—Son turcos que viven en Grecia.
—No. Son griegos de fe musulmana.
—¡Turcos!
—¡Griegos!
—A que te doy.
Eso fue el diálogo más destacado, en resumen, de la visita del ministro de Exteriores turco, Mevlüt Çavusoglu, a su homólogo Nikos Dendias en Atenas, hace una semana. El día antes de encontrarse con Dendias en la capital, el ministro turco había visitado el pueblo de Komotini en Tracia, en el extremo noreste de Grecia, había plantado un arbolito en un parque y había saludado a unos representantes de la minoría en liza. Hombres vestidos de traje, con el tocado blanco que imita un turbante, distintivo de los muftíes turcos, el clero islámico. Hablaban en turco.
El problema se remonta a 1923: si en aquel momento se hubiera bautizado el país surgido sobre los escombros del Imperio otomano como República de Anatolia (habría sido poético: significa Tierra del Sol Naciente), no tendríamos hoy la confusión entre ciudadanos y grupo étnico, defiende un colega mío de Estambul. Confusión muy del gusto de primeros del siglo XX, cuando se pensaba que todo Estado debería corresponder a una etnia concreta y viceversa. Una ideología llamada nacionalismo que relega hasta hoy a ciudadanos de segunda a kurdos, armenios, griegos y arameos de Anatolia: no se puede ser a la vez armenio y turco, kurdo y turco. Pero a la vez no se puede dejar de serlo, porque turco es, lo dice la Constitución, toda ciudadano de Turquía.
Con este turbante viene el derecho de imponer la charia en un país de la Unión Europea
También fue en 1923 cuando el Tratado de Lausana definió a los turcos de Tracia como “musulmanes de Grecia”, evitando el epíteto étnico. Durante casi un siglo, tampoco eran del todo griegos para Grecia, y no tanto porque también en Grecia se confunde etnia y ciudadanía, sino porque la Constitución de 1975, redactada “en nombre de la santa y consustancial e indivisible Trinidad”, establece la Iglesia Ortodoxa como “religión prevalente” del país, definida hasta en sus pormenores por el artículo 3. Solo en 2001, un gobierno socialista eliminó la casilla de ‘religión’ del carné de identidad griego, entre airadas protestas del Patriarcado ortodoxo que declaraba esta medida “un crimen contra la nación” porque “ser ortodoxo es parte de ser griego”. (La Constitución turca no menciona la palabra “islam” ni una sola vez aunque, eso sí, la casilla de ‘religión’ no se quitó del carné hasta 2016; nadie protestó entonces).
Pero la pelea por el calificativo aplicado a los musulmanes de Tracia es un duelo para la galería: por muy turcos que sean, Ankara no va a pedir un cambio de fronteras. La verdadera confrontación es mucho más profunda: ¿quién tiene derecho a ponerse el turbante de muftí? Porque con este turbante viene el derecho de imponer la charia en un país de la Unión Europea.
Porque los dos muftíes a los que Çavuşoğlu saludó en Komotini no eran unos simples religiosos: eran los jueces de la comunidad. Con plena autoridad para impartir justicia entre su grey “en asuntos de matrimonio, divorcio, pensión de los hijos tras un divorcio, tutela y emancipación de menores”. Y con las autoridades griegas obligadas a ejecutar sus sentencias. Así lo establece el Tratado de Atenas, firmado entre el Imperio otomano y Grecia en 1913.
Los muftíes ya no son nadie en Turquía; la Diyanet dicta la prédica del viernes, y santas pascuas
El texto es meridiano: “No se interferirá con la autonomía ni con la organización jerárquica de las comunidades musulmanes, ni tampoco se interferirá en las relaciónes de las comunidades individuales con sus jefes espirituales, que estarán sujetos al jeque del islam de Constantinopla”.
La ironía de la Historia es que el jeque del islam de Constantinopla ya no existe: el cargo lo abolió Mustafa Kemal Atatürk en 1924, junto al Imperio otomano en su conjunto. Los muftíes ya no son nadie en Turquía. La Diyanet, una especie de Ministerio para asuntos islámicos, sucesora de la institución otomana, no tiene nada que decir “en asuntos de matrimonio, divorcio, pensión y tutela”, ni en herencias. Dicta la prédica del viernes en la mezquita, y santas pascuas.
No es un secreto que el partido islamista AKP que gobierna Turquía desde 2002 adora el sistema otomano. Y si no puede volver a imponerlo en Turquía —los turcos no se dejan: algo aprendieron de Atatürk—, al menos lo puede intentar en el país vecino, gracias a las libertades que otorga la Unión Europea. Es una manera de sentar un precedente. ¿Quién puede criticar la charia si la Unión Europea la rubrica?
Por eso, Çavusoglu se fotografía junto a los muftíes. Los que él considera que lo son: Ibrahim Serif y Ahmet Mete, elegidos por la comunidad musulmana de Tracia, tal y como prevé el Tratado de Lausana. Y ambos condenados varias veces a meses de prisión por “usurpación de función oficial”: desde 1990 hay dos muftíes en cada pueblo: el oficial, nombrado por Atenas, y el verdadero. Lo de verdadero lo dice Turquía y quienes lo votaron. Si los hombres que se reunen el viernes en una mezquita —nada de mujeres—, sin censo de votantes, sin urnas y sin comité electoral, realmente representan al conjunto de los musulmanes de Tracia ya es otra pregunta.
