En 48 horas han cubierto los 4.000 euros de costas del juicio contra el Ministerio de Interior
Europa Laica y Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL) son las dos asociaciones que en 2014 denunciaron la imposición de una medalla de oro al mérito policial a la Virgen del Amor de Málaga mientras Jorge Fernández Díaz era el titular del Ministerio del Interior.
Después de que en 2015 la Audiencia Nacional avalase la decisión de Interior, el Tribunal Supremo decidió reabrir la causa que, una vez más, ahora ha vuelto a fallar a favor del ministerio.
Los demandantes intentaron incorporar a la causa la resolución por la que Interior reguló en 2012 “los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la Orden al Mérito Policial” y que asocian la medalla a muerte en acto de servicio, en actuaciones ejemplares o trascendentes, en las que además destaque el valor o la eficacia reiterada. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso del Supremo rechazó incorporar la resolución.
Las dos asociaciones, sin ningúna subvención pública y que se financian mediante las donaciones de sus miembros, han sido condenadas a financiar los 4.000 € que ha costado el proceso judicial.
Jorge García, presidente de MHUEL, ha mostrado su sorpresa por la factura de Abogacía del Estado y de la Procuraduría por lo escueto de los dictámenes que presentaron durante el juicio.
Tras valorar las alternativas, las asociaciones decidieron que, aunque fuera un largo proceso, abrirían una cuenta de Paypal, para que quien lo deseará pudiera hacerles una transferencia online, y lo publicitarían a través de sus redes sociales.
Pasadas 72 horas de que abriera la cuenta ya habían acumulado más de 7.000€. Jorge García ha declarado que «eso denota la movilización de los sectores laicos (…) No ha habido ningún mecenas que aporte una cantidad elevada, han sido todo ingresos de cinco, diez, veinte, treinta o cuarenta euros, ha sido un cúmulo de donaciones pequeñas pero masivas”.
En la primera sentencia no se condenó a las asociaciones laicas a pagar los costes al haber dos votos discrepantes que consideraron que la “colaboración” que se otorga a la virgen “no implica la prestación de servicios policiales de trascendental importancia, una actuación ejemplar o extraordinaria ni, en suma, ninguna circunstancia excepcional a la que se asemeje”, y que la concesión de la medalla hace “referencias religiosas de muy difícil, si no imposible, justificación a la luz del artículo 16 de la Constitución”, que establece la aconfesionalidad del Estado, y de la realidad social española actual
Las asociaciones también intentaron elevar el caso al Tribunal Constitucional donde su recurso de amparo fue inadmitido por un tribunal en el que uno de los tres magistrados es miembro del Opus Dei y otro, exdiputado del PP.
Cabe destacar que en nuestro país existen más de 200 cristos y vírgenes ostentan cargos honoríficos militares y municipales. De entre ellos, los concedidos desde el Gobierno, como la Virgen de Castellón, la de Fuengirola o el Cristo de Valdepeñas, siempre se han galardonado con el PP en La Moncloa
