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RECOMENDADO: Obispos y libertarios unidos por 6.000 millones al año: así perdió la izquierda la guerra escolar

Una investigación académica desentraña 45 años de exitosa apropiación derechista de la «libertad educativa», una «bandera clerical» izada por PP, Vox y Cs que blinda las subvenciones a la escuela privada.

“Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar. Vuelve la dictadura totalitaria”.

“¡Dictadura totalitaria!”. Parecen palabras mayores. ¿Quién las pronuncia? ¿Un opositor de algún régimen represor? Pues no exactamente. Es el arzobispo de Oviedo, Jesús Montes, en julio de 2018, cuando el primer gobierno de Pedro Sánchez dejó clara su intención de derogar la Lomce o ley Wert. Montes está lejos de ser una víctima de persecución del Estado. Su propio salario se nutre del erario público, de los más de 300 millones que cada año envía Hacienda a la Iglesia directos desde el IRPF. Se trata además de un integrante de una jerarquía religiosa beneficiaria de un sistema de doble de red educativa por el que una de sus ramas, la privada, mayoritariamente controlada por la Iglesia, recibe más de 6.000 millones al año de fondos públicos.

No parecen las condiciones en que alguien denunciaría ser víctima de una “dictadura totalitaria”. ¿No será que esa ley que enoja al arzobispo ha puesto fin a ese caudal de dinero público? En absoluto. La Lomloe o ley Celaá recogió desde su origen hasta su aprobación, hace un año, el principio de “libertad de elección de centro”, un concepto enaltecido, exaltado, convertido en línea divisoria entre lo aceptable y lo inaceptable por la jerarquía de la Iglesia, sus grupos de presión educativos y la derecha política y mediática. Una idea de “libertad” a la que puede atribuirse la victoria en la batalla político-cultural en el terreno educativo.

Así se desprende del análisis realizado por Enrique Díez y Carlos Bernabé, de las universidades de León y Murcia, respectivamente, que acaban de publicar La libre elección educativa neoliberal frente a la concepción de la educación como un bien común y público, un artículo que desentraña el desequilibrio del debate educativo español, en el que ocurren cosas como que la Conferencia Episcopal (CEE), mientras se dice víctima de una persecución y clama contra la injerencia del Estado en la educación con un acento libertario, ve regada de cantidades milmillonarias de dinero público su red privada. Incluidos centros del Opus que separan a niños y niñas.

¿Cómo ha ocurrido? Pues ha ocurrido porque el alto clero y la derecha han arrasado el debate apropiándose de una palabra de enorme fuerza política: “libertad”.

“Hegemonía” neoliberal

El artículo, publicado en Revista de educación, una cabecera científica del ministerio con más de 80 años de historia, parte de un análisis de la literatura académica sobre el tema desde 1976 localizada en bases de datos como Scopus, Dialnet y Web of Science. Fueron revisados 1.159 textos, de los que el trabajo selecciona 47 para su síntesis final. “Los hallazgos reflejan que la actual noción de ‘libertad educativa’ se encuentra muy ligada a la defensa de la elección a la carta de centro y modelo de enseñanza, en el marco de lógicas de mercado desligadas de la equidad y la cohesión educativa y social”, explica el profesor de Educación Enrique Díez.

Díez recalca que los artículos analizados reflejan “discursos, experiencias en centros educativos, modelos sociales y políticas educativas”. Su conclusión es que la idea de “libertad” en la educación –sea “libertad de elección”, “libertad de centro”, “libertad de los padres”– constituye hoy un patrimonio casi exclusivo de la derecha política y mediática, la cúpula de la Iglesia y los grupos de presión católicos en el ámbito escolar.

“Salvo algunos pequeños sectores, como la marea verde o fuerzas sindicales, hay un dominio neoliberal hegemónico. Aquí no hablamos sólo del ABC. Esta idea de la libertad de elección, de que la libertad se consigue con más conciertos educativos, una idea individualista que prescinde de la escuela como proyecto democrático colectivo, ha penetrado en capas populares y sectores progresistas”, explica Díez, que recalca que incluso la Lomloe cede ante esa “hegemonía” mediante la “consagración del sistema de doble red y la consideración de los conciertos como servicio público”. Lo cual no evita, por cierto, que la Lomloe sea acusada por la CEE, PP, Vox y Cs de constituir un ataque a la educación concertada.

