Los expertos señalan que la propuesta podría poner en peligro la laicidad del Estado, limitar las prácticas de reproducción asistida y vulnerar la autonomía corporal de las personas con útero
El Congreso Nacional debate la reformulación del Código Civil a través del Proyecto de Ley (PL) 4/2025, elaborado tras ocho meses de trabajo por la comisión de juristas creada por el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. Los cambios a esta ley podrían tener un impacto en varios sectores de la sociedad, incluyendo los derechos de las mujeres.
Los expertos advierten de que algunos de los cambios propuestos podrían restringir aún más el acceso al aborto, que actualmente sólo está permitido en tres situaciones: violación, riesgo para la vida de la embarazada y anencefalia (cuando el feto no desarrolla parte de su cerebro y cráneo y no sobrevive tras el nacimiento).
El artículo 11 del proyecto de ley, por ejemplo, propone ampliar los derechos de la personalidad -relacionados con la dignidad y la identidad de una persona- a los niños no nacidos (embriones y fetos que aún no han nacido). Esto podría llevar a interpretar que la vida debe protegerse desde la concepción (la primera etapa del embarazo), dificultando aún más el aborto en los casos ya previstos por la ley.
La protección de los derechos de la personalidad se extiende, en su caso y dentro de los límites de su aplicabilidad, a los niños no nacidos, los niños nacidos muertos y las personas fallecidas.
Art. 11 § 4 del PL 4/2025
En el libro A Reforma do Código Civil – Artigos sobre a actualização da Lei nº 10.406/2002, lanzado el 2 de abril, Flávio Tartuce, jurista que formó parte de la comisión que redactó el PL, sostiene que el texto no trata del aborto, sino todo lo contrario: pretende reconocer la «dignidad humana del niño por nacer y del embrión, desde la concepción».
Contrariamente a lo que se había afirmado anteriormente, incluso maliciosamente, y como se desprende de la lectura del texto final, el Proyecto de Ley no trata del aborto, sino que, muy al contrario, reconoce la dignidad humana del niño por nacer y del embrión, desde su concepción (art. 1.511-A, § 1). Los derechos de la personalidad del niño por nacer también han sido reconocidos, según el nuevo artículo 11, párrafo 4 (…)
Laicidad del Estado en riesgo
Para expertos como la socióloga Tabata Tesser, de la Red de Investigadores sobre el Aborto por el Derecho a Decidir, esta afirmación esconde los impactos concretos que el proyecto de ley podría tener en la vida de miles de niñas y mujeres brasileñas.
«La propuesta presenta una grave contradicción jurídica y política que amenaza el principio de laicidad del Estado, al tiempo que ignora las consecuencias reales de esta elección en la vida de las mujeres, especialmente las más vulnerables», afirma Tesser.
Señala que el texto menciona al menos cinco veces la idea de la «personalidad jurídica del no nacido», lo que representa la inserción de una lógica religiosa en el derecho civil brasileño. Para Tesser, este intento de incorporar a la legislación conceptos basados en el Catecismo de la Iglesia Católica (libro que reúne las principales enseñanzas de la fe católica), como que la vida debe ser protegida «de forma absoluta, desde la concepción», no respeta la separación constitucional entre Estado y religión.
«Transponer esta concepción religiosa al derecho civil ignora los parámetros científicos adoptados por la Organización Mundial de la Salud y el propio Sistema Único de Salud (SUS), que sólo reconocen el inicio de la personalidad jurídica después del nacimiento con vida», señala.
Además de las implicaciones jurídicas, Tesser también llama la atención sobre los impactos sociales. Señala que Brasil sigue teniendo altas tasas de embarazo infantil, especialmente entre las niñas negras e indígenas del Norte y el Nordeste. Según el estudio Meninas Mães 2023, miles de niñas de entre 10 y 14 años siguen quedándose embarazadas en el país.
«Vincular la concepción al inicio de la personalidad jurídica es, en la práctica, imposibilitar el acceso de estas niñas al aborto legal, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos, con implicaciones racistas, misóginas y clasistas», advierte.
La propuesta también podría afectar a otros ámbitos, como la reproducción asistida. La Asociación Brasileña de Reproducción Asistida (SBRA) ya ha emitido un comunicado en el que afirma que la restricción sobre los embriones podría poner en peligro los avances científicos y dificultar el acceso de muchas familias a los tratamientos de fertilidad.
