el médico que lo práctica, se requieren anestesistas, enfermeras, enfermero», agrega Díez, coordinador de los objetores de ANDOC.
En este sentido, desde la SEDRA-Federación de Planificación Familiar sí tienen claras cuáles deberían ser las «características específicas» del registro: «Los gestores tienen que garantizar, primero, que la prestación se da y, segundo, que aquellas cuestiones derivadas de la interrupción del embarazo se atiendan incluso por aquellas personas que han objetado, porque su objeción está limitada a la relización de abortos».
Estigmas sobre mujeres, médicos y objetores
Además, las distintas partes consideran que el registro de objetores podría ser una fuente de estigmatización, de maneras distintas: para quienes objetan, para quienes están dispuestos y para las mujeres que han decidido abortar voluntariamente.
«La mayoría de los médicos y médicas que no quiere hacer abortos no tienen que ver con un problema de conciencia. Tiene que ver más con el problema del estigma. Hacer abortos marca y no suma en el curriculum, realmente te señala como un profesional de segunda categoría. Hay que trabajar en contra del estigma», reivindica Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).
Tanto es así, que Lourdes admite que «muchos» compañeros preferirían declararse objetores «por evitar líos». «Si no me considero objetora y soy la única de mi servicio, ¿voy a hacer yo todas las interrupciones voluntarias del embarazo de mi área? Tu actividad profesional queda reducida a ser la abortera«, relata sobre los corrillos en los hospitales.
En respuesta, Francisca García reprocha que quienes denuncian esas situaciones tampoco «han reivindicado para nada» el derecho al aborto. «En ginecología y obstetricia lo que se hace fundamentalmente es partos, partos y partos. Qué curioso que nadie quiera ser el abortero de su unidad, porque así le llamarán, pero si hace partos no le llamarán partero«, desliza.
La presidenta de ACAI advierte además del riesgo de una objeción «a la carta», dependiendo de si la interrupción del embarazo es voluntaria o como consecuencia de una patología fetal: «Es aumentar el estigma y la culpabilidad de las mujeres, el señalamiento social».
Frente al doble rasero, en la pública y en la privada
Pero lo cierto es que, aunque no se practican abortos en la sanidad pública por una objeción «institucional» que emana de los jefes de servicios o las direcciones de los hospitales, algunos profesionales del sistema nacional de salud trabajan paralelamente también en los centros privados que prestan el servicio público.
«Existe la ley de incompatibilidades», recuerda Francisca García, de ACAI. Sin embargo, tras consultarlo con ginecólogos, sí constan excepciones autorizadas a tiempo parcial. Para subsanarlo, de hecho, el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto fija en el artículo 19 que los objetores del registro lo serán a efectos tanto de la sanidad pública como de la privada.
Sin formación está en riesgo el relevo generacional
Con todo, las fuentes consultadas no creen que el registro vaya a solucionar el problema de la estigmatización en la sanidad pública, puesto que persiste la carencia de formación de los profesionales médicos y sanitarios que se detectó ya para la ley de 2010.
«Todavía no ha llegado. Vamos a la facultad de medicina y de enfermería de las universidades públicas españolas y vemos que en ningún momento el currículum educativo menciona la IVE [interrupción voluntaria del embarazo]. Son los profesionales que mañana van a enfrentarse a un problema, incluso, de relevo generacional. Ya podemos hablar de que no hay profesionales del futuro porque no se están formando», denuncia Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes en una rueda de prensa el pasado miércoles.
Por ello, la Federación de Planificación Familiar incide en que las clínicas concertadas tienen «un papel fundamental» en la garantía del derecho al aborto en España, porque actualmente estas cuentan con «todo el conocimiento y la experiencia». Pese a eso, puntualiza Hurtado, no son suficientes para dar una atención de continuidad y cercana a los ciudadanos, dos cuestiones que sí podrían cubrirse si se utilizaran los centros públicos del sistema nacional de salud.