Una “bandera clerical”

Los autores realizan un recorrido histórico por el debate educativo español. Fruto del tardío arraigo de un ideario liberal, en la España del siglo XIX la “libertad educativa” era una demanda de los contrarios al clericalismo dominante. Así hablaba en el Senado el Marqués de Orovio en 1881 ante quienes se atrevían a querer separar el atril y el púlpito. “Yo pregunto si en la enseñanza oficial es posible y debe respetarse que se explique contra la religión católica, y que a un auditorio forzoso se le vaya a decir que no hay Dios”.

Las tornas cambian en la Segunda República. Ahí empezó el clero a gritar “libertad”. Uno de los artículos analizados rescata unas palabras en el Congreso de Álvaro de Albornoz, del Partido Radical-Socialista, en el debate de la Ley de Congregaciones de 1933. Hace casi 90 años y De Albornoz ya se daba cuenta de los intereses disimulados tras la palabra “libertad”. “La enseñanza, señores diputados –decía–, es una función ineludible e indeclinable del Estado. La libertad de enseñanza no es ni ha sido históricamente un principio liberal. Mirabeau, el gran político de la Revolución, preconiza un sistema de instrucción pública dirigido a formar una conciencia nacional, prohibiendo la enseñanza a todas aquellas corporaciones representativas de intereses particulares. La bandera de la libertad de enseñanza, conviene decirlo aquí, no es sino una bandera clerical”.

¿Libertad? Dinero

La dictadura no requiere de mayor comentario a este respecto. No hubo debate. La educación –forzosamente católica– fue entregada por entero a la Iglesia en un modelo represivo, clasista y nacionalista. El conflicto vuelve a aflorar con la Transición, cuando “la libertad constituiría uno de los principales ejes argumentales a la hora de exigir el desarrollo del concierto educativo […] frente al riesgo de que el régimen democrático implicase una mayor fuerza o incluso el monopolio educativo del Estado a través de la escuela pública”. Esa idea horroriza a la Iglesia, que ante el avance de la secularización ha compensado en las aulas el progresivo vaciamiento de los templos.

Como recalca Carlos Bernabé, psicólogo especializado en orientación educativa, la reivindicación de la “libertad” no ha sido nunca “sólo del concepto”. La “libertad” es sólo es el mascarón de proa de un buque que tiene como destino la caja del dinero público. “No se quiere sólo la libertad, sino una libertad dotada de las condiciones materiales para hacerse efectiva”, explica. En la Transición los autores identifican cómo libertad de educación de los padres para elegir la educación de sus hijos empieza a ser un eufemismo de obligación del Estado de sufragar la educación privada que decidan los padres. Es suculento un artículo de 1979 del sacerdote e historiador José Orlandis, que advierte contra “un reconocimiento verbal de la libertad de enseñanza que sin embargo suponga, de hecho, un efectivo desconocimiento de los derechos de los padres”. Así expresaba la misma idea la Conferencia Episcopal: “Autorizar la creación de centros de iniciativa privada y de la Iglesia, sin la necesaria cobertura presupuestaria, reduciría estos derechos a pura libertad formal”.

De la “libertad religiosa” al rechazo al Estado

El artículo de Orlandis es de 1979, para cuando la Iglesia se había apuntado dos de sus tres primeros logros del periodo democrático. El primero es el artículo 27 de la Constitución, que se ha venido interpretando en las altas instancias judiciales como la obligación del Estado no sólo de garantizar el derecho de los padres a decidir la educar de sus hijos conforme a sus valores, sino también pagarla en cualquier circunstancia. El segundo logro es el acuerdo con el Vaticano sobre enseñanza, que profundiza en el trato preferente a la Iglesia.

El tercero llegaría después con la ley educativa de 1985, impulsada por Felipe González y fundadora del actual sistema de conciertos. En teoría, era una solución transitoria. Pero, en la práctica, el trozo de la tarta de la concertada no ha dejado de crecer. Los últimos datos oficiales indican que el gasto público educativo sigue por debajo del techo de 2009 mientras la concertada encadena su sexto récord anual de financiación pública.