Las técnicas de reproducción no pueden utilizarse para: (…) crear embriones para investigación de ningún tipo
Art. 1.629-D. § III
Para Tabata, la reforma limita prácticas médicas que actualmente están reguladas, como la congelación de embriones sobrantes. «La vida y la dignidad de las mujeres y las niñas en Brasil no pueden subordinarse a un dogma religioso disfrazado de jurisprudencia», resume.
Riesgo de criminalización para mujeres en situación de vulnerabilidad
La directora del proyecto Cómo usar la píldora abortiva, Shisleni de Oliveira-Macedo, también advierte de los riesgos prácticos de la propuesta. Señala que, incluso sin mencionar directamente el aborto, el nuevo texto podría crear vacíos legales para cerrar los servicios que actualmente llevan a cabo el procedimiento en los raros casos previstos por la ley.
También podría abrir una enorme ventana a los abusos contra las mujeres, como ya ocurre en Nicaragua, El Salvador y Estados Unidos, donde se ha criminalizado a mujeres por abortos espontáneos o fetos nacidos muertos.
«Sabemos que el aumento de la criminalización tendrá un impacto desproporcionado en las mujeres pobres, negras, indígenas, drogodependientes y sin hogar. Muchas de las mujeres que abortan ya son madres, y estos niños quedan desamparados cuando se castiga a sus madres por no tener acceso a un servicio sanitario básico», afirma.
Además del impacto en los servicios de aborto legal, Shislene también señala los riesgos que corren las mujeres obligadas a mantener embarazos inviables, como en el caso de los fetos anencefálicos. «Esto puede representar un riesgo físico y mental para la mujer embarazada. Obligar a una mujer a mantener un embarazo contra su voluntad es una tortura y tiene consecuencias sociales, económicas, emocionales y personales muy graves.»
Shislene concluye señalando que el debate sobre la reformulación del Código Civil ignora un aspecto central: la autonomía corporal. Según ella, el aborto concierne al derecho de las personas -mujeres, niñas, adolescentes, hombres trans, personas no binarias o cualquier persona con útero- a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. En su opinión, los derechos de la mujer embarazada deben prevalecer sobre los derechos potenciales de un embrión o feto.
«Nadie debe ser obligado a someterse a un procedimiento médico contra su voluntad. Esto incluye el embarazo y el parto. Estamos hablando de decisiones sobre la salud, el futuro y los proyectos de vida, que son derechos humanos fundamentales», afirma.
Reforma do Código Civil prevê retrocessos em relação ao aborto no Brasil
Especialistas apontam que a proposta pode comprometer a laicidade do Estado, limitar práticas de reprodução assistida e violar a autonomia corporal de pessoas com útero
O Congresso Nacional está debatendo a reformulação do Código Civil por meio do Projeto de Lei (PL) 4/2025, elaborado após oito meses de trabalho da comissão de juristas criada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. As mudanças nessa lei podem impactar diversos setores da sociedade, incluindo os direitos das mulheres.
Especialistas alertam que algumas mudanças propostas podem restringir ainda mais o acesso ao aborto, que hoje só é permitido em três situações: estupro, risco de vida para a gestante e anencefalia (quando o feto não desenvolve parte do cérebro e do crânio e não sobrevive após o nascimento).
O Artigo 11 do PL, por exemplo, propõe estender os direitos de personalidade – relacionados à dignidade e identidade de uma pessoa – também aos nascituros (embriões e fetos ainda não nascidos). Isso pode levar à interpretação de que a vida deve ser protegida desde a concepção (o primeiro estágio da gravidez), dificultando ainda mais o aborto até nos casos já previstos em lei.
A tutela dos direitos de personalidade alcança, no que couber e nos limites de sua aplicabilidade, os nascituros, os natimortos e as pessoas falecidas.
Art. 11 § 4º do PL 4/2025
No livro A Reforma do Código Civil – Artigos sobre a atualização da Lei nº 10.406/2002, lançado em 2 de abril, Flávio Tartuce, jurista que integrou a comissão que elaborou o PL, defende que o texto não trata do aborto, muito pelo contrário: busca reconhecer a “dignidade humana do nascituro e do embrião, desde a sua concepção”.
Ao contrário do que antes se afirmou, de forma mesmo dolosa, e como fica evidente da leitura do texto final, o Anteprojeto não trata do aborto, mas, muito ao contrário, reconhece a dignidade humana do nascituro e do embrião, desde a sua concepção (art. 1.511-A, § 1o). Também foram reconhecidos os direitos da personalidade do nascituro, consoante o novo art. 11, § 4o (…)
Laicidade do Estado em risco
Para especialistas como a socióloga Tabata Tesser, da Rede de Pesquisadoras sobre Aborto pelo Direito de Decidir, essa afirmação esconde os impactos concretos que o projeto pode causar na vida de milhares de meninas e mulheres brasileiras.
