El Estado sigue financiando a las iglesias, principalmente la Católica, y Unidad Popular-Izquierda Unida ha desarrollado 24 medidas encaminadas a separar ambas instituciones. Muchas de estas iniciativas han venido de la mano de colectivos ciudadanos, como Málaga Laica con los que esta mañana han estado miembros de la candidatura de UP-IU Málaga como Lorena Fernández, Juan Miguel Acejo y Francisco Guzmán
Este movimiento ciudadano defiende Estado Laico y la derogación del acuerdo con la Santa Sede, según ha explicado su coordinador, Ricardo Martín, que junto a otros miembros de la asociación han recogido firmas esta mañana en la plaza del Obispo y junto a la Catedral.
Los candidatos y representantes de UP-IU que han acudido al acto lo han rubricado para reafirmar lo que ya recoge el programa electoral. El cabeza de lista de la coalición de izquierdas, Francisco Guzmán, ha defendido públicamente esta separación porque “El Estado no debe discriminar ni dar privilegios a ninguna confesión religiosa”. Hay que eliminar cualquier financiación pública a las confesiones religiosas, así como anular los procedimientos que han existido hasta ahora para dar privilegios a la Iglesia Católica o a cualquier otra religión”, señaló.
Guzmán ha destacado que el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, más de 11.000 millones de euros anuales. Esto supone 240 euros anuales, o 20 euros al mes, por cada ciudadano. Esta cifra se alcanza sumando las asignaciones vía IRPF, las exenciones y bonificaciones tributarias o la financiación a centros de enseñanza privados concertados.
Pero, además, UP-IU defiende que hay que acabar con privilegios como las inmatriculaciones de patrimonio y terrenos que eran de propiedad pública, ejecutadas en los últimos años con el respaldo incondicional del Gobierno del PP. España cuenta con una Ley Hipotecaria que reconoce que la Iglesia no tiene derecho a inmatricular propiedades que no le pertenecen, y el compromiso de la coalición de izquierdas es crear un registro de bienes legítimos e ilegítimos apropiados y devolvérselos a la ciudadanía.
Otra columna fundamental de las medidas que defiende UP-IU es la derogación del Concordato que España mantiene vigente con la Santa Sede, que es un privilegio que cuesta miles de millones de euros a los españoles. “Las confesiones religiosas se han de financiar por sí mismas, sin necesidad de recurrir a las subvenciones millonarias públicas”, ha sentenciado Francisco Guzmán, militante de HOAC.
Unidad Popular-Izquierda Unida apoya la reclamaciones de cientos de ciudadanos que quieren que la Religión salga de las escuelas frente a lo que hacen las administraciones, que es contratar profesores de nuevas confesiones. “No se puede adoctrinar con dinero público”, ya que esos fondos deben ir destinados a mejorar la Educación transfiriendo el presupuesto a las comunidades que tienen competencias en la materia para que sea de verdad pública incluyendo la Universidad.