PP, Vox, Cs, NEOS, Más Plurales…

“El hilo conductor” de las posiciones derechistas en los 70 y 80, señalan los autores, “es la reivindicación de esta libertad como vía para la defensa de la libertad religiosa”. Con el tiempo, el discurso ha mutado, apartando el aroma a incienso y centrándose cada vez más en la “desconfianza crítica hacia el Estado”. La “libertad” consistiría así en apartar a los niños del influyo adoctrinador del Estado… Ese es el marco en el que se inserta, por ejemplo, el rechazo a Educación para la Ciudadanía o la defensa del “pin parental”, una especie de derecho de los padres a censurar contenidos educativos en la escuela pública bajo la cobertura de su “libertad” para decidir sobre la educación de los hijos.

Ahí también se ubica el discurso PP, Vox, y Cs, que tienen en la “libertad de elección” un punto de encuentro programático.

Un gobierno no puede gobernar contra una parte de su país.

No era urgente una ley educativa que cercena la calidad y la libertad de los padres de la educación pública y la concertada.#StopLeyCelaá pic.twitter.com/MTdVv0Aspz— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 20, 2020

El gobierno acaba con la libertad de educación…y la de expresión, y la de cátedra, y la de culto, y la de circulación, y la de manifestación…y con cualquier derecho que tengamos los españoles

El gobierno de socialcomunistas y etarras es enemigo de la Libertad y de la Nación pic.twitter.com/eCiCAJ0Y2V— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 20, 2020

Entregar a Podemos las llaves del Gobierno tiene un precio muy alto para las familias españolas. Criminalizar la escuela concertada es un error y un ataque a la libertad: los padres y madres tienen derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos https://t.co/Ta1cka8oxI— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) November 14, 2019

Más. Cuando a Abogados Cristianos demanda a un consejero de Educación por “aplicar un protocolo sobre transexualidad”, lo hace invocando la “libertad de educación de los padres”. NEOS, la agregación de colectivos de derecha radical católica apadrinada por Jaime Mayor Oreja, proclama en su web: “Las libertades de expresión, de educación y de religión son pilares esenciales del ordenamiento jurídico en Occidente”. El concepto es usado por Más Plurales, una plataforma de organizaciones en defensa de la financiación pública de la educación privada que declaró la guerra a la Ley Celaá con el argumento de que supone un atentado contra la “libertad” e incluso con la “pluralidad”, cuando lo cierto es que está acreditado cómo buena parte de la concertada levanta barreras de entrada a alumnado desfavorecido, contribuyendo a la segregación.

En las dos últimas décadas, señalan los autores, “el concepto de libertad de enseñanza se ha consolidado en su sentido neoliberal en el marco de un sistema educativo crecientemente mercantilizado”. A juicio de Enrique Díez, el discurso pro-concertada ha desarrollado “toda una justificación de la exclusión como libertad, haciendo lo que hace ahora hace la ultraderecha: resignificar los términos para adaptarlos al interés propio”. “Todo lo que suene a planificación pública es comunismo”, sintetiza Díez. Las políticas desarrolladas bajo este discurso, con laboratorio de ensayo en el Madrid de Esperanza Aguirre, son conocidas: “libre elección de centro” con eliminación del criterio de proximidad o incluso con distrito único, “cheque escolar”, rankings

Una posible contradicción: el de la “libertad de elección” es un discurso “pro-subvenciones”, es decir, favorable al apoyo público a la iniciativa privada, algo que en teoría choca con una viga maestra del neoliberalismo. Pero sólo en teoría, recalca Díez. “Ayuso encarnaría el modelo más pleno y estentóreo de este discurso, que no tiene verdadero contenido y es fundamentalmente emocional”, señala. Las contradicciones resbalan, según Díez, que lamenta la falta de una alternativa progresista fuerte a todo este arsenal retórico

¿Nunca la ha habido? Díez señala que la reivindicación de “libertad” en la educación como bandera progresista, “desde una óptica positiva y republicana” y vinculada a la igualdad, ha sido la excepción a la regla, aunque sí observa un cierto ímpetu previo a la aprobación de la Logse (1991). “El campo progresista ha ido renunciando a disputar ese espacio, limitándose cada vez más a una defensa de la compensación. Como demasiada libertad implica demasiada segregación, se adoptan medidas contra la segregación”, expone Bernabé, que señala que en el otro lado del terreno de juego están ya no sólo sectores clericales y derecha política, sino también los pujantes agentes del capitalismo digital interesados en penetrar en la educación, como Google y Facebook.

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