“A proposta apresenta uma grave contradição jurídica e política que ameaça o princípio da laicidade do Estado, ao mesmo tempo em que ignora as consequências reais dessa escolha sobre a vida das mulheres, sobretudo as mais vulnerabilizadas”, afirma Tesser.
Ela destaca que o texto menciona pelo menos cinco vezes a ideia de “personalidade jurídica do nascituro”, o que representa a inserção de uma lógica religiosa no direito civil brasileiro. Para Tesser, essa tentativa de incorporar à legislação conceitos baseados no Catecismo da Igreja Católica (livro que reúne os principais ensinamentos da fé católica), como o de que a vida deve ser protegida “de modo absoluto, a partir da concepção”, desrespeita a separação constitucional entre Estado e religião.
“Transpor essa concepção religiosa para o direito civil ignora os parâmetros científicos adotados pela Organização Mundial da Saúde e pelo próprio Sistema Unico de Saúde (SUS), que só reconhecem o início da personalidade jurídica após o nascimento com vida”, pontua.
Além das implicações legais, Tesser também chama atenção para os impactos sociais. Ela lembra que o Brasil ainda registra altas taxas de gravidez infantil, especialmente entre meninas negras e indígenas do Norte e Nordeste. Segundo o estudo Meninas Mães 2023, milhares de meninas entre 10 e 14 anos seguem engravidando no país.
“Vincular a concepção ao início da personalidade jurídica é, na prática, tornar inviável o acesso dessas crianças ao aborto legal, o que configura grave violação de direitos humanos, com implicações racistas, misóginas e classistas”, alerta.
A proposta também pode afetar outras áreas, como a reprodução assistida. A Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) já emitiu nota afirmando que a restrição sobre embriões pode comprometer os avanços científicos e dificultar o acesso de muitas famílias a tratamentos de fertilidade.
As técnicas reprodutivas não podem ser utilizadas para: (…) criar embriões para investigação de qualquer natureza
Art. 1.629-D. § III
Para Tabata, a reforma limita práticas médicas hoje regulamentadas, como o congelamento de embriões excedentes. “A vida e a dignidade das mulheres e meninas do Brasil não podem ser subordinadas a dogmas religiosos disfarçados de jurisprudência”, resume a socióloga.
Risco de criminalização para mulheres em situação de vulnerabilidade
A gerente de projetos na How to Use Abortion Pill, Shisleni de Oliveira-Macedo, também alerta para os riscos práticos da proposta. Ela destaca que, mesmo sem mencionar o aborto de forma direta, o novo texto pode criar brechas legais para o fechamento de serviços que hoje realizam o procedimento nos raros casos previstos por lei.
Pode, ainda, abrir uma grande janela para abusos contra as mulheres, como já é o caso da Nicarágua, El Salvador e dos EUA, onde as mulheres têm sido criminalizadas por abortos espontâneos ou por fetos natimortos.
“A gente sabe que o aumento da criminalização vai impactar de maneira desproporcional mulheres pobres, pretas, indígenas, usuárias de drogas e em situação de rua. Muitas das mulheres que abortam já são mães, e essas crianças ficam desamparadas quando suas mães são punidas por não terem acesso a um serviço básico de saúde”, afirma.
Além dos impactos nos serviços de aborto legal, Shislene também aponta os riscos para mulheres obrigadas a manter gestações inviáveis, como no caso de fetos anencéfalos. “Isso pode representar risco físico e mental para a gestante. Forçar uma mulher a manter uma gravidez contra sua vontade é tortura e tem consequências sociais, econômicas, emocionais e pessoais muito pesadas”.
Shislene conclui apontando que o debate sobre a reformulação do Código Civil ignora um aspecto central: a autonomia corporal. Segundo ela, o aborto diz respeito ao direito de indivíduos — mulheres, meninas, adolescentes, homens trans, pessoas não binárias ou qualquer pessoa com útero — de tomar decisões sobre seus próprios corpos. Na sua avaliação, os direitos da gestante devem prevalecer sobre os direitos potenciais de um embrião ou feto.
“Ninguém deve ser forçada a se submeter a um procedimento médico contra a própria vontade. Isso inclui gravidez e parto. Estamos falando de escolhas sobre saúde, futuro e projetos de vida — que são direitos humanos fundamentais”, afirma.