El muftí de Komotini no es simplemente un líder espiritual: tiene autoridad para imponer su ley
Sería irrelevante, si el muftí fuese simplemente un guía espiritual. Y como tal lo consideró el Tribunal de Estrasburgo cuando, en 1999, condenó a Atenas por multar a Ibrahim Serif: tenía todo el derecho de hacer de líder religioso para quienes voluntariamente le seguían , dijeron los jueces europeos. Si hubiera oficiado un acto con consecuencias legales, la pregunta sería distinta, pero no fue el caso según la documentación aportada en el juicio, subrayaron.
Pero el muftí de Komotini no es simplemente un líder espiritual: tiene autoridad para imponer su ley también a quienes no lo han votado, ni tuvieron oportunidad de hacerlo. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo griego, en 1980 y nuevamente en 2007 y en 2017: lo que diga un muftí griego va a misa. La charia, han dicho los magistrados griegos, es la ley que se aplicará a todos los musulmanes de Grecia.
La charia es incompatible con la Constitución. Si todos los griegos son iguales ante la ley, y si las mujeres son iguales a los hombres (Art. 4), una mujer griega musulmana a la que el muftí le niega el divorcio basándose en la ley codificada por teólogos islámicos —él puede repudiarla cuando quiere, ella necesita alegar muy serias razones— podría recurrir a Estrasburgo.
Es un caso hipotético. Un caso real es el de Chatitze Molla Sali, viuda de un hombre de Komotini quien antes de morir hizo testamento ante notario para legar todas sus propiedades a su mujer. Las dos hermanas del finado recurrieron en los tribunales, asegurando que acorde a la charia, que no contempla testamentos, tenían derecho a dos tercios de la herencia. Varios tribunales griegos rechazaron la pretensión, pero el Supremo la aceptó en 2017: a los musulmanes —y a Moustafa Molla Sali, fuese creyente o no, se le supuso esa condición— se les aplica la charia y punto.
Las leyes para las minorías no se pueden utilizar para joderles la vida a los individuos de esa minoría
A Chatitze Molla Sali le dieron la razón en Estrasburgo: al hacer testamento ante notario, su marido había elegido no someter la herencia al criterio de los muftíes. Y las leyes europeas diseñadas para proteger a las minorías no se pueden utilizar para joderles la vida a los individuos de esa minoría, por encima de su voluntad. Nadie está obligado a ser minoría si no quiere.
Esto también lo dice ahora una nueva ley griega, en vigor desde enero de 2018: los dictámenes de los muftíes solo podrán aplicarse si todas las partes en el litigio eligen acogerse a la jurisdicción coránica. Los musulmanes de Tracia podrán elegir ahora caso por caso si quieren ser griegos o musulmanes. Es de prever que casos como el de Molla Sali no se repetirán.
En otras palabras: ya no será el Tribunal Supremo griego el que obligue a los musulmanes de Grecia a someterse a la charia. Ahora serán los muftíes de Kotomoni y Xanthi los que tendrán que currárselo para ejercer su poder y convencer a las familias, una por una, que escojan la opción de ser buenos musulmanes, aceptar lo que digan las Escrituras y sus intérpretes enturbantados. Que es preferible ir al cielo en lugar de irse a los tribunales griegos. Y que la comunidad debe defenderse. ¿Vivir como los griegos? Eso sería asimilación. Y la asimilación es un crimen contra la humanidad (Recep Tayyip Erdogan dixit).
Les tocará a los más débiles la tarea de rebelarse contra sentencias incompatibles con la Constitución
A partir de ahora, Grecia se asemejará a Reino Unido, explícitamente citado por Estrasburgo como único caso comparable en Europa donde un Estado permite someter a una parte de la ciudadanía a una ley distinta en función de la religión asignada al nacer. Los 85 consejos de la charia existentes en Inglaterra “actuarían de forma ilegal si intentasen excluir la ley nacional” pero que a la vez, “aunque aseguran no tener autoridad vinculante, sí actúan de hecho en una función decisiva cuando tratan un divorcio islámico”, cita el Tribunal un informe británico. Queda por ver a quién le aseguran lo de no tener autoridad vinculante: ¿al delegado del Gobierno o a la mujer que viene buscando un divorcio?
Turquía no ahorrará esfuerzos para respaldar la autoridad vinculante de sus muftíes en Tracia. Visto los casos de Molla Sali y otros, no parece importar realmente quién interpreta la charia, el oficial o el elegido. Ambos dictarán sentencia según las Escrituras. Y les tocará a los más débiles, a los perjudicados —en concreto: a las mujeres, que son ciudadanos de segunda bajo la charia— la tarea de rebelarse contra la imposición de sentencias incompatibles con la Constitución griega y los derechos humanos universales. Allá se las compongan, parece haber dicho el legislador griego. Para eso son turcos.
Cien años después de Atatürk, Atenas ha delegado en las mujeres de Komotini la responsabilidad de emular la gesta del fundador de Turquía y reivindicar leyes ciudadanas frente a la teocracia. Siempre les quedará Estrasburgo.
