El perredista Pablo Gómez presentó ayer al Senado la propuesta para permitir que los sacerdotes tengan derecho a expresarse en temas políticos y de asociarse para integrar grupos políticos.
Los legisladores panistas Santiago Creel, Teresa Ortuño y César Leal se sumaron a la propuesta, a pesar de que el grupo parlamentario del PAN acordó abstenerse de suscribir la iniciativa perredista, porque tienen varias dudas, sobre todo porque algunos senadores blanquiazules la observan como un ofrecimiento perredista a cambio de que Acción Nacional apruebe en sus términos la exposición de motivos de la reforma para consagrar el Estado laico.
La iniciativa consiste en eliminar el inciso e) del artículo 130 constitucional, el cual establece que “los ministros no podrán asociase con fines políticos ni realizar proselitismo en favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”.
Al quitar este inciso, explicó Pablo Gómez se corrige esta antinomia constitucional, que trata diferente a los sacerdotes del resto de los ciudadanos mexicanos respecto a sus garantías individuales vigentes.
“Los sacerdotes de todos los cultos religiosos son ciudadanos cuando tienen las cualidades exigidas para cualquiera y, por tanto, deberían poder gozar de las prerrogativas de ciudadanía, entre las cuales se encuentra la de asociación política personal y libre. El inciso e) del artículo 130 constitucional se enfrenta a ese estatuto constitucional del ciudadano, con lo cual encontramos otra antinomia.
“En cuanto a la limitación de la libertad de expresión para los extranjeros en los temas de carácter político y a la prohibición de la asociación de éstos para tomar parte de los asuntos precisamente políticos del país (artículo 33 de la Constitución), encontramos que la norma abarca a cualquier extranjero pero nunca a un ciudadano”, destacó.
Recordó que dentro de los derechos humanos se encuentran aquellos que tienen que ver con la nacionalidad, la pertenencia a un Estado y la ciudadanía. La persona que sea ciudadana no puede dejar de tener los mismos derechos
