El presidente de la organización de centros católicos CECE, Alfonso Aguiló, y su vicepresidente, acusados de estafa, apropiación indebida y organización criminal
Un centro privado de Santiago de Compostela fundado en los años setenta por una familia conservadora para educar en valores cristianos, el colegio Junior’s, y otro concertado construido en Ourense en la década de 2000 por empresarios mexicanos para una congregación religiosa católica, el colegio Miraflores, han llevado a los tribunales a destacados miembros del Opus Dei de Galicia y de la Fundación Arenales, la principal red de colegios concertados ultrarreligiosos de España. Entre los querellados figura el presidente de esta fundación, Alfonso Aguiló, presidente también de la Confederación Española de Centros de Enseñanza Concertados de España (CECE), y su vicepresidente, José María Madrid.
Un juzgado orensano ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el colegio Miraflores en la que se acusa a los cargos del Opus de falsedad contable y documental, administración desleal, apropiación indebida, estafa, daños y organización criminal. Aguiló y Madrid están citados para tomarles declaración. Por su parte, el Junior’s, que ya ha acudido a la vía civil, ultima una querella penal similar contra los mismos dirigentes de la Fundación Arenales
La crisis económica iniciada en 2008 sacudió a empresas dedicadas a la enseñanza. Y en Galicia destacados miembros del Opus hicieron un peregrinaje por las más damnificadas ofreciéndose para salvarlas. No obstante, al menos en estos dos casos, las hundieron más.
«Intentaron arruinar el colegio para quedarse con él». Así consta en la querella, de 59 folios presentada por el Miraflores en la que se relata cómo los representantes de la Fundación Arenales, tras conseguir en 2015 que las religiosas los nombraran gestores, «manipularon las cuentas» para «ocultar la realidad contable» del centro, unas lujosas instalaciones distribuidas en una parcela de 40.000 metros cuadrados que «intentaron poner a su nombre». «Reaccionamos a tiempo; si hubiésemos esperado un poco más se habrían quedado con un colegio que vale un dineral», afirma un portavoz de los propietarios.
En la querella (en la que se reclama una fianza de 1,5 millones de euros por los tres millones en los que estiman los daños causados en el patrimonio y en la actividad escolar «gravemente perjudicada») se pone de manifiesto que la actuación de los representantes de la fundación que preside Aguiló, presidente a su vez de CECE, «se encaminó a apropiarse definitivamente del colegio» y que el convenio de colaboración «fue solo uno de los medios» que empleó para ese fin.
El convenio sirvió a los cargos de la fundación para crear «una situación negativa ficticia de la actividad económica del colegio, incrementando gastos y deudas a la par que destrozaban y permitían daños en las instalaciones y equipamientos». Los querellantes afirman que ello se realizó con el objetivo de «presentar como inviable el centro y así poder apropiárselo por medio de estas tretas delictivas», como el hecho de «no haber entregado nunca contabilidad alguna de ingresos y gastos, ni aprobar cuentas anuales ni retribuir a los propietarios».
Antes de irse del Miraflores dejaron las estancias con visibles desperfectos y se llevaron mobiliario que después aparecería en el Junior’s, según se detalla en la querella, a la que se han incorporado fotografías.
La situación generada en el Miraflores es similar a la denunciada por los antiguos dueños del Junior’s, un matrimonio compostelano vinculado al Opus, y que ha demandado por impago a los directivos, liderados también por Aguiló, por la gestión del colegio que disparó igualmente su deuda, Ahora redactan la querella por estafa.
El hijo del matrimonio, Miguel Ángel Rey, tiene grabada en su retina una escena desarrolla en el salón de casa de sus padres en 2016. Ellos, octogenarios y supernumerarios del Opus Dei, con el colegio renqueante, acosado por una deuda millonaria, tomando café con altos cargos de la Obra en Galicia. «No paraban de repetirles: tenéis que firmar, tenéis que firmar”, dice Rey. “Imagínese: el responsable financiero, un economista, un experto en dirección de centros educativos y el presidente de la CECE y de la Fundación Arenales, Alfonso Aguiló, allí con mis padres, dándoles a entender que se hacían cargo de todo si les entregaban el colegio».
Firmaron. Le pusieron «un precio simbólico de un euro» y, a cambio, los cargos del Opus se comprometieron a asumir la deuda y a pagarles unas mensualidades de en torno a cinco mil euros al matrimonio (4.000 a él y 1.000 a ella) y a devolver las rehipotecas contraídas por el hijo y su mujer (exprofesores en el centro), así como por amigos de estos, por unos 350.000 euros para mantener a flote el colegio familiar.
Rey recuerda cómo el abogado de sus padres «y amigo personal» les desaconsejó jurídicamente la operación alertándolos de que podrían no ver un euro ya que la empresa que figuraba para hacerles los pagos era una sociedad instrumental sin fondos. Pero sobre todo recuerda la respuesta de su madre al letrado citando a Escrivá de Balaguer, fundador del Opus: «Para mí vale más la palabra de un cristiano que la firma auténtica de cien notarios», repite Rey aún asombrado las palabras de su progenitora.
Años después nadie ha cobrado más que un par de mensualidades pese a que se suceden las sentencias que obligan a ejecutar los pagos.
«Han dejado tirados a los trabajadores; no les importan nada. Mis padres también lo han perdido todo aunque les queda al menos la pensión», explica Rey la situación puntualizando que, por su parte, no quiere tanto la devolución del dinero como «ver a estos dirigentes sentados en el banquillo y que se haga justicia».
«Nos echaron a la mexicana»
Aguiló resta importancia a la querella; asegura que no es más que la reacción de los dueños del colegio Miraflores a una la demanda civil que la Fundación Arenales les interpuso cuando, el año pasado, el centro rompió unilateralmente el convenio firmado para una década. «Nos echaron a la mexicana», sentencia. Y explica que los dueños del colegio se presentaron con agentes de seguridad y un notario para que abandonaran las instalaciones.
La Fundación Arenales les puso una demanda civil, aún no resuelta, reclamando 859.052,09 euros «por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento del convenio de colaboración».
Aguiló reconoce que multiplicó el número de alumnos del colegio orensano pasando de los 194 que tenía el centro en 2015, cuando asumieron su gestión, a 235 en 2018. No obstante, reconoce que los resultados económicos fueron negativos los tres años generando un déficit de 726.830 euros. Sobre la denuncia del colegio Junior’s, le resta credibilidad. «Tendrán que demostrar lo que dicen», señala.
