La Mesa de Diálogo y Representación Cristiana, junto con los concilios y organizaciones que la conforman, expresó su «rechazo absoluto» a la propuesta de la modernización fiscal que pretende gravar con impuestos a las iglesias evangélicas.
El obispo Reynaldo Franco Aquino, presidente de la entidad, asegura que este intento no solo desconoce el papel fundamental que las iglesias juegan en el tejido social y comunitario del país, sino que también socava una labor esencial que va más allá de la religión: el acompañamiento social y la acción formativa.
Manifestó que las iglesias evangélicas del país han sido históricamente el mayor socio del Estado en los ámbitos formativo y social, realizando una labor que alcanza niveles extraordinarios de inversión. Se estima que las iglesias gestionan más de 4 mil millones de pesos en ayuda internacional, destinados a programas de salud, educación, orientación familiar y apoyo a comunidades vulnerables.
Indicó, además, que el esfuerzo de las iglesias incluye la atención integral a miles de niños, niñas y adolescentes, el acompañamiento de jóvenes en riesgo, el fortalecimiento de los matrimonios y el soporte emocional y físico a los envejecientes.
El obispo subrayó que las iglesias mantienen un amplio despliegue de trabajo social comunitario, con más de 500 colegios evangélicos al servicio de la comunidad, brindando educación accesible y de calidad a miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
Franco Aquino afirmó que la modificación del artículo 50 de la Ley 122-05, que previamente garantizaba una serie de exenciones fiscales esenciales para el funcionamiento de las iglesias y organizaciones sin fines de lucro, afectaría gravemente su labor.
La propuesta actual no solo elimina dichas exenciones, sino que también obliga a las iglesias evangélicas a pagar impuestos como el ITEBIS y el IPI, imponiendo gravámenes a partir de los 5 millones de pesos, así como impuestos sobre los fondos depositados en bancos, independientemente de si provienen de donaciones para construcciones de templos o apoyo a programas sociales que benefician a las comunidades más vulnerables. Según el obispo, este es un ataque directo a los ahorros y recursos destinados a la labor social y espiritual que realizan, los cuales están comprometidos con la transformación de la sociedad.
«Rechazamos rotundamente la pretensión de imponer estas cargas impositivas que afectarían nuestra capacidad de seguir operando en beneficio de la nación. Lejos de ser gravadas, las iglesias deberían recibir un reconocimiento por su invaluable contribución al bienestar social, lo que debería traducirse en una contrapartida presupuestaria seria y una exención total de impuestos», puntualizó el obispo.
Franco Aquino sostuvo que las implicaciones de gravar a las iglesias evangélicas con impuestos serían devastadoras y destacó que la única protección que han tenido es la Ley 122-05, que regula las ONG y establece las exenciones para las organizaciones sin fines de lucro. Dicha ley ha permitido que las iglesias realicen su trabajo con autonomía y eficiencia, apoyando a las comunidades más vulnerables.
Añadió que eliminar estas exenciones afectaría directamente la capacidad de las iglesias para continuar su misión de transformación social, debilitando no solo su impacto en el país, sino también su estructura organizativa y financiera.
Finalmente, argumentó que este ataque fiscal pone de manifiesto la urgencia de establecer un marco legal sólido que garantice la libertad religiosa y proteja el trabajo de las organizaciones religiosas. Por ello, la Mesa de Diálogo anunció que todas las organizaciones protestantes están dando los toques finales a un proyecto de ley que será sometido al Congreso Nacional para garantizar los derechos y libertades de las iglesias, con un marco normativo que reconozca y respalde su rol transformador.
En un comunicado de prensa, el obispo Reynaldo Franco Aquino concluyó: “Rechazamos tajantemente la pretensión de gravar con impuestos a las iglesias evangélicas, y hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso Nacional a reconsiderar esta propuesta, recordando que las iglesias no son solo instituciones religiosas, sino actores clave en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y con esperanza. Oramos fervientemente a Dios para que los actores gubernamentales, políticos y sociales sean capacitados con la sabiduría divina».
